• 21.11.-Limpiando el camino SALOMÓN KALMANOVITZ
  • ¡Un exabrupto! AMYLKAR ACOSTA
  • El Estado y el riesgo del fiscal general JORGE IVÁN GONZÁLEZ

El fiscal general de la Nación inicia su temeraria tarea de intervenir en la competencia electoral haciendo acusaciones falaces contra opositores del Centro Democrático. El primer acusado ha sido Sergio Fajardo, por un préstamo de US$77 millones contratado en diciembre de 2013, cuando era gobernador de Antioquia. Tan pronto se inició la campaña electoral de 2022, Barbosa desempolvó un caso que yacía dormido hace ocho años.

4 abr 2021.- El fiscal que delegó ante la Corte Suprema de Justicia consideró que en el trámite para suscribir ese préstamo en dólares no se hicieron los estudios para realizar la operación en moneda extranjera, en vez de hacerla en pesos. El exgobernador debió contratar a Alberto Bernal, famoso por sus infalibles predicciones, para que le pronosticara el valor futuro del dólar. En 2018, Bernal anunció que si Duque ganaba la elección presidencial el dólar caería a $2.700, pero si triunfaba Petro llegaría a $5.000. Como sabemos, Duque ganó la elección, pero el dólar no se mosqueó.

Los economistas serios no hacen pronósticos. Algunos analizan escenarios futuros utilizando diversos supuestos, como el de que todo lo demás permanece constante, en los que si se altera una variable se obtiene cierto resultado. Así, se podría suponer que si el petróleo se cotiza a US$80 por barril, el dólar bajará a $3.300, o si cae a US$30 el barril, el dólar subirá a $4.500.

Según la “investigación” de la inmarcesible (significa que no se puede marchitar) Fiscalía de Barbosa, cuando se desembolsó el crédito a finales de 2013, el dólar rondaba $1.900, y dos años después superaba los $3.100. Ese aumento en el valor del dólar habría dado lugar a un detrimento patrimonial de $320.000 millones a finales de 2020. El fiscal demuestra su supina ignorancia en temas económicos y financieros: ni siquiera consultó a alguien que sí sepa de esos asuntos, en vez de hacer el ridículo con acusaciones delirantes.

Toda organización pública o privada que necesite endeudarse puede hacerlo en moneda local o extranjera. Las ventajas de la deuda en dólares son varias: la tasa de interés que se forma en el profundo mercado monetario internacional es inferior a la tasa que se impone en el oligopólico mercado bancario colombiano y, quizás más importante, los plazos de los créditos en dólares son más largos que los del mercado local. Es obvio que hay riesgos, pero en general los beneficios de un crédito externo superan sus posibles desventajas. Cuando comenzó el gobierno Duque, la deuda pública era de un 47 % del PIB y en su tercer año supera el 64 %. En 2020, casi dos tercios de la deuda del Gobierno central correspondían a obligaciones en dólares. ¿Por qué el fiscal no le abre cargos a Iván Duque y a Alberto Carrasquilla por haberse endeudado de esa manera, en momentos de intensa penuria fiscal, sin prever que el dólar subiría más de $300 en el primer trimestre de 2021?

El “delito” de Fajardo fue no haber previsto que el petróleo, cuyo barril se cotizaba a US$115 en 2013, caería a US$40 en 2015, causando la profunda devaluación del peso. Si Fajardo termina en la cárcel e inhabilitado para participar en la justa presidencial de 2022, Duque y Carrasquilla deberían ser destituidos y enjuiciados, y Alberto Bernal condenado a cadena perpetua.

https://www.elespectador.com/opinion/limpiando-el-camino/

21.11.-¡Un exabrupto! AMYLKAR ACOSTA

Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia ycandidato presidencial para 2022

¡Los problemas jurídicos se resuelven jurídicamente, los problemas financieros se resuelven financieramente!

2 abr 2021.- Según ha trascendido en los medios un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de imputar el cargo de peculado en beneficio de terceros al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo por haber contraído un crédito en dólares por US $77 millones, primero porque supuestamente “no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos”2. Y segundo, lo más inverosímil, “en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera, ni se acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”3. Concluye el Fiscal delegado diciendo que “esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del Departamento de Antioquia, que, en su momento, pasó de $600.000 millones a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”.

DEL CONTROL A LA LIBERTAD CAMBIARIA

Al margen de la connotación y la interpretación política de esta determinación, me permito disentir de la misma desde el terreno de la Academia. Los argumentos esgrimidos por el Fiscal delegado son demasiado deleznables y carentes de toda lógica a la luz del comportamiento de las variables macroeconómicas, particularmente en lo que hace relación a la tasa de cambio. Como es bien sabido, después de la gran crisis económica que se tradujo en la recesión de 1999 y como desenlace de la misma, por presiones del FMI, que sometió a la economía del país a su “monitoría” y condicionalidades, se desmontó el control de cambios que rigió desde 1967 (Decreto 444 ) y se abolió la “banda cambiaria”. Desde entonces, influido además por el Consenso de Washington, que pregonaba y propugnaba por la desregulación, el Gobierno nacional optó por el tipo de cambio flexible o también de cambio flotante.

De manera que el Banco de la República, que es la autoridad cambiaria en Colombia, dejó de controlar y de fijar la Tasa representativa del mercado (TRM) y sólo se limita, ocasionalmente, cuando las condiciones del mercado lo ameritan, a intervenir en el mismo, ya sea comprando o vendiendo divisas, según el caso. Nadie, entonces, puede prever el comportamiento de la tasa de cambio del peso con respecto al dólar, ello es imprevisible, dada su volatilidad, la cual está determinada por factores endógenos o exógenos, estos últimos fuera de control por parte de las autoridades nacionales. Ni el más avezado analista económico o financiero sería capaz de prever o predecir el curso que pueda tomar la tasa de cambio hacia el futuro. Siempre se está expuesto a la devaluación o a la revaluación del peso con respecto al dólar, según la coyuntura y los choques externos, por parte de los agentes del mercado.

EL RIESGO CAMBIARIO

Dicho esto, es fácil colegir que quien contrae un crédito en dólares, sea un particular o sea una entidad oficial, queda expuesto a las viceversas de los ciclos devaluacionistas o revaluacionistas del mercado con todas sus consecuencias, pues a nadie le es dado escoger las dos mitades buenas de dos mundos diferentes. Esas son las reglas. Y si de ello se deriva el “aumento de la deuda” contratada, no se puede imputar cargo de peculado a favor de terceros, que sería el Banco CorpBanca S. A. Ello es un exabrupto, puesto que a nadie se le puede pedir lo imposible, en este caso “una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera”. Ello no tiene ni pies ni cabeza y de prosperar semejante despropósito se estaría sentando un pésimo precedente.

Si esa imputación llegara a ser acogida por la Corte Suprema de Justicia, irían a parar a la cárcel todos los miembros de la Junta del Banco de la República y los ministros de Hacienda que la presiden, porque el Banco Emisor a diario está realizando operaciones cambiarias con cargo a las reservas internacionales que maneja, unas veces ganando y otras perdiendo, según el caprichoso comportamiento de la tasa de cambio.

Cabe preguntarse, también, si el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla va a tener que responder por el mayor costo de la deuda externa de Colombia, denominada en dólares, que se ha elevado en los últimos años por cuenta de la devaluación. Solo en lo corrido del último año (al corte de marzo de este año) la deuda externa de Colombia, que supera el 54.8% del PIB, se ha encarecido el 22.26% por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar, la mayor en la región. Según el economista jefe de Corficolombiana Julio Cesar Romero, por cada punto porcentual de devaluación del peso frente al dólar la deuda bruta del Gobierno central se incrementa 0.17 puntos del PIB4, esto es $2.897´476.430 (¡!).

A PROPÓSITO DE LA COBERTURA CAMBIARIA

Además, reprocharle al ex gobernador el “no haber acudido a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”5, no tiene en cuenta que las coberturas cambiarias que ofrece el sector financiero son costosas. Y volvemos a lo mismo, al igual que cuando se toma un seguro, puede que no se materialice la contingencia que se busca conjurar y entonces se diría que se incurrió en un gasto innecesario e injustificado, el cual también podría dar lugar a una investigación, esta vez por parte de la Contraloría General. Cómo quien dice, palo porque bogas y palo porque no bogas.

Hace unos cuantos años le armaron una furrusca parecida a Javier Gutiérrez, porque como Presidente de ECOPETROL, había vendido parte de su producción en el mercado de futuro, con tan mala suerte que meses después de dicha transacción los precios en el mercado spot se dispararon al alza. Debió afrontar por este motivo un debate de control político en el Congreso de la República, en donde hasta pidieron su cabeza por su supuesta responsabilidad en las pérdidas sobrevinientes para la estatal petrolera y el consiguiente detrimento patrimonial para la Nación. Eso no pasó de allí, de la escandola y nada más. Como diría el poeta León de Greiff, todo pasó sin que pasara nada. Se repite la historia, para asombro y perplejidad de los entendidos en la materia. Bien dijo mi Tío Heriberto Ibarra, cada sabio es sabio en lo que sabe y el que sabe sabe!

https://confidencialcolombia.com/opinion/columnista-invitado/un-exabrupto/2021/04/03/

21.11.-El Estado y el riesgo del fiscal general JORGE IVÁN GONZÁLEZ

Una de las funciones de los Estados es enfrentar los riesgos. El asunto es relevante porque se olvida que por su misma naturaleza, el Estado tiene que asumir mucho más riesgos que los privados. El debate vuelve a estar al orden del día, sobre todo por las recientes acusaciones que la Fiscalía le ha hecho a Sergio Fajardo. La percepción de la Fiscalía es inapropiada por dos razones. Primero, porque desconoce la incertidumbre. Y, segundo, porque no acepta que la acción de lo público está intrínsecamente ligada al riesgo.

9 abr 2021.- Desde los años 20 Knight hizo la distinción entre el riesgo y la incertidumbre. El primero admite cálculos de probabilidad construidos a partir de eventos repetidos. La incertidumbre, en cambio, se presenta cuando los hechos son únicos y, por tanto, no es posible elaborar funciones de probabilidad. Frente al futuro desconocido es necesario reconocer con humildad que “no sabemos”.

Para responder a la incertidumbre del mañana, los seres humanos buscamos protecciones. Y esta es una de las principales funciones de la institucionalidad pública. Puesto que el futuro es desconocido, el Estado crea normas que favorecen la protección colectiva. En la seguridad social es claro. El Estado tiene que garantizar la protección de los individuos frente a los eventos futuros, y como la persona es miope, hay que obligar a cotizar. La especificidad de las instituciones públicas y privadas se podría mirar desde tres perspectivas.

La primera supone que las empresas públicas deben operar como las privadas. Y, entonces, la rentabilidad y el riesgo son similares. Ello significa que si la empresa pública no cumple con parámetros de eficiencia similares a la privada, se tendría que liquidar. Ambas asumen los riesgos de la misma manera. Y si la empresa pública fracasa debe asumir las consecuencias, como cualquier empresa privada.

La segunda mirada considera que a la empresa pública se le deben pedir resultados como a la privada, pero el riesgo es distinto, ya que en cualquier momento el Estado puede rescatar a la empresa pública.

Y el tercer enfoque supone que la lógica de los dos tipos de empresa son completamente diferentes, y que las empresas públicas se crean y se mantienen porque responden a decisiones de política pública. Por tanto, no tiene sentido pedirles un rendimiento similar al de las empresas privadas.

En el funcionamiento de los estados contemporáneos, han prevalecido las dos últimas alternativas. Los intentos que se han hecho por defender la primera visión no se ha consolidado porque es evidente que la empresa pública es de una naturaleza completamente diferente a la privada.

En la perspectiva de la Fiscalía ninguna de estas tres opciones son válidas. Supone, de manera equivocada, que el futuro es cierto. Desconoce que la naturaleza del Estado está íntimamente relacionada con la incertidumbre. No es pertinente juzgar ex-post decisiones anteriores. Cuando se opta por la posición fácil de mirar hacia atrás siempre se encontrarán errores porque el análisis es asimétrico, ya que hoy se tiene más información que ayer.

El punto de vista es completamente diferente cuando los hechos ya han pasado. Y, además, la dinámica de tanteo, y de ensayo-error, inherente a los procesos institucionales, no se puede identificar de manera ingenua con la voluntad del funcionario. Entre la persona y la naturaleza de la institución hay una diferencia sustantiva.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/el-estado-y-el-riesgo-3150744

  • 21.10.-Despropósito nacional GERMÁN VARGAS
  • El  IVA a la compra-venta de finca raíz  no se menciona MAURICIO CABRERA
  • Otra mala reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ
  • LA REFORMA TRIBUTARIA    JOSÉ ANTONIO OCAMPO

Lo que se va a tramitar es, una vez más, una reforma que se aplicará sobre los de siempre.

Aún no se radica el texto de la reforma tributaria y ya se especula, con certeza, que el proyecto incluirá aspectos adicionales a los comentados la semana pasada sobre el incremento de los dividendos y que generarán tremenda polémica. He aquí algunas de estas perlas:

* El impuesto del 3 % anual que se cobraría sobre los patrimonios de más de $ 5.000 millones es inviable. Con este gravamen, en pocos años, la persona verá confiscado el 50 % de su capital en términos reales. Luego no es de extrañar que este ahorrador/inversionista busque otros lugares para trasladar su patrimonio, y otro domicilio tributario. Buena jugada. ¿Será que a esto se refiere el mincomercio cuando afirmó este viernes: “Están dadas las condiciones propicias para atraer inversión al país”?

* Se menciona la eliminación de los beneficios al ahorro en fondos de pensiones y cuentas AFC y el incremento de las tasas del impuesto sobre la renta de las personas naturales, que irá en algunos casos con tarifas del 40 % y con incrementos superiores al 300 % para las personas con rentas líquidas entre 18 y 40 millones, quienes ahora tendrán que declarar.

* Así mismo, se afirma que incluirán un nuevo gravamen al impuesto solidario, 10 % del salario, que tumbó la Corte Constitucional, solo que ahora se propondrá para personas naturales del sector público y también del sector privado.

* Se dice que se gravarían las pensiones de más de $ 7 millones mensuales y se eliminaría la exención para los aportes a los fondos de pensiones. De aprobarse estas 2 medidas, se generaría una doble tributación sobre las pensiones: la primera, cuando el trabajador ahorra, y la segunda, cuando recibe la mesada. ¿Quién volverá a hacer aportes a los fondos voluntarios y cuál será el futuro de uno de los pocos instrumentos canalizadores del ahorro privado? Qué error, por decir lo menos.

* Se eliminarían todas las exenciones del impuesto sobre la renta que hoy favorecen a las empresas. P. ej., construcción de vivienda VIS, hotelería, agro, venta de energía eólica, forestales, con excepción de las que tienen que ver con la economía naranja, sin que sea claro por qué estas últimas se justifican, al paso que las demás no. Un golpe al corazón de la confianza inversionista.

* Al tiempo que se incrementan los recaudos con todas estas propuestas, el Gobierno solicitaría facultades extraordinarias para reformar todo el Estado. Curiosamente, estas facultades no se podrían utilizar para reformar los entes de control. También se mantienen las excepciones al salario de magistrados y rectores. Muy política la propuesta, pero asimismo muy injusta.

Lo que se va a tramitar es, una vez más, una reforma que se aplicará sobre los de siempre, es decir, sobre el grupo de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias: los asalariados y las empresas formales. Poco o nada en cabeza de quienes, por emplear mecanismos de evasión y contrabando, se encuentran al margen de la tributación y dejan de transferir recursos al fisco por cerca de $ 40 billones al año. Y muy poco, también por razones políticas, que no técnicas, en ampliación de la base gravable del IVA, con excepción del equivocado traslado de los bienes exentos a la categoría de excluidos que discrimina y castiga a la industria nacional.

“Este no es el momento de una reforma tributaria. Ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”. Esto dijo el presidente Iván Duque, el mismo con cédula de ciudadanía número 79’740.745. ¿Pensará el Presidente que ya Colombia superó la pandemia cuando apenas comenzamos a vacunar, la ocupación en las UCI está disparada, el desempleo en ciudades como Bogotá ya se acerca al 20 % y toda la industria y el comercio siguen postrados? ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión? Se rumora que las agencias calificadoras de riesgo han dado un ultimátum al Gobierno. ¿Será cierta tanta insensatez? Me temo que sí. Y, para colmo, el riesgo de tramitar una reforma en plena campaña electoral es descomunal. Surgirá toda suerte de propuestas populistas. Esta reforma es el verdadero despropósito nacional. Quién lo creyera, se nos anticipó la reforma Petro.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/desproposito-nacional-columna-de-german-vargas-lleras-578104

21.10.-El  IVA a la compra-venta de finca raíz  no se menciona MAURICIO CABRERA

Colombia debe seguir el ejemplo de las naciones de la OCDE y extender el IVA a las ventas de inmuebles…

El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios es interesante por lo que dice, pero también por lo que deja de decir. Su propuesta de extender el Impuesto a las Ventas (IVA) a casi todos los bienes y servicios no menciona para nada el IVA a las transacciones de finca raíz.

29 mar 2021.- Es un silencio sospechoso, sobre todo porque la base de sus recomendaciones es la comparación con los países de la OCDE, y muchos de ellos gravan con IVA u otra clase de impuestos a la compra-venta de inmuebles.

Mientras en Colombia los intentos de imponer algún tipo de gravamen a las transacciones de finca raíz han fracasado por el cabildeo de constructores y terratenientes y lo único parecido son los costos de notaría y de registro (que son alrededor del 1,8% del valor del negocio), en varios países europeos hay que pagar al Estado un porcentaje significativo del valor de la transacción.

En Francia los tributos pueden llegar hasta el 36,9%, incluyendo un IVA del 20% a la venta de nuevas construcciones, y tarifas de 16,9% por concepto de registros y notarías. En Italia es un poco menos. 25,5% de gravamen total, incluyendo un IVA del 22%; en Bélgica el IVA a estas transacciones puede llegar al 21% y en Rusia al 20%.

En Hong Kong estos impuestos pueden ser de 43,5%, en Singapur del 34%, en Corea del Sur del 16%, y en Sri Lanka del 105% si el comprador es un extranjero. Pero el único que aplica un impuesto a las ventas del 10% es Corea del Sur, mientras que en los otros países la forma es un impuesto ad valorem o estampilla (stamp duty).

Los valores mencionados son los máximos a los que pueden llegar los impuestos que, en general son muy progresivos y aumentan en proporción al valor de las propiedades negociadas.

En nuestro vecindario, Chile impuso en 2016 la obligación de pagar un IVA del 19% en las ventas de viviendas nuevas, con la excepción de aquellas que tengan subsidio habitacional. Además hay un impuesto de 10% a las ganancias acumuladas obtenidas en ventas de vivienda.

Otro ejemplo cercano es Argentina, donde los inmuebles residenciales tienen un IVA de 10,5% y los no residenciales del 21%.

En Colombia, la reforma del 2016 impuso un IVA de 5% a la venta de viviendas nuevas con un valor superior a unos $900 millones; en la reforma de 2018 se intentó extender ese gravamen a todas las transacciones de finca raíz, pero en el Congreso de la República lo convirtieron en un confuso impuesto al consumo, lo bajaron al 2% y exceptuaron los predios agrícolas, pero este fue tumbado por cinco magistrados de la Corte Constitucional en una sentencia muy cuestionada por los otros 4 magistrados.

En este campo, Colombia debe seguir el ejemplo de las naciones de la OCDE y ampliar el IVA a la venta de inmuebles.

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/un-iva-que-no-se-menciona-columnista-550490

21.10.-Otra mala reforma tributaria SALOMÓN KALMANOVITZ

El reconocimiento del gobierno del gran desajuste fiscal producido por sus regalos tributarios de 2019 y la pandemia de 2020 lo obligó a aumentar elrecaudo en 2,5% del PIB. Recuérdese que Carrasquilla había dicho que se necesitaban $15 billones y ahora aumentó a $25 billones. Eso está bien. Lo que no está bien es como se distribuye entre pobres y ricos.

28 mar 2021.- El impuesto de renta deberá aportar $17 billones adicionales a lo que se paga actualmente, pasándole la cuchilla a los que ganen más de $2,5 millones mensuales; antes calificaban los que ganaran más de $3,2 millones. La clase media baja deberá aportar $35.000 mensuales al fisco, lo que es una barbaridad. Así mismo, se elevarán las tarifas y se permitirá una sola exención del 35% sobre los ingresos de la clase media. Se gravarán las pensiones que superen $7 millones mensuales que el efectista Duque llamó mega pensiones.

El impuesto al patrimonio que se cobraba ocasionalmente ahora se hace permanente, algo que me parece justo, pero se anuncia una tarifa del 3 % que es excesiva para aquellos invertidos en renta fija o finca raíz que no alcanzan a rentar 6 % anual. La inflación promedio en Colombia es de 3 %, de tal modo que el fisco se queda con toda la rentabilidad real de los activos, mientras los fondos de pensiones se quedan con el 4 % anual. El impuesto a los dividendos se aumenta del 10 al 15 %, pero no parece afectar los ingresos de los dueños de las sociedades limitadas. Así mismo, siguen con una tarifa especial las empresas en zonas francas, incluyendo las unipersonales, que pagan la mitad de lo que se les cobra a las empresas con que compiten. Esta es una vieja y costosa gabela concedida por Álvaro Uribe a sus amigos. Ahora insiste en gravar a empleados y pensionados, pero eso sí, pueden pagar en cómodas cuotas periódicas.

El gobierno espera recaudar $10,5 billones adicionales por IVA. Dejó solo dos tarifas de 0 % y 19 %, quedando eliminada la de 5 % que les hacía pasito a los consumidores, lo que significa que el azúcar, el café y el chocolate, entre otros, se van a recargar fuertemente. De los $10,5 billones que intenta recaudar, el gobierno devolverá solo $1,5 billones a 4,7 millones de hogares. Algunos bienes básicos estarán exentos de este odioso impuesto, pero no todos. Por ejemplo, medicina prepagada y los créditos de vivienda van a estar sometidos al IVA del 19 %. Lo peor es el gravamen a los concentrados y fármacos que afectarán el costo del pollo y del cerdo, haciendo aumentar sus precios entre 14 % y 17 %. Así, muchos hogares se verán forzados a reducir su consumo de proteína. Carrasquilla se comprometió a devolverles el IVA a los más pobres, pero no es claro cómo los van a encontrar en las periferias tuguriales de las ciudades y menos en las lejanías del campo colombiano.

El gobierno aduce que todos estos sacrificios son para favorecer a los 500.000 pobres que recibirán el subsidio a la seguridad social más el ingreso solidario por $7,6 billones, pero no dice que son para comprar aviones de combate por $1,5 billones. Una de las formas de financiar este gasto será enmiserar a los funcionarios públicos, quienes verán congelados sus salarios por cinco años o sea les robarán el 15 % de sus ingresos reales. Falta que el Congreso le lime las aristas más empobrecedoras, arbitrarias y expropiatorias de la nueva reforma tributaria que proponen el Centro (anti)Democrático y Duque.

https://www.elespectador.com/opinion/otra-reforma-tributaria-2/

21.10.-LA REFORMA TRIBUTARIA    JOSÉ ANTONIO OCAMPO

Apoyo la idea de hacer una reforma para financiar un mayor gasto social y frenar la deuda pública. 

El debate tributario se ha enriquecido con el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios y los útiles comentarios a dicho informe por parte de diversos analistas. Y se ha agitado con las propuestas que ha comenzado a presentar el Gobierno Nacional al sector empresarial.

4 abr 2021.- Quiero comenzar reiterando que apoyó la idea del Gobierno de hacer una reforma tributaria, tanto para financiar en forma permanente un mayor gasto social como para frenar los altos niveles de deuda pública, que amenazan el acceso que el país ha tenido a los mercados privados de capitales.

El informe de la Comisión ha hecho claro, una vez más, que los niveles efectivos de tributación de Colombia son bajos: 19,3 por ciento del PIB vs. el promedio de 33,8 por ciento en la Ocde. La gran disparidad es en el impuesto de renta a las personas naturales, donde en el país se paga el 1,2 por ciento del PIB, contra 8,1 por ciento en la Ocde.

Allí están los principales beneficios tributarios, no en el IVA, donde el Gobierno Nacional ha afirmado una y otra vez. Más aún, el gráfico de la Comisión que más se ha reproducido en los debates públicos es el que muestra que la tasa efectiva de tributación tiende a disminuir para el 5 por ciento y aún más en el 1 por ciento más rico de la población.

Por este motivo, cualquier reforma tributaria debe prestar especial atención al impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos. Aquí el problema principal, como lo señala la Comisión, son los beneficios que reciben las rentas de capital (o no laborales en general) y ganancias de capital.

Esas rentas deben ser gravadas, por lo tanto, como las rentas de trabajo, o al menos establecer una deducción máxima (por ejemplo, el 25 por ciento del total de rentas). Se debe elevar, también, el impuesto a los dividendos (incluso cuando se pagan entre sociedades), sin perder de vista el conjunto de la tributación al capital, y gravar las pensiones altas, eliminando así el doble beneficio tributario que tienen (cuando se contribuye al sistema pensional y cuando se recibe la pensión).

Pero, además, debe establecerse una norma fuerte que impida que se paguen gastos de consumo a través de ASA u otro tipo de empresas, una práctica muy común en los estratos de elevados ingresos, así como el pago de gastos de consumo por parte de las empresas a sus altos ejecutivos. Más aún, estas prácticas deben ser consideradas evasión tributaria.

En el caso de la renta a las personas jurídicas, la reforma más conveniente es eliminar o reducir beneficios sectoriales. También se debe eliminar el descuento del ICA del impuesto de renta que se estableció hace dos años. Y debe haber una norma que establezca que todos los beneficios son temporales y deben ser sujetos a una evaluación regular. Y en vez de una tasa más baja para pequeñas empresas, lo mejor sería cubrir las contribuciones a pensiones de sus trabajadores de bajos ingresos.

No menos importante es revertir la cantidad de beneficios que se les dieron a las zonas francas y la facilidad de crearlas que se decretó recientemente. De hecho, la derogatoria del decreto 278 de 2021 debe ser la medida inicial de la reforma tributaria. Y se deben adoptar las recomendaciones de la Comisión de aplicar el régimen general de IVA a las zonas francas y prohibir la constitución de nuevas zonas uniempresariales.

En IVA se pueden reclasificar algunos productos, pero ciertamente no pasar los productos agropecuarios de la canasta familiar de excluidos a exentos, porque eso los pondría en desventaja frente a productos importados. Una alternativa es establecer un IVA bajo para esos productos, que les permita deducir lo que pagaron por sus insumos.

Finalmente, se deben elevar y ampliar el impuesto al patrimonio y los impuestos a las emisiones de carbono, y crear otros impuestos ambientales, aunque solo cuando haya alternativas orgánicas (no es el caso de los plaguicidas).https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/jose-antonio-ocampo/la-reforma-tributaria-columna-de-jose-antonio-ocampo-578110

  • 21.9.-Conejazo a recomendaciones de Comité internacional de primer orden GERMÁN VARGAS
  • ¡Decepcionante! JORGE IVÁN GONZÁLEZ! 
  • De impuestos y otros maleficios SALOMÓN KALMANOVITZ
  • -Reforma sin análisis EDUARDO SARMIENTO

El propio Gobierno creó grandes expectativas y ahora no sabe cómo explicar que no se acogerá a nada

No se conoce aún el texto definitivo de la reforma tributaria, pero ya pueden señalarse aspectos que suscitarán amplio debate nacional. El propio Gobierno creó grandes expectativas sobre las conclusiones de la famosa Comisión de Beneficios Tributarios y ahora no sabe qué hacer para explicar que no acogerá ninguna de sus importantes conclusiones.

27 mar 2021.-Ya no sirve este grupo de expertos internacionales de primer orden, desprovistos de interés particular, alejados de todo cabildeo y que, además, entregaron su trabajo en tiempo récord de seis meses. ¿Por qué? Pues porque terminaron reconociendo lo que tantas veces hemos defendido en materia de tributación, equidad y competitividad.

Veamos: el informe empieza por reconocer que los negocios formales en Colombia enfrentan la tasa de tributación más alta entre los países de la Ocde, y señala una serie de impuestos distorsionantes como el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto de industria y comercio, los cuales propone eliminar.

La comisión también confirma lo que muchas veces hemos dicho acerca de que nuestro sistema impositivo hace que sea más rentable importar que producir en el país, o localizar la producción en el exterior en lugar de hacerlo en Colombia.

Otro aspecto importante del estudio es que, al contrario de lo que piensan nuestros economistas criollos, avala plenamente las propuestas que llevamos a la pasada reforma tributaria y que fueron acogidas por el Gobierno y el Congreso, como la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del IVA de bienes de capital y el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta.

Sobre el IVA, sostiene la comisión que el país tiene un potencial de recaudo de $ 60 billones, mediante una ampliación de la base gravable, la cual puede ser gradual en el tiempo, con la aplicación de una tarifa creciente.

No obstante, el Gobierno ha anunciado una reforma que en materia del IVA no incluirá ampliación de la base gravable, pero sí el traslado de los bienes exentos, como la carne, el pollo, la leche, a la categoría de excluidos, lo que significa gravar con IVA los insumos requeridos por el productor nacional, sin posibilidad de recuperación. Es decir, un arancel al producto nacional que no se aplica al importado. Es lo que se conoce como protección negativa de la industria nacional en beneficio de la industria extranjera. Todo lo contrario a la propuesta de la comisión, que aboga por gravar estos bienes, nacionales y extranjeros, o mantenerlos en la categoría de exentos si ello no fuere posible.

De otra parte, sorprende la propuesta de volver a introducir el impuesto al patrimonio a partir del 2022, pero ahora como gravamen permanente y con una tarifa del 3 % anual, que es simple y sencillamente una expropiación de la renta y del patrimonio de los inversionistas y ahorradores. ¿Qué pensarán ahora las personas que normalizaron sus patrimonios con la promesa de que ese impuesto se eliminaría a partir del 2022?

En cuanto al impuesto a los dividendos, se propone un incremento del 50 % en la tarifa aplicable. De esta forma, el impuesto sobre la renta sociedad-socio quedaría en el 41,35 %. Si a esto se agregan el gravamen a los movimientos financieros, el ICA y el IVA no descontables y los demás impuestos que afectan los negocios, tendremos nuevamente una tasa efectiva de tributación superior al 70 %.

No es aceptable asumir una reforma que nos vuelva a poner como el país en que ningún extranjero quiere invertir y al que muchos colombianos quieren abandonar. El Gobierno debería concentrarse en lograr un acuerdo político para ampliar gradualmente la base gravable del IVA, como lo han hecho la mayoría de países latinoamericanos.

Y ahora el Gobierno bautiza a este gran conejo con el apelativo de ley de solidaridad sostenible. Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/conejazo-columna-de-german-vargas-lleras-576682

21.9.-¡Decepcionante! JORGE IVÁN GONZÁLEZ!

Desde la perspectiva de la lucha contra la desigualdad, el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (CBT) es decepcionante. El esbozo de reforma tributaria que ha presentado el gobierno va en la misma dirección. Ambas propuestas definitivamente no contribuyen a reducir la concentración del ingreso y de la riqueza. La sociedad colombiana continuará siendo una de las más desiguales del mundo.

26 mar 2021.- Los expertos internacionales que hicieron parte de la CBT, por lo menos, debieron proponer algunos de los mecanismos distributivos que se utilizan en sus países. En lugar de traer los ejemplos internacionales, se dejaron encerrar en el callejón estrecho en el que los metió el Ministerio de Hacienda. El profesor Arnold, que entiende la tributación canadiense, hubiera contribuido muchísimo explicándoles a los colombianos las propuestas tributarias de Vickrey, el canadiense premio Nobel de economía.

Jamás, decía Vickrey, un sistema tributario equitativo puede ser sencillo. La Comisión, con un simplismo sorprendente, afirma que el sistema tributario tiene que ser “simple, eficiente y equitativo”. Es una lástima que los miembros de la Comisión, sabiendo que Colombia es profundamente desigual, hayan olvidado que la concentración disminuyó después de la segunda guerra porque, en los años setenta, en el Reino Unido la tarifa del impuesto a la renta en el último rango del ingreso era de 96%. Y en Estados Unidos de 91%. Nada dice la CBT sobre las tarifas del impuesto a la renta a los grandes capitales. No se atreve a proponer que la tarifa vaya creciendo con el nivel de riqueza.

Es un chiste pensar que la concentración de la riqueza que existe en el país se va a cambiar con un impuesto al patrimonio de 1% o de 3%. El aumento del impuesto a los dividendos de 10% a 15% tampoco tendrá un impacto importante. La “devolución” del IVA no contrarresta la regresividad que acompaña la ampliación del impuesto a un mayor número de bienes. Y es una burla la ampliación de la base del impuesto a la renta, incluyendo a las personas que ganan más de $2,5 millones al mes.

La CBT acierta al afirmar que el “sistema tributario no logra aportar los ingresos que el gobierno requiere para cumplir con las necesidades legítimas de sus ciudadanos”, pero las soluciones propuestas no incrementan el recaudo de manera significativa y, sobre todo, no mejoran la equidad.

La crítica que hace la Comisión a los gastos tributarios no es consecuente. El más importante, el descuento de IVA por la compra de activos fijos, se mantiene, y en su opinión “es un paso en la dirección correcta”.

La CBT no mencionaron la potencialidad que tienen los impuestos para modificar relaciones factoriales inaceptables, como las derivadas de la alta concentración de la propiedad de la tierra. Uno de los grandes conflictos de la sociedad colombiana es el ordenamiento del territorio. Y los impuestos – como lo han demostrado Harberger, Hotelling y George – tienen un papel fundamental en la modernización del sector agropecuario. Los expertos no se atrevieron a incomodar a los terratenientes colombianos. La Comisión apenas hace una leve mención a los prediales. En los países desarrollados la tarifa es cercana al 20 por 1.000. En Colombia ni siquiera llega al 6 por 1.000.

Decepciona que los expertos internacionales no hayan abierto el espectro de la discusión. Su miopía es inaceptable.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/decepcionante-3144517

21.9.-De impuestos y otros maleficios SALOMÓN KALMANOVITZ

La comisión de expertos internacionales sobre impuestos dio a conocer algunas puntadas de su contundente informe final: el régimen tributario colombiano es excesivamente complejo, ineficiente e injusto. La comisión no mencionó una de las fallas más graves: su insuficiencia frente a las necesidades básicas de la sociedad.

21 mar 2021.- El Estado recauda el 14 % del PIB en tributos, una cifra muy baja en comparación con otros países latinoamericanos como Chile e incluso Bolivia, que recaudan cerca del 20 % del PIB. Esa penuria estructural explica la muy deficiente respuesta del Gobierno ante la pandemia.

El informe resalta que la base tributaria es muy estrecha debido a la gran informalidad: más del 60 % de los trabajadores y cientos de miles de negocios —algunos de gran tamaño— que no tributan. Existen impuestos como el 4 x 1.000, que impone una pesada carga a las transacciones e incentiva el uso de efectivo para evadirlo.

Las zonas francas unipersonales pagan tarifas ínfimas de impuesto de renta sin ninguna justificación y las no cobijadas por esta absurda preferencia pagan en exceso frente a los promedios de la OCDE. Las empresas aportan casi un 6 % del PIB en impuestos, mientras que sus propietarios y las personas naturales en general aportan apenas el 1 % del PIB. Debería ser al contrario: las personas deben tributar del 8 al 10 % y las empresas, el 2 % del PIB.

La comisión considera que las pensiones reciben un tratamiento doblemente preferencial: están exentos los intereses del ahorro pensional y también las mesadas, aunque congresistas y magistrados reciben pensiones de $35 millones mensuales y la máxima de Colpensiones es de $17 millones. El subsidio que otorga el Gobierno a las pensiones llega al 2,6 % del PIB por año. No hay ninguna razón que justifique la nula contribución de los ancianos ricos al bienestar de los demás.

Para que las personas naturales tributen más, es necesario establecer un impuesto progresivo y permanente al patrimonio, no como sucede hoy que es ocasional, pese a que este impuesto es eficiente, pues castiga la riqueza improductiva, mientras que el impuesto de renta afecta más a la riqueza productiva. Fedesarrollo, por su parte, insiste en un impuesto al patrimonio por una sola vez, aunque con tarifas progresivas.

La comisión recomienda que los dividendos tributen igual que otros ingresos, de acuerdo con la renta líquida de cada cual y no con tarifas especialmente bajas como sucede actualmente. También recomienda eliminar la exención del 25 % de los ingresos de las personas, que es demasiado generosa para los ricos y superricos. Tampoco debe existir la deducción del impuesto de industria y comercio que recaudan los municipios y que castiga el ingreso del Gobierno nacional sin justificación.

Sobre el IVA la comisión sugiere disminuir los bienes exentos, pero sólo si el Gobierno logra devolver este tributo indirecto y regresivo a los hogares pobres. El Gobierno no les ha devuelto a la mitad de esos hogares (dos millones) ninguno de los subsidios que les ha ofrecido, ni les ha depositado dinero en cuentas bancarias que no tienen. Duque afirmó que no va a imponer tributos a los bienes esenciales de la canasta familiar, pero su ministro de Hacienda insiste en que sí hay que imponerlos. Al respecto, cabría decir que donde manda marinero no manda capitán.

https://www.elespectador.com/opinion/de-impuestos-y-otros-maleficios/ 

21.9.-Reforma sin análisis EDUARDO SARMIENTO

El Gobierno ha divulgado partes de la nueva reforma tributaria que se presenta como una forma de amplificar los ingresos tributarios para ampliar los gastos sociales y mejorar la distribución del ingreso. Con una meta de recaudos de $25,4 billones, propone subir el IVA con devoluciones, reducir las exenciones tributarias y elevar el impuesto a la renta para las personas naturales.

27 mar 2021.- En la presentación política aparece como una forma de cubrir los gastos de la pandemia y mejorar significativamente a los sectores más vulnerables; pero esto no es muy claro, pues los sectores más vulnerables apenas reciben $7,5 billones.

En general, se encuentra que el desplome del modelo económico y la pandemia le costaron al país daños enormes por $130 billones. Le significaron serias fallas estructurales que se reflejan en la caída del crecimiento y el deterioro en la distribución del ingreso. Los impactos sobre la población se buscaron compensar con déficit fiscales financiados con crédito externo del 8,5 % del PIB en 2020 y 2021. De estos recursos solo les han llegado a los sectores más vulnerables $4 billones. La parte restante es un misterio y no se sabe dónde están. Lo lamentable es que estos recursos no evitaron el desplome de la producción y el empleo en 2020, ni su prolongación en 2021.

La reforma tributaria viene a cubrir los desaciertos de la pandemia y el fracaso del modelo económico. La reforma se destinará en una pequeña parte a ampliar los apoyos a los sectores menos vulnerables en una cuantía de $7,5 billones. La mayor parte de los recursos se orienta a pagar el endeudamiento representado en gastos del pasado. El peso de la operación, que es equivalente a una reducción del salario, recae en la clase media con ingreso promedio cercano al salario mínimo. Y no se puede esperar una respuesta pasiva. De seguro, la clase media procederá a eludir los mayores impuestos con la reducción del ahorro.

Al final, se tiene una operación financiera inoperante. El único beneficio tangible es el modesto aumento en los apoyos a los sectores vulnerables. La otra parte queda en pagos de la deuda para cubrir los destrozos de la economía causados en el pasado por la pandemia y el fracaso del modelo económico.

En este momento, es claro que el fracaso del modelo y la cuarentena provocaron un monumental deterioro de la distribución del ingreso y una reducción del ahorro que ha mantenido deprimidas la inversión y la producción. El desastre se manifiesta claramente en la caída del ahorro, el producto y el empleo, el cuantioso y creciente déficit en cuenta corriente, el disparo de los índices de pobreza y el deterioro del coeficiente de Gini. La reforma tributaria basada en gravámenes indirectos y al ingreso corriente no contribuye a modificar el panorama, porque no afecta el ahorro y reduce la participación del trabajo en el producto nacional.

No se ha querido entender que la debacle de la cuarentena se originó en la reducción del ahorro que desquició el balance interno entre la producción y la demanda efectiva. Se generó un estado de ahorro faltante que precipitó el desplome de la producción. Ahora, se presenta un estado similar. El bajo ahorro prolonga la caída del producto y el empleo, como se vio en las cifras de enero, y acentúa las desigualdades de ingresos. Lo que se plantea es el cambio del modelo económico de libre mercado causante de la crisis, mediante reformas estructurales que aumenten el ahorro, la producción y el empleo, a tiempo que sostengan el salario por encima de la productividad y reduzcan la inequidad distributiva y la pobreza. El primer paso es una coordinación mínima entre la política fiscal y la monetaria que asegure el apoyo permanente a los sectores vulnerables y disminuya rápidamente la pobreza.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/reforma-sin-analisis/

  • 21.8.-La extrema derecha marca el paso a Erdogan ANDRÉS MOURENZA
  • Constitucionalismo abusivo y deterioro democrático – RODRIGO UPRIMNY
  • Gobierno Duque: acaba la ficción de los “tres huevitos” AURELIO SUÁREZ

El partido MHP se hace indispensable para mantener al presidente turco en el poder y exigencias como la ilegalización de la principal formación kurda son cada vez más tenidas en cuenta

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una videoconferencia este viernes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / REUTERS

El pasado 8 de marzo un grupo de unas 25 personas propinó una paliza al periodista Levent Gültekin a plena luz del día y en una de las plazas más concurridas de Estambul. Tirado en el suelo, intentó protegerse, pero terminó con varios huesos de una mano rotos. El incidente ocurrió unos días después de que Gültekin denunciase el legado “racista y nacionalista” del coronel Alparslan Türkes, fundador del Partido de Acción Nacionalista (MHP), una formación de extrema derecha que cada día gana más influencia en la política de Turquía y es clave en la coalición que mantiene en el poder al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Estambul – 19 mar 2021

En los últimos cinco años, más de un centenar de periodistas y políticos han sido atacados en incidentes similares. La media docena de casos que han ocurrido en lo que va de año tenían algo en común: sus víctimas se habían mostrado muy críticas con el MHP y, tras ello, habían sido “señalados públicamente por dirigentes del partido”, afirma el periodista Kemal Can, autor de varios libros sobre el nacionalismo. Por ejemplo, a Gültekin, un dirigente del MHP le había tildado de “enemigo de los turcos, separatista, odiador de todo lo que ama la nación”.

En cambio, Kamil Aydin, miembro del comité central del MHP y diputado, desvincula a la formación de estos ataques, que tacha de “montajes” para perjudicar al partido: “Además, lo que hizo el señor Gültekin es un delito de odio, porque no solo insulta la memoria de nuestro fundador sino a millones de votantes. Es él quien nos señala como objetivo”.

El MHP fue fundado en 1969 y entonces era un partido en la órbita de los partidos de extrema derecha de la época, similar a la ultraderecha fascista en España, Italia o Grecia: firmemente anticomunista y pro-estadounidense. Las milicias armadas vinculadas a la formación, popularmente conocidas como “Lobos Grises”, estuvieron involucradas en multitud de asesinatos políticos y matanzas como las de Maras en 1978, con 120 muertos, y Çorum, en 1980, con 57 muertos. El partido, explica Can, obtenía su apoyo de ámbitos rurales y pequeñas ciudades y de identificarse como “el partido que defiende al Estado” frente a los enemigos externos e internos: de hecho, sus militantes fueron utilizados en operaciones clandestinas en Europa por oscuros elementos del Estado turco y uno de sus militantes, Ali Agca, atentó contra el papa Juan Pablo II en 1981.

En 1997, cuando falleció el Basbug o “Gran Líder” Türkes, le sucedió en la presidencia Devlet Bahçeli. De formación académica y pese a ser una figura atípica del panorama político turco -a sus 73 años sigue soltero- ha mantenido el control del partido y el pasado jueves fue elegido por décima vez líder del MHP en un congreso ordinario. “El MHP no es un partido atrapalotodo, sino fuertemente ideológico y basado en un liderazgo fuerte. Solo ha tenido dos líderes desde 1969”, recuerda el analista Murat Yetkin: “Y pese a su imagen rígida y dura actitud, Bahçeli es un hábil y táctico negociador”. No en vano, tras asumir las riendas del partido, ordenó cambiar su imagen: sus dirigentes se afeitaron los bigotes típicos de la ultraderecha turca, se alejaron de los pistoleros y, en una suerte de compromiso histórico, pactaron con los mismos socialdemócratas a los que 20 años antes recibían a tiros. Fue un Gobierno eminentemente pragmático durante el que se aprobaron numerosas reformas para iniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea y se eliminó la pena de muerte. De esta manera, logró aumentar sus votos y convertirlo en un partido clave de la política turca.

Ultranacionalismo ambiguo

La ideología del MHP evolucionó hacia un ultranacionalismo ambiguo, que combina lo identitario, lo cultural y lo cívico, vinculado a la defensa del Estado. El enemigo dejó de ser el comunismo para pasar a ser los “separatistas” kurdos y el PKK. “No somos un partido de extrema derecha, no tenemos una visión racista ni étnica. Por ejemplo, en Turquía hay muchos futbolistas negros y no tenemos problemas con ello. Y cuatro millones de refugiados sirios”, sostiene Aydin: “Somos nacionalistas. Nuestro lema es ‘Primero Turquía, luego el partido’”.

“No es tanto que el MHP haya virado hacia el centro como que ha conseguido llevar su nacionalismo al centro de la política mediante alianzas con partidos de Gobierno”, opina Kemal Can. Su alianza con Erdogan se selló en 2016 cuando el presidente turco utilizó la justicia y la policía para bloquear un intento de la oposición interna del MHP por disputar el liderazgo a Bahçeli. A cambio, el líder ultraderechista apoyó el cambio del sistema parlamentario a uno presidencial, reclamado por Erdogan, pero que no contaba con suficiente apoyo popular. Gracias al MHP el cambio constitucional fue aprobado en un ajustado referéndum en 2017 y, desde entonces, el MHP de Bahçeli y el AKP de Erdogan se presentan a las elecciones de forma conjunta como parte de la Alianza del Pueblo.

Contra los pronósticos que auguraban un sistema bajo el control absoluto de Erdogan, el sistema presidencialista ha aupado al MHP a una posición más influyente. “Se debe a que el sistema presidencialista requiere del apoyo del 50% + 1 del electorado, y eso hace que el apoyo del MHP sea numéricamente imprescindible”, subraya Murat Yetkin. El AKP de Erdogan no tiene mayoría absoluta en el Parlamento y el resto de partidos se niega a apoyar sus medidas, de manera que “el MHP disfruta de los beneficios de estar en el Gobierno sin necesidad de asumir responsabilidades”. Otra de las razones, apunta Can, es que el MHP le ha dado a Erdogan acceso a ciertos estamentos de la Administración, como policías, militares y jueces cercanos a la ultraderecha que anteriormente veían al presidente con cierta reticencia. Es más, desde que gobierna esta coalición de facto el MHP ha introducido a sus seguidores en prácticamente todos los sectores de la Administración -menos los económicos-, desde las fuerzas de seguridad a la Educación.

Con ello, Bahçeli está en una posición de que se cumplan sus exigencias. Cuando, el año pasado, pidió una amnistía para ciertos presos lo consiguió, pese a lo polémico que resultaba el poner en la calle a antiguos mafiosos vinculados al MHP. Cuando, hace unos meses, un asesor del presidente dijo que, a fin de reconciliarse con la UE, sería buena idea liberar al líder político kurdo Selahattin Demirtas y al filántropo Osman Kavala -el Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado que deben ser excarcelados-, el MHP dijo que eso era una línea roja y el asesor fue cesado. “Nuestras propuestas se aceptan porque son de sentido común. No podemos poner en libertad a representantes de los terroristas”, defiende Aydin.

La última petición del MHP ha sido ilegalizar al HDP, el principal partido prokurdo de Turquía. Y este miércoles la Fiscalía ha abierto el proceso para ello. Bahçeli reclama, además, que se hagan todos los cambios legales para “imposibilitar que vuelvan a presentarse con otras siglas”. Algo que ya ha despertado las críticas de la UE y Estados Unidos y puede echar al traste los intentos de la diplomacia turca por normalizar relaciones.

El dirigente del MHP acusa a la Unión Europea de “hipocresía” pues, en su opinión, “cuando un estado europeo hace algo similar, no pasa nada, en cambio cuando lo hace Turquía se arma una gran polémica”. Y pone como ejemplo la prohibición en Francia de los “Lobos Grises” y la simbología vinculada al MHP -después de que militantes turcos atacasen a armenios en varias ciudades francesas-. “Es un insulto a nuestros mitos”, concluye.

El debate sobre la prohibición de organizaciones vinculadas al MHP también ha arreciado en Alemania, Holanda y Austria, y un diputado chipriota la ha llevado al Parlamento Europeo. “Es curioso, porque anteriormente, Europa no miraba a estas organizaciones como una amenaza pese a que algunas estuvieran involucradas en actividades criminales [fundamentalmente en el tráfico de heroína], porque las veía como algo que podía servir de freno a las organizaciones islamistas radicales”, dice Kemal Can: “Sin embargo, ahora el debate ha cambiado porque ven que Turquía las utiliza para inmiscuirse en la política interna de esos países”.

Con todo, es algo que también utiliza el MHP en su beneficio dentro de Turquía para atizar el nacionalismo, y para desviar la atención de los serios problemas económicos que vive el país. “Paradójicamente, el AKP y el MHP están perdiendo votos por la polarización política, pero necesitan incrementar la polarización para evitar que se les escapen más votos”, sostiene Can: “Así que no sé si veremos más ataques violentos, pero seguramente sí que veamos una creciente represión gubernamental hacia toda la oposición: partidos, asociaciones y medios de comunicación”.

https://elpais.com/internacional/2021-03-20/la-extrema-derecha-marca-el-paso-a-erdogan.htm

21.8.-Constitucionalismo abusivo y deterioro democrático – RODRIGO UPRIMNY

Parece inocuo dedicar una columna al proyecto que buscaba prolongar el período del presidente, los congresistas y otros servidores públicos supuestamente para facilitar la unificación de los períodos electorales, por cuanto el proyecto se hundió gracias a una vigorosa reacción ciudadana y política en su contra.

20 mar 2021.- Pero es necesario abordar el tema pues es la tercera vez que se intenta una medida semejante: la propuso Uribe en su referendo de 2003 pero la Corte Constitucional lo impidió; luego, en 2018, un proyecto parecido alcanzó a ser aprobado en primer debate en la Cámara; y ahora tenemos esta propuesta, que generó mayor escándalo porque prolongaba el período presidencial mientras que los otros dos, un tris más pudorosos, lo hacían con el de gobernadores y alcaldes.

Estos intentos muestran que algunos sectores políticos buscan unificar los períodos electorales añadiendo una norma de transición que prolongue el mandato de algunos gobernantes. Me veo entonces obligado a retomar dos columnas de 2018 en que critiqué la propuesta de ese entonces.

La primera columna mostraba que la norma transitoria que prolonga el mandato de los gobernantes electos es una burda ruptura constitucional ya que toda constitución busca impedir que los gobernantes manipulen las reglas electorales y jurídicas para atrincherarse en el poder. La utilización de una reforma constitucional para perpetuar a los gobernantes en el poder es entonces una típica forma de lo que algunos académicos contemporáneos, como David Landau, llaman “constitucionalismo abusivo”, que consiste en usar las formas constitucionales no para servir los valores democráticos propios del constitucionalismo, sino para todo lo contrario: pervertir el ordenamiento constitucional y atrincherar en el poder a quienes lo ocupan. La prolongación del período del presidente y los congresistas era entonces una grosera ruptura constitucional que seguramente hubiera sido bloqueada por la Corte, conforme al precedente de la Sentencia C-551/03, que anuló una tentativa semejante del referendo de Uribe. La Corte señaló que era inaceptable, por ser contrario a la esencia del Estado de derecho, alargar el período de mandatarios específicos sin norma previa que lo autorice. Y si eso era imposible por medio de referendo, con menor razón podría hacerse por acto legislativo.

La segunda columna mostraba que el propósito mismo de unificar las elecciones y los periodos electorales es una pésima idea para la democracia colombiana al menos por tres razones: i) erosiona gravemente la democracia local ya que los debates y movimientos políticos nacionales tendrán una incidencia decisiva en las votaciones locales; ii) incrementa los riesgos de polarización pues el alineamiento político nacional tenderá a replicarse en las elecciones locales, con lo cual se forman identidades políticas más rígidas; además, iii) la unificación de las elecciones hace que las fuerzas ganadoras a nivel nacional carezcan de contrapesos locales, pues se trataría probablemente de las mismas fuerzas. A esto habría que agregar que este nuevo proyecto busca unificar los períodos de los organismos de control con las elecciones, lo cual limitaría su independencia. Los riesgos de copamiento de todo el Estado por las fuerzas triunfantes coyunturalmente en una sola elección general son entonces grandes, con lo cual corremos el riesgo de una tiranía facciosa, que el constitucionalismo siempre ha buscado evitar.

Este tipo de propuestas son entonces malas no sólo por la ruptura constitucional que implica prolongar el período de los gobernantes, sino por el propósito que buscan pues la unificación de elecciones debilita nuestra precaria democracia.

https://www.elespectador.com/opinion/constitucionalismo-abusivo-y-deterioro-democratico/

21.8.-Gobierno Duque: acaba la ficción de los “tres huevitos” AURELIO SUÁREZ

Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

12 mar 2021.- Los problemas judiciales de Álvaro Uribe no cesarán, ya que, a la preclusión de su proceso, propuesta por el fiscal Jaimes, seguirán demandas y apelaciones, sin descartar todavía un juicio. Asimismo, el testimonio de Mancuso en la Comisión de la Verdad, a instancias de Rodrigo Londoño, podría presentar versiones comprometedoras sobre la masacre de El Aro de octubre de 1997 y sobre el crimen del abogado Jesús María Valle, declarado de lesa humanidad e investigado por el Tribunal Superior de Medellín desde febrero de 2019.

Sin embargo, Uribe tiene mayores apuros políticos que dichos eventuales encartes penales: ha caído el telón del relato de los “tres huevitos” porque de sus componentes, seguridad democrática, entendida como que “se puede volver a la finca”, cohesión social y confianza inversionista, no queda ya casi nada en el gobierno de Duque. ¡No creyó que se harían tortilla en el mandato del “que él dijo”!

Según Cerac, “Las muertes por violencia política aumentaron” al pasar de 139 en 2019 a 189 en 2020, 328 en los dos años. Y también en 2020 hubo un alza significativa “en las muertes de civiles no combatientes, 21, que se cuadruplican frente a 2019, por parte del ELN”, con “alrededor de 4 mil combatientes, un número desconocido de milicianos” y siete frentes de guerra (InSight Crime, 2020). El Tiempo informó que el Clan del Golfo actúa en 124 municipios con 3.260 elementos, e Indepaz notificó (agosto/2020) que en 2019 había 261 con actividad de intensidad alta de grupos narcoparamilitares y 91 de las disidencias y grupos pos-Farc con 3.400 miembros. Verdad Abierta, que acoge los criterios de la ONU, contabiliza 167 masacres entre agosto/2018 y marzo/2021, con 644 víctimas. Y la muerte violenta de 188 firmantes de la paz, 70 por ciento de todos los desmovilizados asesinados.

En los dos primeros años de Duque, la ONG Somos Defensores contó 317 líderes y lideresas ultimados; el alcalde de Cartagena del Chairá, como otrora, despacha afuera, y en 2021 van 11.150 desplazados en Colombia (SEMANA, marzo 8). Duque puso en entredicho el acuerdo de paz y como paradoja hizo trizas la leyenda de seguridad democrática. Tanto es así que 90 por ciento de la población en las primeras capitales percibe que Colombia empeora en inseguridad, algo que se ha pretendido endilgar a las alcaldías (Invamer, febrero 2021). Un caos.

Ni hablar de la cohesión social. La Encuesta de Pulso Social (Dane-2021) es un sopapo para Duque y Carrasquilla, que, con un indolente gasto público, postraron al menos 3 millones de personas más en la pandemia del covid. De 89 por ciento de los hogares que consumían tres comidas al día, ahora solo dos de cada tres lo hace; apenas 10 por ciento de las familias consiguen ahorrar, mientras que la quinta parte dice no tener ingresos; escasamente, una de cada diez expresa disponibilidad para comprar bienes duraderos, y un ínfimo 4,3 por ciento planea adquirir vivienda. Aunque 25 por ciento de las personas recibieron ayudas, la cobertura fue insuficiente, y los montos, mínimos. Una catástrofe.

Los resultados económicos trascienden el del PIB en 2020 de -6,8 por ciento en recesión. La caída en picada de la construcción, la manufactura y la minería, además la de inversión productiva en -17 por ciento y del repunte del desempleo al 17,3 por ciento, arrojan un cuadro desolador. La inversión extranjera directa, la variable de cierre, disminuyó 35 por ciento, y las exportaciones bajaron 15 por ciento, una afectación de las cuentas externas que impelió moderar el altísimo déficit en la balanza de pagos con el préstamo del FMI por 5.300 millones de dólares. Con artimañas fiscales, Carrasquilla y Duque intentan mitigar el pánico de perder el grado de inversión en la calificación del crédito. Colombia, al borde del abismo.

Agréguese el dramático sendero de la vacunación no solo por la tardanza en iniciar, sino por el paquidérmico ritmo diario que implicaría cinco años para alcanzar con un par de aplicaciones la inmunidad de rebaño hasta 35 millones de personas. Uribe sabe de la debacle y del cobro político que le espera. Abatido invoca ayuda para el agro cuando fue él quien negoció el TLC que lo arruina; pide apoyo al trabajo, pero hizo la Ley 789 de 2002 que menoscabó los ingresos laborales; solicita gratuidad en la educación superior, pero fomentó la privatización de universidades públicas y les cercenó el presupuesto; habla a nombre del empresariado, pero lo ha engañado por décadas con falsas promesas, como a textileros y confeccionistas, paneleros y productores de etanol y agrodiésel.

El final del cuento de “los tres huevitos”, el trillado espantapájaros del castrochavismo, el número 6.402 de falsos positivos y la antidemocracia en el ejercicio del poder envían señales en contra del que diga Uribe. De ahí su nervioso ¡Ojo con 2022!

https://www.semana.com/opinion/articulo/gobierno-duque-acaba-la-ficcion-de-los-tres-huevitos/202108/

  • 21.7.-Fitch revisará la calificación financiera de Colombia tras la aprobación de reforma fiscal
  • Niños guerrilleros: ¿víctimas o máquinas de guerra? RODRIGO UPRIMNY
  • Haciéndole la campaña a Petro ALVARO FORERO

Plan Financiero del Gobierno no proporcionó suficiente información, dice la firma calificadora.

El aumento de los precios del petróleo, que se acercan a 70 dólares por barril, es marginalmente positivo y ayudará a la nación solo a partir de 2022. Foto: Archivo EL TIEMPO

 Fitch Ratings esperará a que Colombia apruebe un proyecto de ley de reforma fiscal que aumente los ingresos de forma estructural antes de llevar a cabo una revisión de la calificación crediticia de la nación, según el analista de crédito soberano Richard Francis.

10 mar 2021.- Fitch espera que Colombia continúe enfrentando desafíos fiscales este año y, por lo tanto, es más importante ver cuál será el plan de acción del Gobierno para abordar estos problemas en 2022 y más allá.

Fitch, que califica a Colombia actualmente en BBB-, el nivel más bajo de grado de inversión, con perspectiva negativa, normalmente tiene dos comités de calificación, uno en abril-mayo y otro en noviembre, pero esta vez la decisión puede llegar después de que concluyan las sesiones del congreso antes de terminar el primer semestre del año.

Para la calificadora, el Plan Financiero que presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no proporcionó suficiente información para formarse una opinión sobre las perspectivas crediticias de la nación.

«Evaluaremos la reforma fiscal y el resultado de las revisiones a la regla fiscal, en combinación con la perspectiva de crecimiento a mediano plazo para resolver la perspectiva negativa,» dijo Francis en una entrevista el lunes.

Fitch espera que Colombia continúe enfrentando desafíos fiscales este año y, por lo tanto, es más importante ver cuál será el plan de acción del Gobierno para abordar estos problemas en 2022 y más allá.

Los mayores pronósticos del gobierno de déficit fiscal en 2021 y un aumento de la relación deuda sobre PIB en el mediano plazo no genero ninguna sorpresa sino que por el contrario son más «realistas».

El Ministerio de Hacienda espera un aumento del déficit fiscal a 8,6 por ciento del PIB este año, frente al 7,8 por ciento de 2020 ante las necesidades de un mayor gasto, buscando reactivar la economía.

Fitch estima que la economía crecerá 4,9 por ciento en 2021 y revisara al alza su pronóstico previo de un déficit fiscal de 7,5 por ciento del PIB para este año. Es positivo que dicho déficit en 2020 fuera inferior a lo que el gobierno esperaba inicialmente, agregó Francis.

La agencia de calificación, con sede central en Nueva York, también le seguirá el rastro a posibles cambios a la llamada regla fiscal. La inclusión de un componente para disminuir la relación deuda/PIB la mejoraría. El aumento de los precios del petróleo, que se acercan a 70 dólares por barril, es marginalmente positivo y ayudará a la nación solo a partir de 2022.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/calificacion-de-riesgo-pais-fitch-pospone-decision-hasta-aprobacion-de-la-tributaria-572402

Actual calificación de la situación financiera por países, 2021.

21.7.-Niños guerrilleros: ¿víctimas o máquinas de guerra? RODRIGO UPRIMNY

El ministro de Defensa, Diego Molano, intentó justificar que el bombardeo al campamento de unas disidencias de las Farc pudiera matar menores, como efectivamente mató a una adolescente, con el argumento de que esos niños guerrilleros son “máquinas de guerra”. Ese hecho doloroso y esa inaceptable declaración del ministro me obligan a retomar los planteamientos de otra columna sobre otro hecho igualmente triste: el bombardeo que en agosto de 2019 mató a ocho menores.

13 mar 2021.- Es obvio que el reclutamiento de menores por grupos armados viola el derecho internacional humanitario (DIH) y constituye un crimen de guerra, por el cual esas disidencias deben responder. Es claro también que aunque el Estado debe hacer lo posible por prevenir esos reclutamientos, la responsabilidad fundamental por la suerte de esos menores recae en los grupos armados. La pregunta que surge es si esos adolescentes guerrilleros, por el hecho de haber entrado a un grupo armado, son un objetivo militar y pueden entonces ser bombardeados, como lo sostiene el ministro Molano al calificarlos de máquinas de guerra.

El ministro se equivoca. Un adolescente en armas puede ser considerado un objetivo militar en circunstancias específicas: cuando participa directamente en un combate. Si una guerrilla utiliza a esos menores en un asalto a un pueblo, el adolescente se convierte en combatiente durante el asalto y la Fuerza Pública puede atacarlo sin violar el DIH.

Sin embargo, el Ejército no puede considerar objetivo militar a esos adolescentes guerrilleros por fuera de esas situaciones de combate pues la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la Universidad McGill en Canadá, sostiene que un menor guerrillero no tiene el mismo estatus que un guerrillero adulto. Ese adolescente debe ser considerado población civil, salvo cuando esté participando directamente en las hostilidades, por cuanto un adolescente reclutado, incluso con su aparente consentimiento, es una víctima pues carece de la autonomía para tomar la decisión de involucrarse en una guerra. Por eso todo reclutamiento de menores es un reclutamiento forzado y un crimen de guerra.

Los adolescentes guerrilleros son víctimas y población civil a ser protegida, salvo cuando participen directamente en las hostilidades. Y esa conclusión se mantiene a pesar de que algunos niños reclutados, tras permanecer muchos años en la guerrilla, lleguen a jefes guerrilleros. Mientras sean niños están protegidos por el DIH, contrariamente a un trino del ministro Molano que sugiere otra cosa: que un niño guerrillero no es una víctima a ser protegida, sino una máquina de guerra en potencia, que deber entonces ser abatida, pues algunos jefes guerrilleros fueron reclutados siendo menores.

Los mandos militares, el ministro y el presidente deben hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento que pretenden atacar hay o no menores, conforme al principio de precaución, que establece que es deber de todo mando militar verificar si el ataque puede afectar a civiles y, si tal es el caso, minimizar los daños a esa población. Pero en este caso no hubo esfuerzos por prevenir muertes de niños guerrilleros, como tampoco lo hubo en el bombardeo de 2019, pues gracias a una solicitud de información de Dejusticia y Cuestión Pública, se demostró que el Ejército sabía que había menores en el campamento y a pesar de eso bombardeó sin compasión. Y parece que eso seguirá pues para el ministro de Defensa y exdirector del ICBF (no es broma, Molano fue director por varios años del ICBF) los niños guerrilleros no son víctimas que deben ser protegidas, sino máquinas de guerra que deben ser destruidas.

https://www.elespectador.com/opinion/ninos-guerrilleros-victimas-o-maquinas-de-guerra/

21.7.-Haciéndole la campaña a Petro ALVARO FORERO

Las sociedades acuden a los cambios extremos cuando consideran que no hay otra salida.

Por eso, cuando los sectores políticos en el poder no logran producir avances económicos y sociales para la población, porque circunstancias como las crisis no lo permiten, evitan facilitarles el trabajo a los enemigos políticos.

7 mar 2021.- El establecimiento político en Colombia se acostumbró durante décadas a un cierto blindaje frente al cambio, primero por el Frente Nacional y luego por el conflicto armado, que bloqueó las posibilidades electorales de la izquierda y garantizó un monopolio de la derecha y el centro políticos. Pero ese “blindaje” se esfumó con la desaparición de la amenaza política de las Farc, como se evidenció en la elección presidencial de 2018 en que la izquierda obtuvo cerca del 40 % de los votos.

El establecimiento político parece no entender que el sistema político está en medio de una transición hacia territorio desconocido, pues en lugar de tomar medidas de precaución parece jugando con candela. No ve que todas las alarmas están prendidas: a la irrelevancia creciente de los partidos se suma una fragmentación política tan profunda que hay cerca de 30 candidatos presidenciales y las encuestas muestran que tanto el Gobierno como el expresidente Uribe —quien dominó la política los últimos 20 años— tienen una desfavorabilidad de cerca del 60 %.

Hacer una transición en medio de una crisis social y económica como la de la pandemia requiere pies de plomo. En cambio, el Gobierno responde con un salvamento económico muy inferior al de países comparables, no hace nada efectivo para contener el aumento de masacres y asesinatos de líderes sociales, ahoga un proceso de paz, abandona su promesa electoral de no entregar “mermelada” a los políticos, se asocia con el clientelismo para cooptar entidades que deben ser independientes, no recrimina con firmeza la brutalidad policial, criminaliza la protesta social, debilita la acción del Congreso con hiperpresidencialismo, debilita la relación con el nuevo gobierno estadounidense, ataca a las instituciones de la justicia para defender su partido y promueve ventajas judiciales para algunos de los peores condenados por corrupción, entre otras acciones que cualquiera calificaría de suicidas en medio de la situación actual.

Acciones que parecerían dirigidas a hacerle la campaña presidencial a Gustavo Petro, quien se frotará las manos recopilando las imágenes que le bastará poner en la publicidad política por televisión para generar indignación. Es muy posible que el balance de estos cuatro años de transición política sea un grave retroceso de los avances que había logrado el país en materia económica, de seguridad y democratización.

Lo grave es que un sector grande de ese establecimiento político considera que puede cometer esos errores porque la única manera de salvarse es crecer la amenaza para reeditar el fantasma del castrochavismo. Sin entender que esta vez la gente puede no creer en el grito de “lobo”, entre otras razones, porque no cree que quien grita es un inocente pastor.

Esa estrategia temeraria los lleva a buscar demoler el dique de contención de la izquierda que es el centro, a Sergio Fajardo y a Claudia López, lo que solo beneficia a Petro. Ojo con el manejo que le están dando al 22.

https://www.elespectador.com/opinion/haciendole-la-campana-a-petro/

21.6.-El bid en problemasSANDRA BORDA

Al gobierno de EE. UU. no le agrada Claver-Carone, cómo fue elegido ni los principios que representa

Cuando tuvo lugar la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, muchos advertimos que apostarle al candidato de Trump, y consecuentemente a la ruptura de la tradición del BID de tener siempre un presidente latinoamericano, era un craso error. La llegada de una carga ideológica de derecha tan fuerte a la institución y que la elección sucediera tan poco tiempo antes de que se supiera quién sería el nuevo presidente en EE. UU. iban a ser vistos por los demócratas en ese país y por la comunidad latinoamericana como una imposición innecesaria y arbitraria.

1 mar 2021.- Los pronósticos se hicieron realidad y los demócratas, como era de esperarse, no están cómodos con Claver-Carone como presidente del Banco. Tanto que algunos han sugerido que sacarlo de su puesto sería una condición para comprometer recursos estadounidenses en la institución y, consecuentemente, en el proceso de recuperación económica latinoamericano. El senador demócrata Patrick Leahy, uno de los miembros del Legislativo con más influencia en temas latinoamericanos, dijo en el momento de la elección de Claver-Carone que ello dificultaría la aprobación en el Senado de un incremento de la contribución estadounidense al capital del banco.

La situación en la región es preocupante. Latinoamérica es probablemente el sitio en donde la pandemia ha afectado más duramente las economías y, como si esto fuera poco, prácticamente todos los mecanismos de cooperación regional han colapsado, no hay liderazgos claros y hay hoy una presencia de China que amenaza todos los días con sustituir la histórica influencia estadounidense en la región.

La próxima asamblea del BID, que tendrá lugar en Barranquilla, será una prueba de fuego para probar la vigencia y la fortaleza del liderazgo estadounidense en la región.

China se ha constituido en el primer socio comercial de América del Sur, con inversiones superiores a los 12,8 miles de millones de dólares, y ha abierto un frente de cooperación de grandes magnitudes a través de su diplomacia para la pandemia –constituyéndose en uno de los proveedores más importantes de material de protección y de vacunas–. Su presencia comercial cada vez adopta más visos políticos y geoestratégicos, y eso tiene preocupado a Washington desde hace ya rato. De tal forma que la próxima asamblea del BID, que tendrá lugar en Barranquilla, será una prueba de fuego para probar la vigencia y la fortaleza del liderazgo estadounidense en la región.

Al nuevo gobierno de Estados Unidos no le agrada Claver-Carone, la forma como fue elegido ni los principios que representa. Por mucho que la cuota de Trump en el BID trate de enviar mensajes de conciliación a la nueva administración en Washington, es claro que su liderazgo poco o nada tiene que ver con las nuevas líneas de relacionamiento hemisférico que intentará avanzar Biden. Pero Biden está un poco entre la espada y la pared en este tema.

Si se dedica a hacer diplomacia y construir coaliciones para sacar a Claver-Carone de su puesto, podría producir una parálisis institucional que tendría un profundo impacto en el proceso de recuperación económica de la región y en el papel que Estados Unidos pueda jugar allí. La situación podría terminar en caos, y ello contribuiría a afianzar la ya existente imagen de Estados Unidos como un socio poco confiable y más bien inestable.

Pero si Biden deja pasar el asunto y se dedica a trabajar bajo las circunstancias que Trump le dejó, va a tener que hacer un esfuerzo grande para torcerle el brazo al activismo ‘anticastrochavista’ de Claver-Carone en la región y reacomodarlo en una agenda de cooperación menos ideologizada. Si el recién llegado presidente del BID trabaja en función de la agenda hemisférica y no en función de las necesidades de su patrón político, no opondrá mucha resistencia. Pero, a juzgar por las credenciales de Claver-Carone y por cómo se han comportado los trumpistas en el pasado, no le veo grandes posibilidades a este último escenario.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sandra-borda-guzman/columna-sobre-claver-carone-y-el-nuevo-gobierno-de-estados-unidos-570296

  • 21.5.-El diario vivir con Duque RAMIRO BEJARANO
  • Reforma estructural EDUARDO SARMIENTO

Desesperante el estilo de este gobierno del subpresidente Duque, que todo lo maneja en función de cómo se vean sus movimientos en los medios o cómo los reproduzcan sus comunicadores de cabecera.

Vargas Llosa: pluma maravillosa, pero ultraderechista.

Pero no es solo el ruido mediático lo que se oye desde los pasillos de la Casa de Nari, sino que además, cuando alguien discrepa o se les vuelve incómodo, siempre hay un litigio que misteriosa y confidencialmente se agita en su contra en la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y hasta en la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy en manos de alias el Rajado, un arrogante e incompetente funcionario que ha quedado muy mal desaprobando los exámenes a los que últimamente se ha presentado para cumplirles a sus aspiraciones burocráticas de lagarto internacional.

27 feb 2021.- Por eso no es raro que para tapar los escándalos oficiales ahora la Fiscalía escarbe Odebrecht y le dispare a Santos, o desempolve expedientes a las contrapartes y abogados del poderoso patrón del Centro Democrático (CD).

En ese ambiente de mediocridad y decadencia, en el Gobierno se la pasan dizque fundando el duquismo y creen que están gobernando con éxito porque no faltan los aplaudidores gratuitos o pagados. Ahí se vanaglorian con una columna de Mario Vargas Llosa, sin duda una pluma maravillosa pero más ultraderechista, quien en su nuevo papel de novio otoñal “enviagrado” absuelve y condena a los políticos latinoamericanos siguiendo el libreto de los chismes que en los mentideros madrileños manipulan los distinguidos señoritos del elegante Partido Popular, acosados por los escándalos de corrupción de los papeles de Bárcenas y muchos otros más.

 Esta vez el peruano nobel de Literatura convirtió en semidioses a Uribe y a su pajecito, pintando a Colombia como un paraíso por la farsa de la supuesta protección migratoria a los venezolanos, sin dedicarle una sola línea a los 6.402 crímenes contra civiles inocentes que nos dejó la Seguridad Democrática, ni a la persecución oficial de críticos, opositores y magistrados de altas cortes que no cesa tampoco en este Gobierno mafioso, corrupto y perseguidor.

La altivez sin fondo es la marca de este cuatrienio. El detestable comisionado de Paz, quien nunca había pedido que se individualizaran los 2.428 casos de “falsos positivos” con los que el uribismo hirsuto no se siente mortificado, desafía a los jueces de la JEP —por fortuna ahora presidida con la contundencia y carácter de Eduardo Cifuentes— pidiéndoles que individualicen a los 6.402 asesinados, como si ello no hubiese ocurrido. Ceballos ofende la majestad y dignidad de la JEP, pues deja la duda de que allá se inventan muertos o los que han salido a la luz pública son sacados de un directorio telefónico. Cuando se trata de poner en duda las cifras de los gobiernos del presidente eterno, allí sí no hay espejo retrovisor ni críticas sino descalificación a la JEP, que pretenden silenciar para que el jefe máximo no tenga más mortificaciones judiciales y para que la única voz que se oiga sea la del obsecuente, vanidoso y peligroso fiscal “Narciso” Barbosa, quien administra la Fiscalía como una sede alterna del CD. En el Gobierno asumen que con ese sartal de mentiras la comunidad internacional va a desechar la voz aquilatada y neutral de José Miguel Vivanco y les va creer el cuento de que aquí no hubo “falsos positivos” y todo fue un lamentable error de hermenéutica porque unos soldados analfabetos confundieron bajas con ejecuciones extrajudiciales.

El Gobierno debe suponer que todos somos idiotas y no nos damos cuenta de que cocinan mentiras. Al país, por ejemplo, lo tienen convencido de que ya llegaron las vacunas contra el COVID-19 porque Duque, en un acto que describe la solemne ridiculez de su mandato, salió a recibirlas como si hubiese llegado el esquivo presidente Biden, quien, entre otras cosas, sigue sin pasarle al teléfono a nadie del gobierno colombiano. La verdad es otra: las vacunas que se han recibido no resuelven la pandemia ni detienen la avalancha de los burguesitos bogotanos y momios caleños que se están yendo a que los vacunen en Miami.

Así sobrevivimos mientras el oportunista director vitalicio de la Federación de Municipios cree que esto se mejora extendiendo en dos años más la tragedia que padecemos.

Adenda. La Contraloría está empeñada en un proceso fiscal porque se perdieron tres vacunas. Hágame el favor el hallazgo. ¡Cojan oficio!

notasdebuhardilla@hotmail.com

https://www.elespectador.com/opinion/el-diario-vivir/

21.5.-Reforma estructural EDUARDO SARMIENTO

Las cifras reportadas sobre la caída del producto no han trascendido. Los números se interpretan sin referencias históricas y comparaciones internacionales. No hay un esfuerzo para entender las causas de la debacle, más concretamente, las razones por las cuales la caída de la producción, el empleo y la distribución del ingreso fueron mayores en Colombia y en América Latina que en el resto del mundo. Lo más grave es que las soluciones no se buscan en las causas sino en las manifestaciones. No se advierte que el mal funcionamiento de la economía colombiana tiene su manifestación más clara en el bajo ahorro.

27 feb 20201.-Las deficiencias estructurales de la economía que venían de atrás y la cuarentena provocaron una reducción drástica de la tasa de ahorro, que se llevó por delante la inversión y la producción, que luego acentuaron la caída del ahorro. La economía se descuadernó y quedó expuesta a un estado de ahorro deficiente, que quebró el balance interno entre ahorro e inversión. Como se señala en el primer curso de economía, el sistema se precipitó en caída libre. El rápido deterioro de la distribución del ingreso llevó a aumentos del déficit fiscal con destinación al consumo. En el año total la tasa de ahorro cayó 20 % y, en consecuencia, provocó una caída del producto nacional de 7 %, un aumento del desempleo de 4 % con reducción de la tasa de ocupación.

El ahorro es un fenómeno abstracto de difícil comprensión. Su caída la anticipé cuando el Gobierno adoptó la cuarentena y no ha tenido mayor respuesta. No sobra señalar que el efecto no se presenta en economías desarrolladas, en especial en Estados Unidos, puesto que los altos ingresos de la población dan lugar a excesos de ahorro. Por eso, estos países han logrado apoyar a los grupos de menores ingresos en magnitudes no imaginadas, algo así como la cuarta parte del producto nacional.

Las condiciones del mal funcionamiento de la economía que se manifiestan en la tasa de ahorro son más estridentes hoy que hace un año. La caída del ahorro de 2020 se extendió a 2021 y probablemente a 2022. El país no tiene el ahorro para rectificar rápidamente el deterioro de la pobreza ni para sostener la inversión, la producción y el empleo. La solución señalada por el mercado es un salario por debajo de la productividad.

Este callejón sin salida es el resultado de la implantación del modelo neoliberal en un mundo que no tiene las condiciones para asimilarlo. La manifestación más gráfica del mal funcionamiento de la economía es el bajo ahorro. Primero ocasionó un déficit en cuenta corriente que colocó el desempleo en 13,5 %, uno de los más altos del mundo, y no es mayor porque bajó la tasa de participación. Segundo, en conjunto con la cuarentena, quebró el balance entre el ahorro y la inversión; la reducción del ahorro provocó la contracción de la inversión, el desplome de la producción y el empleo, que luego acentuaron el deterioro del ahorro. Tercero, configuró un conflicto entre producción y distribución del in greso.

La solución es una reforma estructural que remueva las deficiencias estructurales del modelo que reducen el ahorro y deprimen el salario, entre las cuales se destacan el déficit en cuenta corriente, la política social de transferencias, la concepción monetaria de aumento del dinero por debajo de la demanda y el mantenimiento del salario por debajo de la productividad. La economía pasaría a un modelo de crecimiento equitativo. El mayor ahorro permitiría reducir rápidamente la pobreza y bajar en forma persistente el coeficiente de Gini dentro de un marco de crecimiento superior al histórico.

https://www.elespectador.com/opinion/reforma-estructural/

20.4.-En la quebrada del ají ASCANIO CAVALLO

El profesor José Luis Cea, quizás la persona que más sabe de las constituciones chilenas, ha dicho en este diario que el régimen político “es uno de los problemas más graves para la convención constituyente”. A su juicio, Chile no ha logrado nunca “tener un régimen político estable” y el debate ha sido muchas veces resuelto por la fuerza. Menuda advertencia.

20 feb 2021.- En toda la última década, las oposiciones, de izquierda o derecha según tocara, han denunciado el exceso de facultades del Presidente, el “hiperpresidencialismo” que se arrastra desde la Constitución de 1980 y se ha mantenido por encima del centenar de reformas a ese texto. Conviene recordar que en los debates previos a 1980, quien más insistió en la necesidad de una Presidencia fortificada fue el expresidente Jorge Alessandri, traumatizado por la experiencia de su padre, “El León”, en la fase agónica de la República parlamentaria.

Durante esta misma década, los parlamentarios han reclamado, en todas las escalas de acordes, por las facultades limitadas del Congreso. Después del 18-O, algunas figuras de la oposición le propusieron o le advirtieron al Presidente Piñera que aceptara un parlamentarismo de facto. En cuanto a los límites de las facultades, bajo la pandemia han sido rotos una y otra vez. Pero nada de esto tiene que ver con la Constitución, sino con la política.

El gobierno de Piñera ha sido desbordado en todos estos campos y es, desde el punto de vista institucional, el más débil desde Salvador Allende. No sólo en lo simbólico. Ningún presidente había sido tan insultado, vilipendiado, acusado y hasta injuriado como Piñera. Desde Allende. Y a ninguno se lo había querido derrocar, por la calle o por la ley… desde Allende.

Pero deducir que la debilidad de Piñera se debe al régimen político sería otro error de principiante, como ya fueron el voto voluntario, el cambio de sistema electoral y los límites a las reelecciones parlamentarias. Estas tres reformas -ingeniería social, cómo no- se ofrecieron como respuestas a la desafección con la política y, por lo que se ve, sólo han logrado profundizarla, o quizás volverla endémica. Ninguna ha mejorado la calidad de la política. Lo único que la mejora, parece, es la calidad de sus protagonistas, su nivel intelectual, su racionalidad, su inteligencia autocrítica. Cuando la política no es argumento, es porque se ha convertido en otra cosa.

La encrucijada es algo más honda.

Lo que se ha quebrado por segunda vez en Chile es lo que durante buena parte del siglo XX se llamó el Estado de Compromiso, es decir, un acuerdo mínimo acerca de la manera en que el país progresa (la “estrategia de desarrollo”), acompañado por la conciencia de que a veces el poder se pierde y, por tanto, la oposición no se puede ejercer con la voluntad constante de derrocar al otro. La primera vez que se quebró el Estado de Compromiso fue en los años 70. El final fue el golpe de Estado.

Esta segunda ruptura no ocurrió el 18-O (el profesor Cea exhibe su agudeza histórica cuando dice “no estar seguro todavía” de lo que significó esa fecha) ni en un momento preciso: ha sido un proceso cuyas raíces se pueden hallar, tal vez, en las ansiedades que rodearon a la primera derrota de la Concertación, el 2010, y el temor neurótico de la derecha de que no se le permitiera gobernar. Expresión de esa crispación es el hecho de que Piñera despidiera a más de la mitad de los funcionarios públicos elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública, con lo que estuvo cerca de destruir una de las más valiosas nuevas instituciones del Estado. Y por el otro lado, la coalición derrotada no hizo nunca el proceso autocrítico que le permitiera saber por qué fue desalojada.

El régimen presidencial inviste de honores y poderes a la persona que consigue la votación más alta del país. Es poco relevante que el nivel de abstención sea alto, porque eso afecta al ganador tanto como a los derrotados, pero el voto voluntario ha permitido convertir el problema en un argumento de deslegitimación. Piñera fue el más votado, pero ni la UDI ni RN cumplieron con su tarea y dejaron al gobierno con minoría en el Congreso. Esta no era una novedad: salvo unos pocos meses de Bachelet, ningún gobierno desde 1990 tuvo mayoría parlamentaria. Pero tampoco ninguno enfrentó una tan nítida voluntad de derrocarlo.

Si el régimen actual hubiese sido parlamentario, no habría llegado al gobierno la derecha, sino, probablemente, algún congresista del PS o el PPD. En la quebrada del ají, con los varios cambios de alianzas en el Parlamento, desde el 2018 hasta ahora ya habrían existido entre dos y tres gobiernos. La experiencia histórica de Chile es taxativa con el parlamentarismo, claro que en condiciones muy diferentes. En los 30 años que duró, desde la muerte del Presidente Balmaceda hasta 1920, los diputados, que no recibían dieta, intercambiaron cargos públicos y sobornos para asegurar las mayorías. El presidencialismo de la Constitución de 1925 es producto directo de ese enojo.

Si el régimen hubiese sido semipresidencial, a la francesa, Piñera hubiese tenido que gobernar desde el primer día con un primer ministro opositor. Los franceses llaman a esto co-habitación, y desde que se produjo por primera vez, a mediados de los 80, ha sido una forma de gobierno tan incómoda como su nombre lo indica. En la quebrada del ají ya hubiesen pasado por el palacio unos tres primeros ministros en 35 meses.

Muchos intelectuales sostienen que el nuevo régimen político debe ser una fórmula que permita la interacción fluida entre las visiones del Presidente y los parlamentarios. Pero esto puede ser pura verbigeración si no hay un piso que lo permita y si sus protagonistas no recuperan algo del prestigio que injustamente han perdido. Durante el estado de empate crítico del 2019 -el Presidente no era derrocado, pero tampoco triunfaba-, se inventó un artefacto para recuperarlo, buscarlo, crearlo, en fin, hacer algo con el suelo desfondado.

Ese artefacto es la convención constituyente.

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-en-la-quebrada-del-aji/HVSZU2HV35AMBAQCCXNBKRS2V4/

  • 20.3.-Gobernar buscando pleitos GUSTAVO ÁLVAREZ
  • Deslealtad y torpeza del gobierno PATRICIA LARA

Sacar al gerente de EPM por abrir la portezuela del diálogo para salvar Hidroituango, muestra un alcalde orientado a bombardear la plutocracia antioqueña que el país aceptaba indiscutiblemente como clase pujante

El alcalde o desconoce los efectos financieros que esas movidas caprichosas tienen sobre la seguridad de EPM o quiere jugar a ser Sansón con los filisteos 

Audio al final del texto

El alcalde de Medellín se ha ido especializando en controvertir las sabias instrucciones de quienes han estudiado el arte de la guerra a lo largo de la historia.

11 feb 2021.- No se tiene conocimiento de caudillo gobernante que haya podido salir victorioso cuando busca pleito contra tantos enemigos a la vez, pero Daniel Quintero si lo ha hecho y las ilusiones que pudiera haber forjado con su elección se han ido transformando en señales de peligro de lo que puede pasarle a la otrora estable y capaz dirigencia antioqueña de todos los matices.

La batalla que inició en las primeras de cambio contra la plutocracia paisa desnudando sus estilos de trabajar mancomunadamente con las autoridades municipales y departamentales, se ha ido convirtiendo cada día más en una representación teatral que ya deja asomar la noción vengativa en sus entrañas. Quienes nos enteramos de su ficha biográfica cuando lo iban a elegir y nos dimos cuenta que a Medellín lo iba a gobernar un trepador vertiginoso, antiguo habitante de Campo Valdés, que de vender encima de un tapete extendido en un andén de Junín había llegado a ser viceministro, sabíamos que o resultaría un gobernante con garra y Medellín daría un gran vuelco o se corría el riesgo de que  aplicara los tornillos de la venganza contra todos los que desde su puestico del andén vio entrar al entonces poderoso Club Unión o  al Edificio Coltejer.

La batalla que inició contra la plutocracia paisa se ha ido convirtiendo en una representación teatral que ya deja asomar la noción vengativa en sus entrañas

El último de sus incidentes, el de sacar al gerente de EPM porque abrió una portezuela al diálogo buscando como salvar Hidroituango, demuestra que su afán está orientado a bombardear a como sea a esa plutocracia antioqueña que el país aceptaba indiscutiblemente como clase pujante y él la quiere presentar como una confederación de ordeñadores tramposos. Pero, sobre todo, hace ver que o desconoce los efectos financieros que esas movidas caprichosas tienen sobre la seguridad de EPM (ya la calificadora Fitch pegó el grito en el cielo) o quiere jugar a ser Sansón con los filisteos.

Si de verdad todos estos pleitos no tuvieran el toquecito de soberbia, que ya se le reconoce hasta en el caminado empinadito, podrían ser positivos para Antioquia y su porvenir político y financiero. Pero con la precipitud con que los forja y los encadena, es probable que no esté construyendo el rosario de la buenaventura que rezaban nuestras abuelas, las matriarcas paisas, sino las escaleras al infierno para Medellín y para él.

https://www.las2orillas.co/gobernar-buscando-pleitos/

20.3.-Deslealtad y torpeza del gobierno PATRICIA LARA

Prensa Latina

Más tardó el embajador cubano, José Luis Ponce, en llegar a su casa luego de entregarle al vicecanciller, Francisco Echeverri, el memorando donde decía que en la Embajada habían recibido información sobre “un supuesto ataque militar del Frente Oriental de Guerra del Eln para los próximos días en Bogotá”, que la noticia en filtrarse a la prensa y el Gobierno en salir a demeritar el gesto de Cuba, en vez de agradecerlo.

11 feb 2021.- En realidad, se trataba de una información que debía manejarse con cautela, de modo que los servicios de inteligencia colombianos pudieran hacer las averiguaciones del caso y prevenir el atentado, sin infundirles miedo a los bogotanos ni alertar a esa estructura del Eln. Pero no, el gobierno del presidente Iván Duque optó por revelarla de inmediato y, como ya es su costumbre, atacar a Cuba. También exigió que la isla incumpliera los protocolos firmados por solicitud del Estado colombiano, como país garante del proceso de paz con el Eln, y que extraditara a los miembros de la delegación de paz que están en La Habana, quienes, según le dijeron al gobierno cubano, desconocían esa información.

De inmediato, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió a decir que ese no era un tema nuevo y que el Gobierno reiteraba su firme decisión “de desmantelar” el Eln como “único mecanismo para prevenir que siga con sus actos terroristas en diferentes regiones del país”. Eso estaría muy bien. Sin embargo, en lo que va de la administración Duque solamente hemos visto que han caído un par de cabecillas y que se desmovilizó un grupito, pero la guerra en los territorios continúa y la matazón y el sufrimiento de sus habitantes aumentan, mientras estos claman que, por favor, se reanude el proceso de paz con el Eln, pues cuando hay diálogos los matan menos.

Si bien el comisionado de Paz, Miguel Ceballos —quien más bien debería llamarse comisionado de Guerra—, reconoció el gesto de Cuba y dijo que ese país había cumplido con sus obligaciones como firmante de tratados sobre lucha contra el terrorismo, por otra parte, insistió en que la isla incumpliera sus compromisos internacionales y extraditara a los miembros de la delegación del Eln, cuya presencia ya le sabe a cacho al gobierno cubano.

Como si la contradicción fuera poca, el comisionado le añadió a su galimatías una burrada más: según él, si los guerrilleros del Eln que están en Cuba desconocían la información sobre los supuestos planes para realizar ataques terroristas en Bogotá, no se puede llevar a cabo un proceso de paz con dicho grupo porque eso demuestra que no tienen mando o están divididos.

Pero si es verdad que el Eln está fragmentado, ¿no sería mucho más sensato creer que al dialogar con ellos se debilitarían los sectores militaristas de esa organización? ¿No se dan cuenta el comisionado Ceballos y el presidente Duque de que si cierran sistemáticamente las puertas del diálogo lo que hacen es fortalecer el ala militarista del Eln, porque les envían el mensaje de que la única opción que tienen es la guerra? Si emprendieran una nueva negociación y al final constataran que podría pactarse la paz sólo con un sector de la guerrilla, ¿no sería eso mejor para Colombia y que disminuyera así el número de efectivos en armas?

Esas serían las preguntas que muy seguramente se haría un Gobierno que quisiera la paz, pero como no sabemos si este lo que quiere es la guerra…

https://www.elespectador.com/opinion/deslealtad-y-torpeza/

21.2.-Nadie es eterno en el mundo, 2021 vendrá mejor CAMILO DÍAZ

El coronavirus encontrará su extinción en la vacuna, que ya empieza aplicarse, y en la resiliencia de la sociedad para reponerse.

Este 2020 que se asoma a su final ha sido un año extremadamente retador. Desde hace cien años, la sociedad no enfrentaba un desafío semejante, sin embargo, ahora fue un poco más fácil y, aunque con un alto costo en vidas humanas y estragos económicos inmensos, ya empezamos a ver el final del coronavirus que va a encontrar su extinción en la inventiva humana para desarrollar la vacuna junto con el inicio de su aplicación. 

19 dic 2020.- El coronavirus, igual que todo en la vida, no es eterno en el mundo. Ahora es importante pensar en las lecciones aprendidas y ponerlas en práctica.

Hace un año el coronavirus empezaba a acecharnos, un año después, la obtención de la vacuna más su distribución empiezan a inclinar la balanza, hoy son Pfizer Biontech, Moderna, y Astrazeneca etc. quienes están acechando al virus. Indispensable en este momento la disciplina de la sociedad y continuar con las medidas de protección para que los riesgos, sino se mitigan del todo, al menos sean menores.

Con la distribución masiva de la vacuna y la inmunidad que esta puede brindar, poco a poco el virus y sus consecuencias letales irán extinguiéndose y, con ello, la mayor parte de las actividades que hacíamos antes regresarán, pero también es un hecho que no todo volverá a ser igual.

Primero, el trabajo en casa llegó para quedarse. Es lógico que habrá un equilibrio entre 100% trabajo remoto y presencial, se puede pensar que habrá más trabajo remoto sin llegar al extremo de solo trabajo a distancia, pero el cambio sí se implementará.

Lea también: Que el aumento del mínimo no se quede en poco

Segundo, más conciencia ambiental y cuidado del planeta son acciones que deben profundizarse. Así como el coronavirus está encontrando el límite en la inventiva humana, los humanos, de no cambiar nuestros hábitos, pronto lo encontraremos en la capacidad del planeta para soportar nuestras infracciones contra él y la exigencia de nuevos recursos que en gran medida se desperdician.

El 2021 vendrá mejor, porque al contener la letalidad del virus se permitirá abrir el tránsito de pasajeros, se van a abrir los sectores de la economía que faltan, así como rescindir los confinamientos que a nivel global se han tenido que volver a implementar para evitar más muertes y propagación del virus.

La demanda por bienes y servicios iniciará su fase de recuperación, igual que parte de los empleos que se destruyeron. Este punto es transcendental, el foco de las políticas públicas además de la vacunación debe ser la generación de empleo y la implementación de mecanismos que permitan que las brechas de desigualdad que se ampliaron por los efectos de la pandemia se cierren. Millones de personas alrededor del planeta perdieron sus empleos, vieron quebrar sus emprendimientos o quedaron sin ingresos para subsistir dignamente; la recuperación solo se puede considerar un éxito si además de eliminar los efectos del coronavirus en la salud, también se revierten los efectos económicos que ha causado, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

Debemos recibir 2021 con optimismo, conservando las medidas de prevención, pero con la confianza de que será un año de recuperación, que vamos a aprender de lo sucedido en 2020, olvidando lo malo que paso, dejar atrás los malos momentos de lo que se perdió y no es posible recuperar, para pasar a construir lo bueno que nos puede traer 2021. Retos en la salud van a continuar, retos en lo económico habrá muchísimos, no obstante, la recuperación traerá oportunidades, por eso lo mejor es cerrar el año sin pendientes para recibir lo bueno que traerá 2021.

A todos quienes siguen esta columna mi más sincera gratitud por su compañía, les deseo felices fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a los seres que aman. Nos veremos de nuevo el tercer sábado de enero de un año que será fabuloso.

https://www.semana.com/opinion/columnistas/articulo/nadie-es-eterno-en-el-mundo-2021-vendra-mejor-por-camilo-diaz/310223/ 

21.1.-La liberación masculina CRISTINA DE LA TORRE 

Sí, los 15 feminicidios que debutaron con el año, a razón de uno diario, no aparecen por casualidad. Se gestaron en los millones de violencias cotidianas contra las mujeres que, escalando desde la descalificación sutil hasta la violación y la paliza, pueden llegar al asesinato. Producto del machismo que la tradición impone y oprime de refilón a muchos hombres, la agresión reafirma su virilidad como avasallamiento brutal de la mujer.

25 ene 2021.- En esta pandemia se triplicó. Citan Las Igualadas el concepto de un señor que no pocos comparten: “Tanta violencia contra las mujeres en la cuarentena es porque joden mucho y por eso les cascan”. Hablan, golpean y matan desde el privilegio que textos sagrados y culturas naturalizan para que la diferencia de sexos lo sea también de poder por los siglos de los siglos, amén: la mujer será distinta, pero será también inferior al varón. Tenida por débil, subordinada, intuitiva, emocional, negada para la vida pública, se contrajo su espacio a la vida doméstica y, sus funciones, a parir y cuidar a los demás. Para insultar a un niño se le dice nena; para insultar al adulto, marica. En ambos casos el fin es humillar, reduciéndolo a “mujer”.

Autoconstruido en la historia como depositario de la fuerza, la inteligencia, la audacia, la razón, la libertad y la hombría; a salvo de emociones (menos la de la ira que cultiva desde niño), se le asignaron a este deberes que desafían todos los días su capacidad para dar la talla: ha de ser proveedor del hogar, protector de la mujer (su propiedad), reproductor sometido a la prueba cotidiana de su “virilidad”. El macho alfa, el valiente, ha de calibrar su potencia en la guerra, en la cama, en todos los escenarios de la vida diaria. Mas con el riesgo recíproco de su propia integridad. Y con sufrimiento. En cotas infinitamente menores que el padecido por las mujeres, es verdad, pero encarnar el estereotipo violento que el patriarcado impone también produce escozor.

Bien porque sentirse enfermo les sugiera peligrosa vecindad a la femenil debilidad o porque el sistema los supone supermanes, no reciben ellos cuidado médico o protección social suficientes. La población carcelaria es desproporcionadamente masculina acaso porque los hombres se sienten obligados a batirse siempre a puños o a puñal. Y son los que van a la guerra (que ellos mismos inventaron). Miles de ellos deben responder por una paternidad impuesta por mujeres que se hacen embarazar para retener al compañero. O les raptan para siempre a sus hijos. Violencias invisibilizadas por el prurito de que “los hombres no lloran”.

Pero cada vez más hombres rompen el molde, la jerarquía moral y de poder que les vino en suerte sobre la mujer. Nuevas Masculinidades, movimiento de rebelión contra la masculinidad convencional que hace crisis, busca “desaprender” los roles de hombre y mujer inoculados por el patriarcado milenario y aventurarse en formas distintas de ser varón: sin violentar a los demás. Que cada hombre exprese su género como quiera. Dándose licencia en ternuras, en empatía, en reconocer sus miedos, en expresar emociones libremente, en ejercer de padre sin aplastar al niño, en tratar de igual a igual a la compañera o compañero.

El modelo de macho alfa chilla en sociedades plurales, diversas y de individuos libres. Las de hoy. Si a las mujeres las educan desde niñas como adultas (madres), las nuevas masculinidades están educando a los hombres para la adultez. Si la liberación femenina es triunfo de la igualdad en derechos que no han de ser privilegio de género, la liberación masculina vendrá de trocar el privilegio en derecho de ciudadanía, común a todos. Grandes esperanzas de cambio se abren si a los movimientos feminista y LGBTI se suma el de Nuevas Masculinidades. Una revolución.

Cristinadelatorre.com.co

https://www.elespectador.com/opinion/la-liberacion-masculina/

20.44.-Vacunas sin transparencia RODRIGO UPRIMNY

Es alentadora la noticia de que varias posibles vacunas contra el COVID-19 estarían mostrando buenos resultados en términos de seguridad y eficacia. Sin embargo, hay también informaciones preocupantes sobre las formas de aprobación, producción y distribución de estas.

28 nov 2020.- Aporto elementos para una discusión pública más informada sobre el tema, que es necesaria y urgente, porque el Congreso tramita a toda velocidad un proyecto sobre vacunas para COVID-19 (PL 284 Cámara) que tiene aspectos problemáticos, y el Gobierno está tomando decisiones poco transparentes en este campo.

Esta noticia sobre posibles vacunas para el COVID-19 está basada en la información suministrada por las propias farmacéuticas, que obviamente son la parte interesada. Por eso es importante permitir que las autoridades sanitarias de los distintos países puedan evaluar, con independencia y sin presiones, esa información para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas antes de aprobarlas. Aquí hay un primer punto problemático del PL 284 Cámara, como fue aprobado en primer debate, y es que sin justificación clara crea una nueva instancia de evaluación de los efectos adversos de las vacunas, desplazando al Invima, que es la agencia sanitaria que tiene esa competencia. ¿Por qué esta desarticulación de la institucionalidad sanitaria? ¿En quién recaería la responsabilidad de protección de la salud pública por eventos adversos si las decisiones entre esa nueva instancia y el Invima son contradictorias?

De otro lado, la perspectiva de una vacuna ha llevado a una competencia entre los Estados para obtener acuerdos con las farmacéuticas y lograr prioridad en el suministro de vacunas. Este nacionalismo es políticamente comprensible, pero es un desastre humanitario y sanitario a escala global, por lo cual es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, como lo discutiré en otro escrito. En esta columna quiero centrarme en sus efectos en Colombia, pues el gobierno Duque ha entrado de lleno en esa competencia nacionalista por la vacuna y ha tomado dos decisiones poco transparentes.

Primera, ha dicho que ya negoció el acceso a 20 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, pero no sabemos cuál vacuna, ni en qué condiciones, ni a qué costo. Esos temas no son menores, pues los precios varían mucho: por ejemplo, la de AstraZeneca/Oxford costaría US$4, mientras que la de Moderna valdría US$33, lo cual es significativo pues hablamos de millones de dosis. Además, hay vacunas que por sus condiciones extremas de refrigeración pueden ser de difícil distribución en muchas partes de Colombia.

Segunda, al parecer el Gobierno negoció con las farmacéuticas cláusulas para reducir drásticamente su responsabilidad. Por eso, el texto aprobado en primer debate del PL 284 Cámara señala que esos fabricantes solo responden por los efectos adversos de las vacunas si hubo de parte de la farmacéutica dolo, es decir, mala intención o culpa grave, que es cometer una imprudencia extrema. A diferencia de todos los demás comerciantes, no responderían entonces por las faltas de cuidado ordinarias. Uno no encuentra en las ponencias del Senado ni de la Cámara ninguna explicación sólida por esta drástica reducción de responsabilidad a las farmacéuticas, que no solo es injustificada sino que además envía un mensaje muy problemático a la ciudadanía: que esas vacunas no serían seguras, con lo cual la resistencia a recibirlas se incrementaría.

Es esperanzador que exista la perspectiva de múltiples vacunas contra el COVID-19, pero el gobierno Duque nos debe varias explicaciones. Y el Congreso no debería aprobar esa ley sin que esos interrogantes sean respondidos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/vacunas-sin-transparencia/

 

  • 20.43.-Carta a Alejandro Santo Domingo por su decisión de mantener El Espectador   – PATRICIA LARA
  • SOS a la prensa – GERMÁN VARGAS

Alejandro Santo Domingo. Foto Zona Cero

Aun cuando a usted no lo conozco, hoy le repito lo que le dije en mi correo del 9 de julio: gracias por su decisión de mantener El Espectador. Entonces usted me respondió: “Seguiremos invirtiendo en El Espectador para que siga siendo un medio de alcance nacional, independiente, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de Colombia”.

19 nov 2020.- Es admirable que un empresario como usted tenga ese talante liberal, que le permite rendirle culto a la libertad de expresión y respetar la independencia de sus columnistas, su director y sus periodistas, así en ocasiones esta vaya contra los intereses de su grupo económico, como fue el caso de una vieja columna de Salomón Kalmanovitz. Nada ha hecho tambalear su convicción de que la misión de El Espectador es defender la libertad de expresión y la buena marcha de las instituciones. Y mucho menos lo intimidan las llamadas que a cada rato le hacen para protestar por informes del periódico o por el tan cacareado “riesgo del castrochavismo” que, de manera ridícula, hasta Trump llegó a esgrimir.

Es justamente ese talante liberal, que usted demuestra al permitir que El Espectador denuncie cualquier abuso de poder, el que lo hace tan digno de respeto y admiración.

Desafortunadamente, y eso es grave para nuestra democracia, otro medio escrito que antes era un referente en América Latina ha caído en manos de un empresario inmaduro, desequilibrado e ignorante, al que solo le interesa ganar dinero y hacerle venias al poder de turno para que lo invite a almorzar el fiscal hoy o el presidente mañana.

De modo que, una vez asesinada la verdadera revista Semana, solo queda El Espectador como medio escrito independiente.

Afortunadamente usted, Alejandro Santo Domingo, un historiador graduado de la Universidad de Harvard, ha sabido honrar la amistad que tuvieron su padre y Gabriel García Márquez, a quien, según la leyenda, él le prometió que nunca cerraría El Espectador, diario que cumplió 133 años de existencia y cuyo legado, desde su fundador, don Fidel Cano, usted ha sabido mantener.

Por todo ello estoy convencida de que, a pesar de la crisis económica desatada por la pandemia, El Espectador se mantendrá vivo, pues cuenta no solo con el apoyo de sus fieles lectores y el enorme respaldo económico que le dan usted y su grupo, sino con esa decisión política que usted tomó de apostarle a que en Colombia exista un periódico independiente. Uno que, de la mano de su director, Fidel Cano, se la juegue por mostrar la verdad desde sus distintos ángulos, contribuir a la paz y a la reconciliación que tanta falta le hacen al país, y dejar que columnistas representantes de todo el espectro político opinen sin limitación alguna.

Ese es el pluralismo que Colombia necesita. Gracias por permitirlo y estimularlo, así le ocasione pérdidas. Esa actitud suya enseña qué es tener principios y qué es defender la libertad de expresión. Es obvio que un día el periódico tendrá que cambiar y adaptarse a la nueva realidad de los medios. ¡Pero El Espectador no puede desaparecer! Colombia no merecería quedarse en manos de unos medios manipulados por dueños que carecen de eso que a usted le sobra: el talante liberal que estimula la convivencia pacífica y la construcción de un país donde quepamos todos…

Gracias, señor…

https://www.elespectador.com/opinion/carta-a-alejandro-santo-domingo/

20.43.-SOS a la prensa – GERMÁN VARGAS

Ya es hora de que Gobierno y Congreso aprueben medidas que preserven la independencia informativa.

Muy grave para la democracia y para el pluralismo informativo la crisis, agravada por la pandemia, por la que atraviesan los medios de comunicación escritos. Preocupan en especial los diarios regionales que por décadas orientaron a la opinión y recogieron realidades que los medios con alcance nacional han ignorado o no han conseguido transmitir adecuadamente.

22 nov 2020.- Periódicos como El Heraldo, El Universal, La Patria, El Meridiano, La Opinión, Vanguardia o El País de Cali, para citar solo algunos, luchan día a día por sobrevivir. Mantenerlos a flote significa un esfuerzo descomunal para sus propietarios, directores y salas de redacción.

Estas casas editoriales han cultivado en las regiones la libertad de expresión, el pluralismo, la educación y la cultura y han sido semilleros de destacados escritores, poetas y periodistas, y también de líderes políticos y empresariales.

Para nadie es un secreto esta profunda crisis. Basta ver el tamaño de las ediciones, la pérdida de cobertura, la disminución en la pauta publicitaria. Entre 2014 y 2018 los periódicos redujeron sus ingresos en más de un 50 % en pesos constantes y este año la reducción ha sido de más del 40 % frente al mismo periodo de 2019. Con alguna excepción, todos los medios escritos regionales están operando a pérdida, quién sabe por cuánto tiempo más.

Esta realidad no es exclusiva de Colombia. Por eso, en muchos países se han adoptado de tiempo atrás medidas de todo tipo para preservar este patrimonio de las naciones.

Un recorrido por algunos de estos países puede ofrecernos ideas para implementar en el nuestro. En Austria, por ejemplo, desde 1975 existen subsidios directos a la distribución, con lo cual se busca apoyar “el mantenimiento de la verdad”. En Alemania se aprobó un apoyo de 220 millones de euros para los medios impresos, para acompañarlos en la transición digital. En Bélgica, las subvenciones corren por cuenta de las regiones y se subsidian los costos de operación, la formación de periodistas e, incluso, el lanzamiento de nuevos periódicos. Los subsidios se adjudican mediante licitaciones públicas y se financian en muchos países con un porcentaje de los ingresos por el uso y la explotación del espectro electromagnético. Una idea que bien podríamos evaluar en nuestro país.

En Dinamarca, Estonia y Finlandia se subsidian publicaciones culturales y científicas, aquellas dirigidas a las poblaciones infantiles y juveniles; también, la distribución y la entrega física en lugares apartados. Pero los campeones en Europa son los franceses. Allí los subsidios se asignan en un comité integrado por el Gobierno y representantes de la prensa que ha dispuesto más de 1.000 millones de euros al año para modernización y apoyo a medios locales, entre otros.

En Portugal, la protección se elevó a rango constitucional y el Estado tiene la obligación de apoyar a la prensa. Más de 150 periódicos se benefician anualmente de estos apoyos.

Las ayudas en otros países son indirectas y toman la forma de beneficios fiscales, tanto para los medios como para los periodistas, asignación de partidas para cubrir gastos de desplazamiento, gastos de arrendamiento de locales o fondos para garantizar préstamos de inversión y capital de trabajo de los periódicos.

Durante la pandemia se han irrigado millones de dólares en publicidad para campañas de salud y prevención y se han dado apoyos para cubrir las pérdidas operativas, como en el caso de Dinamarca. En Estados Unidos se discute en el Congreso una ley de sostenibilidad del periodismo local, que incluye créditos fiscales, apoyo a pequeñas empresas para compra de publicidad, incentivos fiscales para contratación de periodistas y un agresivo programa para “sembrar periódicos locales”.

Ya va siendo hora de que en Colombia, siguiendo el ejemplo de la gran mayoría de las democracias occidentales, el Gobierno y el Congreso aprueben un conjunto de medidas que, preservando la independencia informativa, consigan garantizar la supervivencia de los medios escritos antes de que sea tarde y nos quedemos en manos de las redes, con sus virtudes, pero también con sus grandes falencias, sus noticias falsas y su anonimato en materia de responsabilidad informativa.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sos-a-la-prensa-columna-de-german-vargas-lleras-550349 

20.42.-La disolución de una república – SALOMÓN KALMANOVITZ

Nada más corrosivo para las instituciones de un país que su comandante en jefe las degrade. Eso fue lo que hizo Donald Trump al desconocer el triunfo de su oponente —que le sacó más de 4,1 millones de sufragios de ventaja en el voto popular—, mentir sobre supuestos fraudes en los comicios, denunciar como corruptas a las ciudades donde predomina la población negra y anunciar demandas sin fin que pretenden empantanar el proceso electoral.

8 nov 2020.- ¿Cuáles son los alegatos de fraude denunciados por Trump? Que los votos por correo, modalidad aprobada por más de 33 legislaturas estatales y el Distrito de Columbia, son ilegales. En las elecciones de 2016 hubo 33 millones de votos por correo y esta cifra aumentó considerablemente en las de 2020 como respuesta a la pandemia de COVID-19. Los demócratas lo recomendaron a sus seguidores mientras que Trump lo desestimó, poniendo en riesgo la salud de sus fieles no solo a la hora de votar sino también en su maratón de concentraciones sin requerir el uso de mascarillas ni distanciamiento.

El conteo de los votos presenciales se hace primero, por lo cual parecía que Trump ganaba la elección la misma noche de la contienda. El hombre quiso capitalizarlo demandando infructuosamente que se detuviera el conteo. El voto por correo fue muy abundante y es más demorado de contabilizar porque se debe autenticar la identidad y firma del votante, pero fue el que demolió la ventaja del presidente y entregó la victoria a Joe Biden. Parece que el Partido Republicano mantendrá el control del Senado, a pesar de ser minoría.

Entre tanto, la pandemia se apodera de Estados Unidos. Para el 5 de noviembre se estaban contabilizando 126.000 nuevos casos, poniendo a prueba el sistema de salud que cuenta con poco respaldo del gobierno federal. El pésimo manejo de la peste pudo haberle costado a Trump la derrota que sufrió en la elección del 3 de noviembre.

El presidente Trump no es un estadista. Es un plutócrata disfrazado de político sectario en la tradición de extrema derecha de Joseph McCarthy. Representa a un abanico de tendencias reaccionarias: sectores empresariales y mineros, trabajadores empobrecidos por la globalización, aunque Biden recuperó los estados que más se desindustrializaron: Wisconsin, Michigan e Illinois. Poblaciones resentidas que incluyen a blancos supremacistas, racistas y antisemitas, y hombres machistas encandilados por el aparente éxito de Trump con mujeres bellas. En últimas, se trata de la fuerte resistencia de una población blanca minoritaria, amenazada por el cambio demográfico que anuncia una mayoría de población latina, negra y asiática hacia el futuro.

Papa Francisco felicitó a Joe Biden por su triunfo en las urnas en una llamada telefónica este jueves.

Papa Francisco felicita a Joe Biden, segundo católico en ganar la presidencia de EE. UU.

Los atletas estadounidenses utilizaron su influencia en redes para mostrar su descontento con el gobierno del anterior presidente de los Estados Unidos.

El partido que perdió Donald Trump con los deportistas

Un astronauta, una mujer trans, una seguidora de las teorías de conspiración, un joven seguidor de Trump y un candidato que ya falleció ganaron escaños.

Los nuevos rostros de la política en Estados Unidos

Es increíble ver a un mandatario que se la pasa insultando, poniéndoles sobrenombres a sus enemigos o demandándole a su fiscal de bolsillo, William Barr, que los encarcele. El candidato que prometió limpiar el pantano de Washington terminó corrompiendo la política estadounidense hasta el tuétano, recibiendo coimas de empresarios y gobiernos extranjeros, favoreciendo sus negocios, señalando con el dedo a las empresas ganadoras e intentando arruinar a las que no lo apoyaban.

Lo más grave de todo es que Estados Unidos se volvió ingobernable, gracias a un líder desquiciado de la oposición que cuenta con el apoyo de 47,7 % de los votantes. Trump ha socavado los pilares de la democracia estadounidense, después de 250 años de brillante tradición.

https://www.elespectador.com/opinion/la-disolucion-de-una-republica/

  • 20.41.-Gustavo Petro: una candidatura que se enreda –  MIGUEL ANTONIO GALVIS 

Tres hechos recientes y una cadena de errores anteriores hacen difícil que Petro vuelva a ser el candidato de la izquierda en las presidenciales del 2022. ¿Cuál es la alternativa?

Candidato en problemas

2 nov 2020.- En los últimos días han ocurrido tres hechos que dejan entrever un futuro político difícil para el senador Gustavo Petro:

  1. El retiro anunciadode su compañera de fórmula en la presidenciales de 2018, Ángela María Robledo, del movimiento Colombia Humana;
  1. La escisión del Polo Democrático Alternativodel nuevo movimiento político, “Dignidad”, que encabeza Jorge Enrique Robledo;
  1. La afirmación del senador Gustavo Bolívaren el sentido de que si Petro es elegido a la Presidencia “sin mayorías en el Congreso, no duraría un año”.

¿Qué significan estos sucesos para las elecciones de 2022? ¿Qué tan sólida es hoy por hoy la candidatura de Gustavo Petro? ¿Cuál sería la ruta para que la izquierda llegue unida a las elecciones?

El candidato de la división

Aunque en las elecciones de 2018 Gustavo Petro obtuvo la votación más alta que ha tenido la izquierda en Colombia, su figura es un motivo constante de divisiones.

Después de su derrota en la segunda vuelta frente a Duque, el hoy senador fue tomando posiciones que cayeron mal entre algunos sectores de la izquierda y entre muchos ciudadanos. Por ejemplo:

  1. Les achacó su derrota a otros candidatos. Petro afirmó que Sergio Fajardo “le entregó la presidencia al uribismo” por su invitación a votar en blanco. Aún hoy, en las redes sociales y en los foros políticos se sigue discutiendo el efecto de los votos en blanco sobre el resultado de las presidenciales.
  2. En sus entrevistas y en sus redes sociales, Petro se ha referido a sí mismocomo “el dirigente de la oposición”. Esto no ha caído bien a muchos congresistas, puesto que la oposición al gobierno de Duque no está unificaday tiene varios voceros.

De hecho, partidos como el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde –también de oposición– tienen una representación mayor en el Congreso que la Colombia Humana.

  1. En Bogotá, dividió a los sectores alternativos. Aunque comparte varias tesis o causas con Claudia López y con los movimientos que la apoyaron, Petro decidió oponerse a su candidatura para llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Hoy, él y su movimiento critican severamente la gestión de la alcaldesa. Pero, a pesar de esas críticas, Petro quiere una alianza con el Polo y la Alianza Verde para 2022.

La salida de Ángela María Robledo

En ese contexto, la salida de Ángela María Robledo de la Colombia Humana hace ruido y afectará a las próximas elecciones.

Nadie sabe con certeza cuántos votos le aporta un candidato vicepresidencial a su fórmula. Sin embargo, muchos coinciden en que Ángela María Robledo fue fundamental para el triunfo de Petro en primera vuelta, al menos por dos razones:

  • Atrajo votantes de la Alianza Verde que de otra manera hubieran votado por Fajardo, y
  • Consolidó un movimiento de mujeres en torno a su campaña y le restó importancia a la candidatura vicepresidencial de Claudia López.

Con toda seguridad, Ángela María Robledo fortaleció la campaña de Petro y pudo haberle dado el triunfo sobre Fajardo en la primera vuelta pues, cómo se recordará, la diferencia de votos entre uno y otro fue menos del 5 %.

Después, gracias a su fórmula vicepresidencial, Petro logró el apoyo activo de Antanas Mockus y de Claudia López en la segunda vuelta. Sin esas alianzas, probablemente más personas hubieran votado en blanco.

Ángela María Robledo es una dirigente social, política y académica con carácter propio, que se ha hecho a pulso. Cuando la invitaron a ser fórmula de Petro, Robledo era representante a la Cámara por Bogotá, en representación del partido Alianza Verde. Por eso tuvo que enfrentar una demanda de pérdida de investidura que le quitó temporalmente su curul.

Pero si Robledo le sumaba tanto a Petro, ¿por qué se dañaron sus relaciones? El primer golpe ocurrió cuando Robledo rechazó ser la candidata del petrismo a la Alcaldía de Bogotá, por considerar que no era adecuado competir con Claudia López, a quien finalmente apoyó.

Entonces, Petro escogió a Hollman Morris como su candidato a la Alcaldía, lo que agravó la desunión. Morris había sido denunciado por violencia de género y Robledo representaba a un amplio movimiento feminista, por lo que se negó a apoyarlo.

Desde entonces, muchos seguidores de Petro se volcaron a atacarla. Según Robledo, los mensajes eran tan duros que rayaban con “violencia política”.

Hoy, algunos líderes de la Alianza Verde han invitado a Ángela María Robledo a participar en una consulta con otros miembros del partido. Si Robledo decide tomar ese camino, no incurriría en doble militancia porque la Colombia Humana no es un partido con personería jurídica, sino un movimiento significativo de ciudadanos.

Foto: Facebook Ángela María Robledo – Ángela María Robledo decidió salir de la Colombia Humana, después de haber renunciado a la Alianza Verde para ser la candidata a vicepresidente de Gustavo Petro.

Puede leer: Gustavo Petro o la instrumentalización del feminismo

La división del Polo

La salida de Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo también tiene relación con Gustavo Petro.

Durante años, Robledo fue uno de los senadores más votados del país y el que más electores le sumó a su partido. También fue escogido como el mejor senador de Colombia en varias ocasiones. Por eso, aunque el Polo había perdido antes a Luis Eduardo Garzón, Clara López, Antonio Navarro y al mismo Petro, la salida de Robledo no es un tropiezo más.

En todo caso, la escisión del movimiento que representa Robledo se produjo con altura: se trató de una ruptura amistosa, por “contradicciones internas” que se hicieron insolubles.

En realidad, esas contradicciones tienen un estrecho vínculo con la campaña a la presidencia de 2022. A diferencia de Robledo, la mayoría del Polo está dispuesta a hacer una consulta con Petro antes de la primera vuelta. Robledo, en cambio, ha dicho públicamente que “tiene grandes desacuerdos” con Petro que le impiden respaldarlo y que en el pasado Petro ha quebrantado la confianza de sus compañeros.

Por eso, Robledo optó por salirse del partido, y crear el movimiento Dignidad, a riesgo de perder su curul de senador, pues no está claro qué implica la figura de la escisión para estos efectos.

Para 2022, la apuesta de Robledo es impulsar una “coalición de centro” con la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y posiblemente Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Roy Barreras, y otros líderes que han apoyado el acuerdo de paz.

Bolívar, el profeta

Estos hechos se suman a la ya citada entrevista del 28 de octubre cuando el senador Gustavo Bolívar dijo: “si Gustavo Petro es presidente y no tiene las mayorías en el Congreso, podría ser el peor gobierno de la historia, eso hay que tenerlo claro y él lo tiene claro (…) sin mayorías en el Congreso no dura un año”.

Además, Bolívar admitió que está considerando no volver a aspirar al Congreso en 2022, salvo que se conforme una lista de personas “muy pulcras” que lo convenzan.

Estas reflexiones –que personalmente comparto– pueden tener varios significados. Por un lado, pueden interpretarse como un llamado a la unidad: Petro solo tendrá un gobierno viable si tiene mayorías en el Congreso; por lo tanto, necesita llegar a la Presidencia con una coalición amplia que lo respalde.

Foto: Facebook Jorge Enrique Robledo – El senador Jorge Enrique Robledo anunció que se iba del Polo y que creará una nueva organización política: Dignidad.

Le recomendamos: ¿Qué propone la oposición para la legislatura 2020-2021?

Por otro lado, sus declaraciones muestran también lo difícil que será la candidatura presidencial de Petro en 2022. En las condiciones actuales, en medio de una gran división política, más valdría que Petro encabezara una lista al Senado que logre aumentar la participación de los sectores alternativos. Así, el senador le daría la oportunidad al país de impulsar un conjunto de reformas sociales, económicas y políticas que abonen su camino a la Presidencia en 2026.

Además, ese acto de generosidad y coherencia sería premiado en las listas del Congreso y facilitaría la unidad de la izquierda, que todos quieren.

MIGUEL ANTONIO GALVIS

*Consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), director ejecutivo de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos.

https://razonpublica.com/gustavo-petro-una-candidatura-se-enreda/

  • 20.40.-Regalías: repartir y volver a repartir – BEETHOVEN HERRERA
  • DE LAS PREEXISTENCIAS – AMYLKAR D. ACOSTA

Ojalá las regiones y el país se preparen para el cambio de patrón energético cuando el carbón y el petróleo no tengan la actual relevancia.

La reforma del Sistema de Regalías adoptada en 2012 buscaba responder a los diagnósticos de Meisel y Galvis sobre la severa brecha entre las regiones periféricas respecto del centro del país; y se inspiraba en la estrategia europea de fondos de compensación de mejorar la cohesión social y el balance regional.

25 oct 2020.- Esa reforma respondía a la demanda de las regiones no generadoras de regalías, pues mientras con el sistema anterior los recursos llegaban al 17% de la población, el esquema de 2012 asignó el 80% a más de 1.000 poblaciones y el 20% a los municipios y departamentos productores. La reforma partió de un diagnóstico de baja ejecución, corrupción y obras faraónicas e inconclusas. Además destinaba el 10% a ciencia y tecnología, asignaba recursos a la ejecución del acuerdo de paz y reservaba el 20% en el Fondo de Ahorro. (Cárdenas Mauricio. El Tiempo, 05/07/ 18.

Pero había quienes opinaban que ese sistema era un fracaso: “Hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de recursos en mini proyectos de muy bajo impacto. (Perry Guillermo, El Tiempo, Mayo 7/18).

Desde las regiones productoras se generó oposición, pues consideraban que las despojaba de los recursos para enfrentar los impactos ambientales y sociales que deja la explotación de recursos no renovables. Esos reclamos inspiraron el Acto Legislativo 05 de 2019 que aumentó de 11,2% a 25% los recursos para regiones productoras además de entregar 5% a proyectos de infraestructura educativa e inversión para ampliación de cobertura y calidad de la educación superior.

Además se devuelve la gobernanza de los recursos a municipios y departamentos con la eliminación de muchos OCADs, dejando menos actores en la aprobación y ejecución de los proyectos. También se introduce un sistema de seguimiento, evaluación y control con un enfoque preventivo y se duplican los recursos para las minorías étnicas, y ahora tendrán autonomía en la toma de decisiones.

Por primera vez se asignan recursos para la conservación de las áreas estratégicas, destinando el 1% de la bolsa total y un 20% del mayor recaudo para este propósito y para la lucha contra la deforestación. Y el 2% del rubro destinado a los municipios más pobres debe ir a protección del Medio Ambiente y 2% de los recursos de Ciencia, Tecnología irán a Innovación Ambiental para fomentar las energías renovables orientadas a la transición energética y reducción de emisiones CO2. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentaron y se cambia el sistema de asignación departamentalizada a una bolsa concursable en convocatorias públicas.

Esta distribución repone recursos a las zonas productoras sin disminuir la participación de las zonas no productoras y cabe esperar que la eliminación de trámites permita ejecutar esos recursos, tan necesarios en el proceso de reactivación tras la pandemia.

Esperamos tener proyectos más eficientes, reducción de tiempos y actualización de procedimientos. Y ojalá las regiones y el país se preparen para el cambio de patrón energético cuando el carbón y el petróleo no tengan la actual relevancia: Hay que “sembrar” las regalías si queremos potenciar un desarrollo sostenible en un futuro tan incierto.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/regalias-volver-a-repartir-columnista-546012

20.40.-DE LAS PREEXISTENCIAS – AMYLKAR D. ACOSTA

El exministro Amylkar Acosta describe la desigualdad en tiempos de Covid.

“Se profundizará la división entre los que se preocupan por el fin del mundo y los que se preocupan por llegar a fin de mes”  Jean Pisani – Ferry

COLOMBIA, EN EL EPICENTRO DE LA CRISIS PANDÉMICA 

Según el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo Eric Parrado, “Latinoamérica se ha vuelto el epicentro de la pandemia y al mismo tiempo registra el impacto más profundo en términos de actividad económica. Las proyecciones de pérdida de ingresos y empleo en 2020 superan a las de los países desarrollados, Asia emergente y África Subsahariana. En ambos frentes hemos tenido los mayores problemas”. 

Como lo afirmó recientemente el Presidente de la ANDI Bruce Mac Master, “los efectos que tuvo la cuarentena sobre Colombia fueron significativamente mayores que en otros países en términos económicos” y añadiría yo que en términos sociales también.

Como lo advierte el profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile Pablo Lacoste, este mayor impacto no es sólo en el desempeño de la economía. “Ésta será la región más afectada debido a su vulnerabilidad social. Después de la pandemia, se va a descubrir que los niveles de pobreza habrán trepado del 30% al 50% en muchos paísesEsto se da por razones estructurales y sistémicas, la baja calidad institucional, su alto nivel de economía informal y la corrupción. En dos o tres meses veremos las cifras que confirmen esta tendencia”.

Así como las preexistencias en las personas las predisponen y las hace más propensas a contraer el nuevo coronavirus de la COVID- 19 y, si se contagian, tienen una mayor probabilidad de un desenlace fatal, las economías con preexistencias de falencias en sus fundamentales también corren la misma suerte. Desde luego, al entrar la economía a la unidad de cuidados intensivos (UCI), los estragos sociales que arrastraba consigo, también preexistentes, se agudizan y se acentúan, que es cuánto ha venido dándose desde que se declaró oficialmente la pandemia y se empezaron a tomar las medidas para prevenirla primero, contenerla después y por último para mitigarla.

En efecto, según informe reciente del Director del DANE Juan Daniel Oviedo, el año anterior el índice de la pobreza monetaria y el de la pobreza extrema que se había reducido a los niveles 34.7% y 8.2%, respectivamente, en 2018, se elevaron hasta el 35.7% y 9.6% en 2019. Ello significó un punto porcentual en el índice de la pobreza monetaria y 661.899 de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria, para completar los 17.4 millones, al tiempo que 728.955 personas pasaron de la pobreza monetaria a la pobreza extrema, totalizando los 4.6 millones. Cabe destacar que no sólo se retrocedió en el terreno ganado en el mejoramiento de los índices de pobreza, sino que también se volvió a deteriorar el coeficiente Gini que mide el grado de desigualdad de ingresos, al pasar del 0.508 en 2018 a 0.526 en 2019. Ello no es de extrañar, habida cuenta que en el año 2019 mientras el 20% más rico de la población experimentó un incremento en sus ingresos en el 1.6%, el 20% más pobre los vio reducidos en 6.2%.

En concepto del Director del DANE, “el aumento en la incidencia de la pobreza puede estar asociado al incremento de la tasa de desempleo que se registró entre 2018 y 2019”, al pasar del 9.7% al 10.5%, para un aumento de 0.8 punto porcentual. El caso más patético es el de la franja de los ninis, que es como se conocen los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son quienes han llevado la peor parte en esta crisis. Según datos del DANE (con corte a 2019), ellos representaron el 18.3% de la población entre los 14 y los 28 años en Bogotá.

También en su caso, como en el de las mujeres, es notorio el sesgo en su contra de la afectación en sus oportunidades de empleo y/o trabajo. Según el DANE, “se estima que si un joven habita en un lugar con estratificación social 1 o 2, la probabilidad de que ni estudie ni trabaje es del 46.5%, cifra que contrasta con quienes viven en estratos 5 o 6, donde la posibilidad es apenas del 14.3%. El panorama para las mujeres de escasos recursos es más complejo, pues la falta de oportunidades llega al 62.8%”.

En los años 90s, el médico y antropólogo estadounidense Merrill Singer acuñó el término sindemia, para caracterizar la complicación que se deriva de la combinación de la sinergia y la pandemia, dado que “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades”. Uno más uno es más que dos, concluyó Singer.

Al referirse al COVID – 19, en concepto de Singer, “vemos cómo interactúa con una variedad de condiciones preexistentes (diabetes, cáncer, problemas cardíacos y muchos otros factores) y vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas“. De ello se sigue que, para contener el avance de la pandemia sea menester atender a las poblaciones más vulnerables y para ello, como lo sostiene Tiff-Annie Kenny, investigadora de la Universidad Laval, en Canadá, “tenemos que abordar los factores estructurales que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada“.

Un estudio reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que analizó el caso de Bogotá es muy revelador: “un ciudadano que vive en un barrio de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el nuevo coronavirus y seis veces más posibilidades de ingresar a una UCI comparado con una persona que resida en estrato 6”. Y concluye que “la mayor tasa de contagios y muertes en estos grupos apunta a la desigualdad socioeconómica”. De hecho, según las devastadoras cifras del DANE, “los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 concentran el 90.3% de las defunciones causadas por COVID – 19 total en todo el país” y lo que es peor “los estratos 1 y 2, a su vez, focalizan el 69% del total nacional de estos fallecimientos”. ¡Esto es escandaloso!

Un estudio similar de la Universidad de los Andes pone de manifiesto que el COVID – 19 ataca con mayor rudeza a los más pobres, así como a las comunidades negras e indígenas, por tener menos acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico, amén de su mayor afectación por la desnutrición, el hacinamiento y la informalidad laboral. Definitivamente, es la población vulnerable y vulnerada la que está más expuesta a contraer el nuevo coronavirus, en lugar de la inmunidad de rebaño con la que tanto se especula al considerarla la mejor estrategia para combatir el COVID – 19. Lo que está diezmando a dicha población es el contagio de rebaño. Esta tragedia de los más pobres y desvalidos sólo sale a flota cuando, como lo hizo el DANE, se desagregan las frías cifras de los promedios, que suelen encubrir la procesión que va por dentro de ellas.

Fuente: DANE

De mal en peor

Según Fedesarrollo, a consecuencia de la pandemia del COVID – 19 y de las medidas restrictivas que ha dispuesto el Gobierno para contrarrestarla las preexistencias de la economía y de los indicadores sociales, se han visto exacerbadas hasta alcanzar niveles históricos. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en el mes de abril, en momentos en los que la contracción de la economía tocó fondo, se situó en el 19.8% y en agosto, después de tres meses de iniciada la reapertura de las actividades económicas, registró el 16.8%, seis puntos porcentuales por encima del mismo mes del año anterior, que registró el 10.8%. El Banco de la República prevé que la tasa de desempleo en Colombia se mantendrá por encima del 14% tanto para este año como para el entrante.

Ello, obviamente, se ha traducido en una pérdida de ingresos de los hogares que se calcula en $24 billones, lo cual está incidiendo el agravamiento de la lacra de la pobreza en el país. Jairo Nuñez, investigador de Fedesarrollo calcula que la pobreza subirá del 37.5% en 2019 al 49%, es decir casi la mitad de la población, retornando a los niveles de 2002; entre tanto, la pobreza extrema (léase la indigencia) pasaría del 9.6% en 2019 al 14%.

Como lo previó un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, “la actual parálisis de actividades y la posible destrucción futura de empleos y de actividades productivas de cuentapropistas no sólo retrasarán el mejoramiento de los indicadores, sino que, además, devolverán al país el menos una década atrás”. Y ello es lo que se ha venido dando, pese a la reactivación de muchas de las actividades económicas. Ello explica, según el BID, que la clase media consolidada haya pasado del 30% al 12.7% y la clase media vulnerable del 37.7% a 28.6%.

La situación de los ninis, según el DANE, ha empeorado a consecuencia de la actual crisis pandémica y la tasa de desempleo de este grupo poblacional se elevó hasta el 33.3%, 15 puntos porcentuales por encima del nivel ya preocupante de 2019. Ello es terrible, es el colmo. Y, lo más preocupante es que, como lo sostiene la Secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena “esta crisis no va a durar poco, por lo que muchas medidas que se piensan como coyunturales deben verse como estructurales. Es el caso de programas como Ingreso solidario, que llegó para quedarse, el cual junto con otros que conllevan transferencia monetaria, condicionada y no condicionada, como jóvenes en acción, deberían conducirnos al establecimiento de una Renta básica focalizada en los vulnerables.

De allí que, como lo plantea la Gerente del FMI Kristalina Georgieva, “el apoyo fiscal debe mantenerse, al menos en 2021, con la salud y la educación como prioridad”. Y enfatiza que lo que más le preocupa “es que se retiren los apoyos de manera prematura: podría provocar una ola de quiebras y un gran aumento del desempleo. Volvemos a decirles a los Gobiernos que no deben recortar esos salvavidas prematuramente”, antes de tiempo.

Consciente de los estragos sociales que está trayendo consigo la actual crisis y la prolongación de esta por tiempo indefinido, el Director de Finanzas Públicas del FMI Victor Gaspar está invitando a los Estados a multiplicar la inversión social y para la financiación de esta plantea la necesidad de que los gobiernos tomen “medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. Por su parte, la economista jefa del FMI Gita Gopinath advierte que “los impuestos tienen que ser más progresivos, las grandes empresas tienen que pagar lo ´justo´ en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos”. Y éste es el caso de Colombia, en donde, desafortunadamente, el Gobierno no da muestras de tener la voluntad y la decisión política de tocar los privilegios de unos cuantos para salvar a los más.

Entre tanto, como lo aconseja, con mucha sindéresis, el Papa Francisco, la capacidad empresarial del país se debe orientar a conjurar la pobreza y a crear empleo, que en últimas es la única vía para reducir la pobreza y la exclusión social. En ello deben converger los esfuerzos de los sectores público y privado, los cuales deben comprometerse seriamente con el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a los cuales hay que sumar uno más, cuya imperiosa necesidad se puso de manifiesto en esta crisis, que es el cierre de la brecha digital. Desde luego, el énfasis debe ponerse en los primeros cuatro objetivos, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y por último, pero no menos importante, la educación de calidad.

No se puede perder de vista, a la hora de definir las estrategias y el plan de acción para salvar vidas, generar empleo e ingresos, reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y de oportunidades que, como lo afirma el Profesor Peter Drucker, “el mayor riesgo en las épocas de turbulencia es actuar con la lógica de ayer”. ¡Sigamos su consejo!

https://lalineadelmedio.com/delaspreexistencias/

20.39.-Planes de empleo – SALOMÓN KALMANOVITZ

La situación de empleo en el país es desastrosa. La pandemia le pegó muy fuerte a un mercado laboral estructuralmente debilitado con tasas de desempleo mayores al 10 % en los últimos años, pues duplicó la tasa en 20 ciudades y la elevó al 17 % en el país.

18 oct 2020.- Se perdieron cinco millones de empleos, y en algunas ciudades el 30 % de la población está sin trabajo.

A pesar de la gravedad de la contracción económica, que el Fondo Monetario Internacional calcula en un 8 % del PIB, el ministro de Hacienda inventa un panorama optimista con una contracción menor y una increíble recuperación del 6,2 % en 2021. Así justifica la débil respuesta del Gobierno que, fuera de reabrir la economía y adoptar medidas muy tibias para asistir a la población vulnerable, no ha recurrido a un gasto público suficiente que contrarreste la profundidad de la crisis y el consiguiente sufrimiento humano.

Para revertir la crisis, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y los economistas José Antonio Ocampo (Universidad de Columbia), Mauricio Olivera (experto en seguridad social) y Gonzalo Hernández (Universidad Javeriana) presentaron un plan de empleo bastante agresivo para los estándares colombianos. Se trata de gastar $50 billones (5 % del PIB) en dos fases, lo que deberá generar 3,4 millones de empleos, bien sean nuevos o perdidos durante la pandemia. La cifra aparece alta, pero no lo es. Compárese con la respuesta de Estados Unidos, que aprobó un gasto público de choque de más del 10 % del PIB, el cual redujo la tasa de desempleo al 7,9 %, frente al 14,7 % que había alcanzado en abril. Los senadores republicanos temen reforzar el estímulo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, a pesar de que Trump propone gastar US$1,8 billones (8 % del PIB) adicionales, y los demócratas, US$2,2 billones.

El financiamiento de la propuesta de Compromiso Ciudadano se haría con emisión de títulos del Tesoro (TES), que serían adquiridos por el Banco de la República. Sin importar mucho la tasa de interés que se pacte, las utilidades del Banco por este concepto se trasladarían al Gobierno, por lo cual su costo sería muy bajo. Esa propuesta es complementada por una reforma tributaria estructural y progresiva, algo que eriza la dura piel del Centro Democrático. En todo caso, no se lograrían recuperar 1,6 millones de los empleos que se perdieron por la COVID-19.

Una de las razones por las que el desempleo estructural es tan alto en Colombia tiene que ver con pesadas cargas a la nómina, no solo por pensiones (el 12 %) y salud (el 8 %), sino también por las parasitarias cajas de compensación (el 4 %), que son injustificadas. En países como Chile, el costo de la seguridad social es cubierto en mayor medida por los impuestos generales y no por los patronos; por ello el desempleo durante la pandemia (un 12 %) ha sido bastante menor que el colombiano (un 17 %). Se requieren entonces reformas que profundicen el mercado laboral y reduzcan el costo de contratación.

Desde julio pasado, Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y otros 53 senadores propusieron que el Gobierno adoptara una “renta básica de emergencia” para más de 30 millones de colombianos afectados por la crisis económica. Esta renta “implicaría un salario mínimo a más de nueve millones de hogares por tres meses, para así traer un alivio económico”; también habría aumentado la demanda y, por tanto, el empleo. Obviamente, el gobierno Uribe-Duque ha ignorado ambas propuestas.

https://www.elespectador.com/opinion/planes-de-empleo/

20.38.-Trabajo y esfuerzo en la crisis del covid-19 – MICHAEL ROBERTS

La pandemia ha abierto una caja de Pandora en relación con el futuro del trabajo. La crisis ha provocado una gran pérdida de puestos de trabajo, horas y ganancias, especialmente para aquellos que se encuentran en todo tipo de sectores de servicios, como comercio minorista, entretenimiento, ocio, eventos, preparación de alimentos, etc. y está obligando a miles de pequeñas empresas a sobrevivir con pequeños márgenes y con grandes cargas de deuda a sus espaldas.

Pero es más que eso. La recesión brindará y está brindando una oportunidad para que las empresas, particularmente las grandes, eliminen partes sustanciales de su fuerza laboral y las reemplacen con máquinas, robots, tele-trabajo en el hogar y algoritmos. El resultado es que habrá una mayor concentración de empresas por sectores, ya que las empresas más grandes devoran los mercados de las más pequeñas. Por supuesto, este no es un fenómeno nuevo, pero es parte integrante de las recesiones del capitalismo. Friedrich Engels detectó este proceso ya en la década de 1840 en la Inglaterra industrial: « Los antiguos estratos bajos de la clase media – los pequeños comerciantes, tenderos, jubilados, artesanos y campesinos – todos ellos se hunden gradualmente en el proletariado, en parte porque su capital diminuto no es suficiente para la escala en que se desarrolla la industria moderna, y se hunden en la competencia con los grandes capitalistas, en parte porque su especializada capacidad pierde valor con los nuevos métodos de producción”.

Es probable que despegue la tan comentada revolución de la automatización, al menos en algunos sectores de crecimiento importantes. Bajo el capitalismo, el sistema de producción con fines de lucro, esto no significará menos horas de trabajo para los asalariados; un trabajo más interesante en vez de un trabajo rutinario; o ingresos crecientes. Por el contrario, la revolución de la automatización bajo el capitalismo tendrá como objetivo reducir la fuerza de trabajo, aumentar las horas de los que aún sigan empleados y evitar que aumenten los salarios, todo para incrementar la rentabilidad de los más eficientes a expensas de los menos eficientes.

Hay muchos pronósticos sobre la pérdida de puestos de trabajo a medida que los robots reemplacen a los trabajadores. Los consultores de gestión, McKinsey, pronosticaron que la automatización podría desplazar 53 millones de puestos solo en el continente europeo hasta 2030, el equivalente a aproximadamente el 20% de la fuerza laboral actual. Las mayores reducciones de puestos de trabajo se producirán en la venta al por menor, la manufactura y los servicios de alimentación y alojamiento. Y los más afectados serán los que tengan menos «capacitación» y se les pague menos.

Una vez más, no hay nada nuevo en la historia de la sustitución del trabajo por máquinas. Es la esencia del capitalismo industrial. La llamada «revolución industrial» de principios del siglo XIX sustituyó a millones de gestes de oficios y artesanos expertos por máquinas. Los salarios reales se estancaron o incluso cayeron cuando los ingresos de los artesanos desaparecieron y las ganancias de las nuevas industrias fueron a parar a sus propietarios. Engels señaló este proceso en su brillante libro, La condición de la clase obrera en Inglaterra (1844). Los industriales propietarios de máquinas se hicieron “ricos con la miseria de la masa de asalariados”. La recesión pandémica está creando en la actualidad las condiciones para la eliminación de puestos de trabajo en todos los ámbitos, como sucedió después de la recesión de la tercera década del siglo XIX. En la tercera década de este siglo podría ocurrir lo mismo.

En su libro, Engels señaló que la mecanización condujo a una caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional, incluso si algunos trabajadores obtuvieron empleo en las nuevas industrias a medida que morían las antiguas. Este proceso se repetirá también esta década tras la pandemia. En los EEUU, los salarios de los hombres en su edad más productiva con un diploma de escuela secundaria han disminuido desde 1980 y las tasas de participación en la fuerza laboral de los hombres de 25 a 55 años también han disminuido. En parte, fue debido a su sustitución por mano de obra femenina más barata y el desplazamiento de la industria manufacturera de las economías capitalistas avanzadas al «sur global» para utilizar mano de obra incluso más barata con plantas industriales modernas. Una vez más, Engels señaló que la tendencia en la década de 1840 a industrializar Inglaterra: “cuanto más se desarrolla la industria moderna, más se reemplaza el trabajo de los hombres por el de las mujeres y los niños… Las diferencias de edad y sexo ya no tienen ningún valor social distintivo para la clase trabajadora. Todos son instrumentos de trabajo, más o menos costosos de usar, según su edad y sexo”.

Pero el cambio tecnológico que reemplazó a la mano de obra también fue una razón importante. Las estimaciones muestran que cada robot multipropósito ha reemplazado alrededor de 3.3 puestos de trabajo en la economía estadounidense y ha reducido los salarios reales. Y las previsiones de expansión de los robots en la década de 2020 predicen un crecimiento exponencial. El número de robots industriales ya se ha multiplicado por tres en el transcurso de la última década, pasando de poco más de un millón de unidades operativas en 2010 a unas 3.15 millones de unidades previstas en 2020. Mientras tanto, los robots supuestamente se han vuelto capaces de sustituir, o incluso superar, a los humanos en muchas tareas, como producir piezas personalizadas e implantes médicos utilizando tecnologías de impresión 3D, diagnosticar enfermedades y ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, por parte de ‘robots con capacidad de juicio’.

El auge de los robots: robots millones de unidades

Las tareas rutinarias y más simples siguen siendo más fáciles de realizar para los robots que las tareas no rutinarias y muy complejas. Esto implica que el aumento del número de robots o las mejoras en su productividad tienden a afectar a los trabajadores poco calificados de manera mucho más adversa que a los trabajadores altamente calificados. Además, los trabajadores altamente cualificados tienden a especializarse en tareas para las que la automatización es complementaria, como el diseño y mantenimiento de robots, la supervisión y la gestión. El impacto diferencial de la automatización implica que los salarios de los trabajadores poco calificados podrían estancarse e incluso disminuir a causa de la automatización; tal y como describió Engels en la década de 1840.

Cuando los robots constituyen un sustituto perfecto del trabajo, los trabajadores y los robots compiten directamente en el mercado laboral, manteniendo bajos los salarios. Como consecuencia, la automatización conduce a una disminución de la participación de los ingresos laborales. En los EEUU, la participación del trabajo en el ingreso dentro de los sectores productivos cayó durante la década de 1970 cuando las empresas intentaron compensar la caída de la rentabilidad mediante la reducción de su fuerza laboral, gracias a dos grandes recesiones en 1974-5 y 1908-2. La participación del trabajo se estabilizó durante los años ochenta y noventa a un nivel más bajo, ya que la rentabilidad empresarial mejoró algo en el período neoliberal. Claramente, hubo otros factores además de la mecanización que provocaron una caída en la participación del trabajo (destrucción de los sindicatos, congelación de salarios, etc.), pero se estima que de la caída del 3% de la participación del trabajo desde la década de 1990 hasta 2010, aproximadamente el 1% se puede atribuir a la automatización.

Participación laboral en el PIB de EEUU (%)

Pero como también señaló Engels, la mecanización funciona en ambos sentidos. Por un lado, la introducción de nueva maquinaria o tecnología conllevará la pérdida de puestos de trabajo para aquellos trabajadores que utilizan tecnología obsoleta. Por otro lado, las nuevas industrias y técnicas pueden crear nuevos puestos de trabajo. Pero sólo en los sectores de la industria que requieren alta cualificación y / o están bajo protección sindical se mantiene la tendencia a crecer de salarios y empleos: “Los obreros conocidos por «hilanderos finos» (los que hacen el hilado fino en la Mule) perciben, desde luego, un salario elevado, de 30 a 40 chelines por semana, porque poseen una asociación poderosa que lucha por mantener su salario, y su oficio exige un penoso aprendizaje, pero los hilanderos de hilo grueso, que tienen que competir con las máquinas automáticas (self-actors), —inutilizables  para el  hilo fino—  y cuyo  sindicato  ha  sido debilitado por la introducción de esas máquinas, reciben en cambio un salario muy bajo.” (Engels). En general, sin embargo, “la afirmación unánime de los obreros es que los perfeccionamientos mecánicos han hecho generalmente bajar los salarios; y en todas las reuniones de obreros de los distritos industriales, se puede oír decir claramente que la afirmación de la burguesía industrial, según la cual la situación de la clase trabajadora ha mejorado gracias a la fabricación mecánica es considerada por esa propia clase como pura mentira.».

La mecanización, los robots y la automatización reducirán el tiempo de trabajo. Eso debería significar menos horas de trabajo, ya que la mano de obra crea más valores de uso en menos tiempo. Pero bajo el capitalismo, los valores de uso adicionales solo realizan más valor a través de la venta de esos valores de uso y ese valor solo se paga a los trabajadores, ya sea en menos horas, salarios más altos o ambos a través de una lucha de clases entre los propietarios del capital y la fuerza de trabajo. Por lo tanto, bajo el capitalismo, la mecanización no conduce «automáticamente» a menos horas y menos esfuerzo.

En un nuevo libro, El trabajo: una historia de cómo pasamos nuestro tiempo, James Suzman explica que, contrariamente a las esperanzas y predicciones de Adam Smith o John Maynard Keynes, la tecnología no ofrece una «vida feliz» (Smith) o «abundante ocio” (Keynes). Como demostró el recientemente fallecido (y añorado) David Graeber, la mecanización bajo el capitalismo en realidad ha llevado a más ‘trabajos de mierda’ que destruyen la creatividad y el trabajo con sentido, al tiempo que aumentan el esfuerzo.

Como mostró la consultora Gallup en una encuesta reciente sobre la vida laboral en 155 países, publicada en 2017, solo uno de cada 10 europeos occidentales se describió a sí mismo como ‘comprometido’ con su trabajo. En otra encuesta realizada por YouGov en 2015, el 37 por ciento de los adultos británicos que trabajan dijeron que sus trabajos no hacían ninguna contribución significativa al mundo.

Es cierto que la jornada laboral media en la mayoría de las economías capitalistas avanzadas se ha reducido desde la época de Engels, pero no ha sido por la mecanización, sino por las luchas sindicales por mejorar las condiciones de trabajo y por las luchas políticas por la legislación laboral y por la reducción de la jornada de trabajo, etc. De hecho, dado que los sindicatos fueron diezmados a finales del siglo XX en la mayoría de los países, ha habido poca reducción en la semana laboral media (que todavía ronda las 40 horas) a pesar de la aceleración de la introducción de los robots y la automatización.

Cuando los sindicatos de Finlandia propusieron recientemente una jornada de 6 horas, respaldada verbalmente por el primer ministro finlandés, la idea se trasladó a un comité debido a la “ resistencia de los empleadores, que tienen interés en pagar (lo menos posible) por las horas trabajadas, no según la productividad. Una jornada de seis horas con salarios equivalentes a ocho horas significa un salario por hora más alto. También significa una pérdida de control sobre los trabajadores, no solo en términos de una parte más pequeña de cada día en la que los empleadores controlan las actividades de los empleados, sino también a través del reconocimiento implícito de que los trabajadores deberían tener más voz en la organización de la vida laboral». El sueño de Keynes hace casi 100 años de una semana de 15 horas sigue siendo solo eso: un sueño.

La recesión pandémica parece ser un nuevo catalizador para un cambio en las condiciones laborales. ‘Trabajar desde casa’ es la nueva moda. Pero eso solo se aplicará a una minoría, principalmente a aquellos con trabajos de oficina mejor remunerados.

Y no hay garantía de que «trabajar desde casa» mejore la satisfacción laboral o haga que la gente sea «más feliz”, como esperaba Adam Smith. Los empleadores ya están desarrollando nuevos métodos para controlar al personal en sus hogares y, de hecho, se aseguran de que trabajen aún más horas ya que no tienen que trasladarse. Y para la gran mayoría, salir a trabajar en trabajos que no ofrecen creatividad, pagan mal y son cada vez más inseguros seguirá siendo la norma. Más esfuerzo, no menos trabajo.

https://www.sinpermiso.info/textos/trabajo-y-esfuerzo-en-la-crisis-del-covid-19

  • 20.37.-La economía estancada – EDUARDO SARMIENTO
  • Nuevo ciclo con recuperación – CAMILO DÍAZ

La información reciente señala que la recuperación de los países desarrollados ha sido mucho mayor que la de los países de mediano y bajo desarrollo. Se confirma que Europa y Estados Unidos disponían de mejores condiciones para absorber la pandemia y en particular las cuarentenas y protocolos.

11 oct 2020.- En razón que operan con excesos de ahorro y superávits de balanza de pagos, están más acondicionados para asumir la contracción del ahorro del confinamiento con menos impacto sobre la producción y el empleo. La recuperación ha sido especialmente crítica en Colombia por el fracaso de la apertura de la globalización y la caída de los precios del petróleo que venían de atrás.

El país es víctima de las concepciones teóricas que claman que el ahorro, la inversión y el déficit en cuenta corriente no afectan el crecimiento económico. En efecto, las autoridades económicas han buscado el crecimiento y la recuperación en déficits en cuenta corriente financiados con crédito externo. Pero el expediente no evita la caída libre de la producción y el empleo y no impulsa la inversión y la producción. La fuerte caída de la producción y el empleo y el lento rebote solo se pueden superar con reformas estructurales del sector externo y la coordinación de la política fiscal y monetaria.

El país enfrenta una seria falla estructural ocasionada por el confinamiento del coronavirus y las deficiencias del modelo económico que vienen de atrás. La economía opera con un desbalance interno entre el producto nacional y el gasto ocasionado por el bajo ahorro y el monumental déficit en cuenta corriente, que no pueden contrarrestarse con las políticas convencionales de déficit fiscal financiado con crédito externo y baja de la tasa de interés. Por lo demás, enfrenta un grave desequilibrio externo. El aumento del endeudamiento externo aumenta el déficit en cuenta corriente que tiene como contraparte el desempleo.

Los efectos iniciales del experimento están a la vista y el primer desencantado es el Gobierno que en marzo pronosticaba que la caída del producto sería de menor orden y hasta hace poco la estimaba en 5 % para el año completo. Pues bien, la información estadística disponible hasta septiembre muestra que el producto nacional caerá en el año cerca de 10 % y el empleo algo más. La política fiscal no detuvo la caída del producto ni propició el rebote. En 2021 la recuperación de la economía será muy endeble. En síntesis, la política fiscal no evitó el desplome de la cuarentena, no indujo el rápido rebote y no logrará la reactivación de la producción en varios años.

No hay nada nuevo. Todo esto se dijo en su momento. La economía está abocada a una seria deficiencia en el ahorro y la balanza de pagos que no puede corregirse con paños de agua tibia de mercado y endeudamiento externo. A menos que el Gobierno preceda a corregir la crisis del modelo económico que viene de atrás, entrará en un estado de estancamiento, elevado desempleo y rápido deterioro de los índices de pobreza

En fin, el gasto público financiado con endeudamiento no está en capacidad de restaurar el balance interno entre el producto nacional y el gasto. El balance externo tampoco se realiza; el aumento del endeudamiento amplía el déficit en cuenta corriente y desborda el desempleo. Como se anticipó en esta columna repetidamente, la economía está expuesta a una monumental deficiencia estructural que no puede corregirse con medidas convencionales. La solución no es otra que recuperar el balance interno y el externo con un cambio de la estructura de la economía que reduzca el déficit en cuenta corriente y aplique una estricta coordinación monetaria y fiscal que permita prescindir del endeudamiento externo.

https://www.elespectador.com/opinion/la-economia-estancada/

20.37.-Nuevo ciclo con recuperación – CAMILO DÍAZ

Los indicadores de actividad económica empiezan a mostrar indicios de recuperación aunque permanecen los riesgos.

El dato de desempleo reportado por el Dane la semana pasada ha sido una excelente noticia para la economía, porque la tasa de desempleo disminuyó desde el 20,8% en el peor punto del año al 16,8% en agosto. Eso significa que de los más de cinco millones de empleos que se perdieron por el cierre de la economía ya se han recuperado cerca de dos millones.

10 oct 2020.- Habrá quien diga que todavía el daño es inmenso porque tres millones de puestos no han sido recuperados, pero esa posición es la de ver el vaso medio vacío, más si se considera que el choque sufrido por la economía fue grandísimo y que las principales fuentes de riesgos no han desaparecido.

De mantenerse el ritmo que se está consolidando, habrá un nuevo ciclo de recuperación de la economía. Sin embargo, que ese ritmo permanezca estará determinado por las acciones que se tomen por parte de las autoridades monetarias y el Gobierno.

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Seguir abriendo la economía es una tarea que debe continuar: poner a funcionar el sector de entretenimiento, los bares y los eventos masivos es una labor que debe hacerse, por supuesto con protocolos y medidas de bioseguridad. Esos sectores de la economía son importantes generadores de empleo y tienen a su vez encadenamientos con otros sectores productivos. Sin que ellos también entren a operar, difícilmente se consolidará del todo la recuperación.

Aunque con agosto ganando dinamismo en el mercado laboral tampoco se puede anunciar una victoria completa en términos del ritmo de la recuperación, es sabido que en los meses de julio a septiembre la industria trabaja a toda marcha para suplir los inventarios que se comercializan en la temporada de compras de fin de año, entonces una parte de los empleos que se crearon están explicados por esa demanda estacional del empleo en la industria. Igualmente varios de los que se crearan en noviembre y diciembre van a estar vinculados al comercio para atender la temporada de ventas navideñas.

En el frente externo, Colombia debe buscar la forma de incrementar las exportaciones no tradicionales, puesto que en la medida que la economía global se recupere es necesario exportar bienes y servicios diferentes a los tradicionales café y petróleo para poder generar suficientes puestos de trabajo que logren reincorporar a toda la fuerza laborar que quedo desempleada y buscar que el desempleo baje del 10,5% que promedió todo 2019, una cifra que ya era elevada, inclusive sin que existieran los efectos negativos del coronavirus en el empleo y la economía.

En materia de exportaciones, persiste el reto enorme de mitigar la dependencia a las cotizaciones del petróleo, del carbón y del café. Basta ver que las exportaciones colombianas se contrajeron 21,3% en agosto de este año frente al mismo mes de 2019, fundamentalmente por la diferencia entre los precios del petróleo del año pasado y de este. Esto es necesario porque las cotizaciones del crudo, principal bien de exportación colombiano, van a continuar cercanas a los niveles actuales, puesto que el crudo es el commodity que tiene mayor relación con la actividad industrial mundial y porque la oferta, así como la disponibilidad de suministros de petróleo, se mantienen en un nivel mayor al crecimiento de la demanda.

No se pierda: Una segunda ronda del coronavirus

Un último punto que no se puede obviar es la necesidad de que el Estado apuntale a la recuperación, ya no solo desde el gasto para conservar el empleo o proteger de la pobreza a los hogares más vulnerables, debe hacerlo desde la inversión en dotación de bienes públicos como carreteras, puertos, infraestructura social y de gobierno, hospitales y acueductos.

Ejecutar inversiones de gran envergadura tiene la cualidad de dinamizar la economía en el corto plazo y dotarla de elementos de competitividad para el futuro. Dicho de otra manera, la coyuntura es una oportunidad para invertir en los pendientes que se tienen con relación a la infraestructura de todo tipo y ganar competitividad. La pregunta que sigue sin resolverse es cómo financiar esas inversiones: ¿Con deuda? ¿Con impuestos? ¿Vendiendo los activos de la Nación? ¿Con crédito desde el banco central? o ¿Cómo? De la manera como se resuelvan los anteriores interrogantes depende en buena medida la recuperación.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/nuevo-ciclo-con-recuperacion-por-camilo-diaz/303057

20.36.-El gobierno Duque y el campesinado  – RODRIGO UPRIMNY

El gobierno Duque tiene dos posibilidades jurídicas concretas y efectivas para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos del campesinado.

3 oct 2020.- Primero, el presidente podría apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2018. Esta declaración, aunque no es obligatoria, es muy importante, pues sistematiza los derechos especiales del campesinado como sujeto social, el cual enfrenta vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida.

El gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente esa declaración, sin explicar nunca satisfactoriamente esa decisión. Cuando las organizaciones campesinas le han pedido que exprese ahora su apoyo, el Gobierno ha respondido que no puede hacerlo, pues la declaración no es un tratado, por lo cual no podría ratificarla.

Esa respuesta es una leguleyada inaceptable. Es cierto que una declaración de la Asamblea General de la ONU no es un tratado y no prevé formas rituales de ratificación. Sin embargo, eso no impide que un Estado que se abstuvo de apoyar una determinada declaración pueda expresar ulteriormente que cambió su visión y ahora la apoya. Un ejemplo: Canadá no solo se abstuvo, sino que se opuso en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la aprobó y apoyó formalmente en Naciones Unidas en mayo de 2016. No hay, pues, obstáculos jurídicos para que el Gobierno apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Si no lo hace es porque no quiere.

Segundo, el Gobierno debería abstenerse de aprobar el proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras que reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) previsto por la Ley 60.

Nada hay de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo o en reglamentar las ZDE, pero eso no debe hacerse en detrimento de la economía campesina y del acceso a la tierra del campesinado, como infortunadamente lo hace este proyecto, que prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente en uso por 15 años, pero adjudicables ulteriormente a esas empresas.

El problema es que en Colombia no hemos tenido una verdadera reforma agraria, por lo cual el acceso a la tierra de los campesinos que la requieren se ha hecho esencialmente por adjudicación de baldíos, que son las tierras que aún son propiedad del Estado. Pero ahora quedan relativamente pocos baldíos, por lo cual estos han sido reservados para sujetos de reforma agraria, esto es, campesinos sin tierra suficiente. La entrega de baldíos a otras personas debe entonces ser excepcional, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-077 de 2017. Por el contrario, este proyecto convierte la excepción en regla, pues prevé la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en las ZDE, con lo cual, además, reduce gravemente las tierras baldías disponibles para entregar al campesinado y cumplir con la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz.

El Gobierno debería entonces abstenerse de aprobar ese acuerdo, que es inconstitucional y lo seguirá siendo mientras que la reglamentación de las ZDE no se ajuste de manera tal que su existencia no reduzca la oferta de baldíos para el acceso a la tierra del campesinado y el cumplimento del Acuerdo de Paz.

La posición del presidente Duque en estos dos temas expresará si realmente tiene un interés genuino en mejorar la situación del campesinado o si sus elogios del campesinado son puramente retóricos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/el-gobierno-duque-y-el-campesinado/ 

  • 20.35.-La huelga, a salvo – BEETHOVEN HERRERA
  • Van por el Banco de la República también – SALOMÓN KALMANOVITZ

La Corte definió la huelga como derecho humano fundamental y reconoce la posibilidad de huelgas en servicios públicos.

La Corte Suprema de Justicia ha publicado la sentencia SL-1680 después de una votación muy cerrada, lo cual demuestra la trascendencia política y jurídica de la decisión sobre un asunto tan neurálgico como la huelga.

20 sep 2020.- El fallo arroja luz frente a situaciones dudosas creadas por fallos precedentes, con un enfoque limitante del derecho de huelga. Dicho fallo define la huelga como derecho humano fundamental, reconoce la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales y elimina los requisitos en las huelgas diferentes a la contractual, además de ampliar la tipología de huelgas permitidas en Colombia.

La Corte establece que “El ejercicio del derecho a la huelga, por ser un derecho humano de contenido social, no supone el cumplimiento de un debido proceso establecido en favor del sujeto pasivo de la protesta, dado que la huelga no es una sanción”. (…) La huelga en sus distintas modalidades y objetivos es un derecho fundamental, cuya restricción solo puede ser impuesta por el legislador. (…) y “es un medio de presión legítimo del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos, sin el cual la libertad sindical sería un simple recurso retórico”.

El fallo distingue entre actividad y servicio y concluye que si bien la salud es considerada como un servicio público esencial, no toda huelga en ese sector está proscrita y precisa que: (…) el derecho de huelga no es que esté prohibido a todo el personal de las EPS o IPS, o a todos los profesionales de salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la salud y vida de las personas…”

La Corte concluye que las huelgas diferentes a la de negociación colectiva no demandan los mismos requisitos pues “…no es válido, a través de un ejercicio hermenéutico, extender los procedimientos de la huelga contractual a otras modalidades de conflicto colectivo”; en referencia al Artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo que establece la votación mayoritaria para decretar la huelga y al artículo 445 (la huelga no puede realizarse antes de 2 días ni después de 10 días hábiles). Esos requisitos solo aplican a conflictos colectivos surgidos de una negociación colectiva al interior de una empresa, pero no a huelgas de solidaridad o imputables al patrono.

La Corte recoge las recomendaciones de la OCDE acerca de “reflexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales (por ejemplo, huelgas condicionadas a un requisito de servicio mínimo)” y revisar los procedimientos dado que “las condiciones del derecho de huelga a veces son demasiado estrictas”.

Y concluye la Corte que “Vale agregar que respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracterizan por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuficiencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral”.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/la-huelga-a-salvo-tb-544821

20.35.-Van por el Banco de la República también – SALOMÓN KALMANOVITZ

Nunca antes un ministro de Hacienda había codiciado hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es precisamente lo que busca Alberto Carrasquilla con todo el Gobierno respaldándolo. Para el ministro, la oportunidad es ahora o nunca.

21 sep 2020.- Son muy graves las implicaciones de que el banco central quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión para financiarse y, aun si no lo hace, pierde su reputación frente a la comunidad internacional. Las calificadoras de riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los intereses que debemos abonar por una deuda cada vez más gravosa. Las agencias habían percibido de manera crítica que Carrasquilla manipulara la regla fiscal para saltársela y por eso redujeron la calificación de la deuda colombiana a BBB-.

El banco central colombiano solía ser una caja menor de los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para financiarse. La Constitución de 1991 limitó esta práctica, que provocó inflaciones de más del 20 % anual durante varias décadas, erosionando los ingresos de la población. A partir de entonces a los gobiernos les correspondió financiarse con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcionales a los riesgos que percibían sus compradores. La inflación se fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido tan beneficiosos para la estabilidad de precios y para permitir un aumento gradual de los ingresos reales de la población.

La independencia del Banco de la República se cimentó sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una junta directiva de cinco miembros de talante académico, de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los codirectores contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal modo que había una mayoría que no le debía su nombramiento al Gobierno. Se aseguraba así la independencia del gerente, quien es el funcionario más poderoso del banco.

Con la reelección presidencial se comenzó a deteriorar la independencia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramientos de codirectores. Hoy, la independencia está en riesgo por las maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquilla al trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceministerio de Hacienda y reemplazarlo con un allegado suyo, con lo cual se ganó un voto favorable al Gobierno, considerando que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero de 2021. Con Zárate de viceministro y Carrasquilla en la gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de intereses personales sobre la política económica del país. Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros dos codirectores, con lo cual Carrasquilla concentraría aún más poder dentro del banco.

La elección del gerente es en diciembre y el actual, Juan José Echavarría, puede ser reelegido, si se exceptúa a los altos funcionarios del emisor de la regla de servir solo hasta los 70 años de edad. La Corte Constitucional debe decidir esta semana si el gerente puede continuar en su cargo pasado el límite de edad. La Corte está bajo la intensa presión de la Casa de Nariño para inhabilitar a Echavarría. Duque pretende concentrar todos los poderes del Estado en sus manos y abusar libremente de ellos.

https://www.elespectador.com/opinion/van-por-el-banco-de-la-republica-tambien/ 

  • 20.34.-Hidroituango y Avianca: el manejo de lo público – RICARO CHICA
  • Dos años de desgobierno – SALOMÓN KALMANOVITZ

La situación de Avianca era desastrosa tanto financieramente como en materia de gobierno corporativo antes del puntillazo de la pandemia.

Estos casos plantean un problema de gran importancia en política económica: la relación entre los sectores público y privado, y ¿cuándo esta es afectada por problemas de falta de transparencia y equidad (condiciones cuestionables de gobernabilidad corporativa y de priorización en el gasto FOME)?: uso de lo público para el beneficio privado. 

Hidroituango: qué y quien? 

Por la complejidad técnica de un proyecto de la envergadura HI y las complicaciones de gobernancia corporativa y de política que lo vienen rodeando, es difícil establecer que grado de responsabilidad tienen sus directivos y ejecutores en el impacto que tuvieron las contingencias geológica e hídrica que lo afectaron. Haciendo caso omiso de los costos ambientales y humanos/sociales:

1 ¿La causa del GAD fue que técnicamente era demasiado complejo instalar las compuertas de los 2 túneles o la necesidad ganar tiempo frente a la amenaza de la sanción de la GREC (o por una mezcla de ambas: perdido el tiempo con el contratista inicial ya no había tiempo para poner compuertas)? lo que motivó su uso sin revestimiento que expuso el proyecto al impacto de la contingencia (Portafolio: Hidroycuando).

  1. ¿Si eran tan absolutamente imprevisibles los problemas geológicos e hidrológicos en términos de los estudios previos respectivos?: ¿los estudios geológicos (tan criticados por UNal) no advirtieron de los problemas para las compuertas? ¿Los análisis de probabilidad de ocurrencia no advirtieron sobre las crecidas en abril? ¿La falla estuvo en estos o en no atenderse rigurosamente a sus resultados por el mismo problema de tiempo y costos? ¿o son los riesgos irreductibles?
  2. Son los atrasos y sobrecostos monumentales tan comunes que los de Conconcreto en Porce III no cuestionan el darle el contrato nuevamente en HI?En el intento de aclarar algo cuanto de los problemas son atribuibles a la naturaleza y cuanto a problemas de manejo se consideran aspectos relacionados con 2 y 3. Sobre 2 los problemas ¿surgieron exclusivamente por las contingencias geológica (dificultad para instalar las compuertas de los dos túneles de desviación) e hidrológica (daño al GAD, no por no haberlo preparado adecuadamente sino por el mero volumen de caudal), siendo esta un evento extraordinario, tan imprevisible en esa cuenca en abril en términos de la probabilidad de ocurrencia?

El 3 está relacionado con problemas de organización y gobernancia del proyecto. Visto que lo que desencadenó la cadena de problemas fue el atraso en la construcción de los túneles (determinando la respuesta a las contingencias geológicas e hidrológica en forma de evitar los costos monumentales de un atraso frente a la CREG), ¿por qué se escogió para este consorcio CTFS (liderado por una firma emproblemada) que no daba garantías y la demora en reemplazarlo? Similarmente, con la escogencia de Conconcreto (la cual enfrentaron sobrecostos y retrasos monumentales en PorceIII) e Integral (problemas similares). ¿Fue el caso que dirigentes (gerentes y miembros de junta) no cumplieron con su responsabilidad de monitorear el desarrollo manejándolo entre amigos, y no hubo una puerta rotatoria entre ejecutivos vinculados al GEA y la junta de epm, (ej. JF Gaviria ex-miembro de junta de Conconcreto e Integral y F Restrepo exgerente de esta)?. El tipo de problemas de gobernancia corporativa que abunda en alianzas entre los sectores públicos de tipo corporativista (Portafolio: Hiidroycuando).

Avianca: pros y contras

Como es obvio el anuncio de un crédito de U$370’ para apoyar a Avianca ha desatado una encendida polémica. En una situación de tan urgentes necesidades sociales se gasta esa enorme suma en salvamentar unos propietarios extranjeros que estaban ya en una muy difícil situación desde antes de la presente crisis.

La justificación del crédito es clara: el papel de Avianca en la economía colombiana como responsable de la mitad del tráfico aéreo, con lo cual juega un papel muy importante en su funcionamiento/conectividad. Sin embargo surge el problema económico y de política de los criterios de asignación de recursos escasos: cuáles de ellos justifican priorizar a Avianca (dueños enormes holdings salvadoreños y brasileros y acreedores como United) sobre asignaciones alternativas, también servicios públicos con altísima rentabilidad social como la salud (hospitales y rastreo incluyendo pruebas) en condiciones de pandemia: si se trata del empleo no es más rentable rescatar algunas de las decenas de miles de famipymes y la variedad de negocios en todos los sectores, que quebraron al costo de millones de desempleados? por qué no gastar los U$370’ de Avianca protegiéndolo al apoyar empresas que no van a sobrevivir sin este apoyo ($1.36B permitirían salvar decenas de miles de empresas con sus capacidades y un múltiplo de empleos). ¿Y si se trata de impacto social no es más rentable un ingreso básico mínimo durante la crisis? Dentro del FOME estos recursos cuestan destrucción de capacidades y empresas, desempleo y hambre.

¿Por qué hay recursos para salvamentar esos holdings y no para estas destinaciones? ¿O incluso si de características sectoriales (y no limitarse al too big to fall) se trata, porque no se coparte ese crédito con Viva air en proporción pej al movimiento de pasajeros? ¿Por qué invertir en una empresa que tiene activos billonarios para garantizar créditos privados interfiriendo en el proceso de restructuración? (¿por qué al mercado hay que dejarlo trabajar cuando se trata de los trabajadores y no cuando se trata de capitalistas?)

Pero el problema se pone más turbio al considerar que los beneficiarios holdings extranjeros (Synergia group, BRW, Avianca Holdings de Efromovich y Kingsland de Krieke) habían llevado a la empresa a esta situación, particularmente los manejos del primero. Para que U$370 no resulte un premio a los dos propietarios, quienes están sumidos en una batalla por el control corporativo, no bastan as condicione anunciadas por el viceministro (operación en Colombia y uso para funcionamiento no para repagos). No podría ese 40% de contribución al DIP (Debtor In Possession) por U$900’ que están estructurando mediante acuerdos con prestamistas, condicionarse a contribuciones de los holdings propietarios y de estos acreedores? Y de cualquier manera, por razones de eficiencia y equidad, debe ser en términos estrictamente comerciales en tasas de interés y garantías, como parte de dicho crédito sindicado La situación de Avianca era desastrosa tanto financieramente como en materia de gobierno corporativo antes del puntillazo de la pandemia. De nuevo, ¿por qué financiar a Efremovitz (en conflicto por control corporativo con Krieke), un personaje siniestro (detenido en Brasil por corrupción, acusado incluso de beneficiarse de desplazamiento forzado para desarrollar sus plantaciones de palma), quien provocó la reacción del segundo por haber dado como garantía para el crédito de United sus acciones en Avianca Holding?

Ricardo Chica
Investigador Desarrollo Económico
Economic Development consultant
 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hidroituango-y-avianca-el-manejo-de-lo-publico-544314

20.34.-Dos años de desgobierno – SALOMÓN KALMANOVITZ

Iván Duque pretende ser un político de centro. El centrismo se entiende como una posición identificada con la búsqueda de un orden político social basado en el consenso y el diálogo racional.

14 sep 2020.- No parece entonces que Duque sea centrista: ha sido un instrumento dócil de la extrema derecha, ha atropellado a sus opositores, ha concentrado el poder, ha desplegado políticas de seguridad que conducen a la violencia, se ha hecho a los órganos de control, destruyó el equilibro de poderes, ha atropellado a las cortes y ha perdido todo indicio de imparcialidad frente a los delitos de su jefe y mentor. No sobra agregar que ha traicionado la Constitución de un Estado supuestamente laico al declararse seguidor de un credo religioso particular.

El primer año de su gobierno fue desperdiciado por una ingenua política anticorrupción de no ofrecer mermelada a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Nombró un gabinete con las posiciones estratégicas en manos del ultraderechista Centro Democrático y el resto con tecnócratas que no contaron con apoyo político suficiente para llevar a cabo sus loables iniciativas.

El segundo año fue un poco más productivo para sus fines perversos pues estableció intercambios con Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos cristianos, lo que le permitió contar con amplias mayorías en el Congreso que lo acompañaron en su captura de los organismos de control y de aprobar la cadena perpetua. Sin embargo, no pudo desarrollar una agenda legislativa importante, por ejemplo, reforma a la justicia, electoral, etc. Lo que sí pudo hacer fue aprobar un Código de Policía que la empodera y le permite los excesos de violencia que han provocado las manifestaciones populares desatadas en los últimos días.

Hay que abonarle a Duque que reaccionó rápidamente frente a la pandemia del COVID-19, pero las debilidades estructurales del sistema de salud, que no han sido abordadas, permitieron que Colombia tuviera unas de las más altas tasas de contagio en el mundo. Los subsidios ofrecidos a empresas y desempleados frente a los enormes impactos que causó la pandemia fueron pequeños y tardíos, de tal modo que también presentamos uno de las más altas tasas de desempleo del continente con más de un 20 % de la población activa total y de un 25 % en las ciudades, solo superados por Haití.

Según lo reveló el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, del Fondo de Mitigación de emergencia (FOME) se han desembolsado $14 billones (pero no todo se ha ejecutado) y quedan $11,5 billones por destinar. Para dar una idea del esfuerzo del gobierno, se ha acopiado sólo 1,3 % del PIB para atender la crisis y de estos fondos se desvió un préstamo para salvar a Avianca por US$370 millones, empresa que difícilmente podrá salvarse. Según Luis Carlos Reyes, es muy improbable que el resto de los fondos se puedan gastar este año, sin importar las enormes necesidades que tiene la población azotada por el desempleo y el hambre.

El ministro Carrasquilla ha conseguido financiarse interna e internacionalmente para enfrentar los gastos de la emergencia, pero no ha recurrido a medidas que acopien más recursos como sería un préstamo del Banco de la República. No ha mostrado sus intenciones en torno a una reforma tributaria que compense los más de $10 billones que otorga cada año a las empresas y ricos del país, gracias a su iniciativa legislativa de 2019.

https://www.elespectador.com/opinion/dos-anos-de-desgobierno/

  • 20.33.-La jornada por horas – SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Policía y democracia – RODRIGO UPRIMNY

Se está tramitando en el Congreso una ley de iniciativa liberal que permitiría establecer una jornada flexible en que se pague por tiempo laborado y se cotice a la seguridad social proporcionalmente. La jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, 8,5 horas diarias y sábados por medio día, superando lo logrado por los trabajadores de todo el mundo desde hace un siglo, que es la jornada de 40 horas a la semana y de cinco días laborables.

7 sep 2020.- La ley en discusión busca regular el trabajo remoto, supuestamente para proteger los derechos de los trabajadores sin que se exceda la jornada de 48 horas ni se pague por menos de 24 horas. Según las organizaciones sindicales, el proyecto permitiría una precarización de las condiciones laborales y una reducción de los ingresos de los trabajadores ocupados en teletrabajo y en plataformas digitales.

Hay otra propuesta del Partido Alianza Verde que reduciría la jornada a 36 horas a la semana, lo cual redundaría en que la fuerza laboral se tendría que aumentar proporcionalmente, teóricamente en un 25 % sobre el número actual de ocupados. Ello conduciría a un pleno empleo de los trabajadores formales y a una presión alcista de los salarios. Se tendría que recurrir a parte del ejército de los trabajadores informales, que constituyen el 54 % de la fuerza de trabajo ocupada y no están calificados. El total de ocupados en el país alcanzó casi 18 millones de personas en julio de 2020, con una destrucción de dos millones de empleos por la pandemia.

Hoy tenemos una situación del altísimo desempleo, 21,4 % de la población económicamente activa en julio de 2020 contra 10,7 % hace un año, y un derrumbe en la tasa de participación, efectos de la pandemia. Otra de sus consecuencias ha sido el ahorro de los costos de transporte y de los servicios públicos, a cargo ahora de los trabajadores, el traslado del trabajo a los hogares y los excesos de tiempo efectivamente laborado demandados por los patronos remotos, incrementando su rentabilidad.

La propuesta del Partido Liberal es bastante confusa. Se establece en ella el pago por horas, pero no puede pagarse menos de medio tiempo, lo cual mantiene la inexactitud en cómo se calcula el salario por la jornada. El salario en Colombia es rígido, pues solo hay dos modalidades legales: de tiempo completo y medio tiempo, lo cual no contabiliza el tiempo efectivamente desplegado por el trabajador. Cuando un empresario requiere menos de una jornada puede contratar por servicios prestados. En otros países, el salario se especifica por hora, lo cual permite una contabilidad más estricta que favorece al empresario. La propuesta legislativa que ahora pasa al Senado hace surgir, según Alejandro Chacón, “la preocupación [de] que los trabajos permanentes terminen disimulándose en trabajos por horas”, disminuyendo así el ingreso de los obreros.

https://www.elespectador.com/opinion/la-jornada-por-horas/

20.33.-Policía y democracia – RODRIGO UPRIMNY

La democracia constitucional está fundada en un pacto político básico, que fue formulado hace siglos por autores como Locke: los ciudadanos renunciamos a la justicia por mano propia y delegamos en el Estado el monopolio de la fuerza; a cambio exigimos que las autoridades actúen conforme a la ley, no sean arbitrarias y respeten nuestros derechos. Por eso, si se quiere saber qué tanta democracia genuina existe en un país, a veces es mejor no mirar tanto la Constitución y las leyes, sino analizar cómo se comporta la Policía frente a sus ciudadanos.

13 sep 2020.- Los trágicos eventos de los últimos días muestran que la democracia colombiana está profundamente deteriorada, pues el comportamiento de la Policía con los ciudadanos, y especialmente con los jóvenes, ha sido violento e inaceptable. La muerte de Javier Ordóñez, como consecuencia de golpes y choques eléctricos propinados por policías cuando estaba inmovilizado, provocó una indignación ciudadana explicable y que comparto. El crimen es en sí mismo atroz, rompió todo nexo con el servicio y por ello debe ser investigado por la justicia ordinaria, conforme lo señalan la jurisprudencia constitucional y el artículo 3 de la Ley 1407. Además, este abuso policial infortunadamente no es excepcional. El portal 070 documentó que solo este año al menos otras nueve personas, la mayoría jóvenes, murieron por abusos policiales: Janner García (23 años), Jaider Brochero (17), Ánderson Arboleda (19), Estela Valencia (50), Duván Álvarez y Hárold Payares (niños de 15 y 17 años), Ángel Revelo (23), Kevin Ávila (23) y otro joven de 21 años, cuyo nombre no fue registrado.

El asesinato de Ordóñez por la Policía ha provocado, a pesar de la pandemia, protestas recurrentes, algunas de ellas violentas. Entiendo y comparto la rabia y la indignación ciudadanas detrás de esas violencias, pues la Policía está matando a nuestros jóvenes; pero no comparto esas violencias, porque considero que complejizan aún más la situación. Pero lo que es particularmente grave es que la Policía haya respondido a esas protestas con una violencia mayor y desmesurada, como lo muestran múltiples videos en que aparecen policías haciendo uso totalmente desproporcionado de la fuerza: disparos injustificados que no buscaban, como última instancia, proteger derechos como la vida e integridad personal, sino herir o matar a los jóvenes que protestaban. Igualmente vemos golpizas a ciudadanos que simplemente reclamaban. El resultado: al terminar esta columna, 11 muertes más por abusos policiales en las noches del miércoles y jueves.

Esta gravísima situación requiere medidas de corto y largo plazo. Para evitar nuevas muertes, el presidente y el ministro de Defensa deben dar un mensaje contundente de condena a esos abusos y deben recordar y ordenar a la Policía que solo puede usar la fuerza conforme a derecho y en forma proporcionada. Es en sí mismo jurídicamente inaceptable que para controlar protestas la Policía recurra a armas letales. Además, estudios comparados, como los del profesor Edward Maguire, de la Universidad de Arizona, confirman algo de sentido común: que el escalamiento de la fuerza policial frente a las protestas lo que hace es incrementar las tensiones sociales y deslegitimar aún más a las autoridades, lo cual genera nuevas violencias.

Además, desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Y debemos impulsar una reforma profunda de la Policía, que es urgente y necesaria, para lograr un cuerpo armado pero desmilitarizado, realmente civil y que tenga una relación democrática con sus ciudadanos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/policia-y-democracia/ 

20.32.-Medellín no tiene concejo sino una junta administradora local bien remunerada» – GONZALO ALVAREZ

«Los concejales son los representantes de la comunidad y esta no los elije para que le soben el saco al alcalde o para que estén a sus pies esperando migajas»

Por estos días, con ocasión de la crisis artificial que el Grupo Económico Antioqueño (GEA) ha creado alrededor de EPM, se ha hecho más evidente la falta de una respuesta clara, precisa y contundente en cuanto al futuro de la entidad por parte de quienes sin sonrojarse dicen que son concejales.

2 sep 2020.- Esta falta de liderazgo y de claridad frente al manejo que se le tiene que dar a la empresa parece confirmar la tesis que de tiempo atrás venimos defendiendo y que apunta a señalar que Medellín no tiene concejo sino una junta administradora local bien remunerada; cuando decimos onerosamente pagada es porque a los contribuyentes les cuesta más de 28.000 millones de pesos (cifra para este 2020) sostener este inútil organismo.

En mi opinión, estos, en su mayoría ineptos concejales de Medellín, eligen contralor hecho a su medida; es decir, también incapaz y complaciente con los corruptos, cuando no cómplices de ellos. El funcionamiento de la inútil Contraloría General de Medellín les cuesta a los contribuyentes más de 38.000 millones de pesos (cifra para este 2020).

Además, los mismos concejales de Medellín también eligen personero de la ciudad. Y da la impresión de que los candidatos preferidos son los que padecen del mal de la ceguera: esto es para que no vean u oculten lo que está pasando en la ciudad. A Medellín se la han estado robando en sus narices y solo se limitan a producir declaraciones insulsas. El funcionamiento de la Personería de Medellín les cuesta a los contribuyentes más 25.000 millones de pesos (cifra para este 2020).

Así pues, para sostener los tres supuestos órganos de control hay que destinar más de 90.000 millones de pesos. Si los suprimieran, se podría destinar ese dinero para darles comida a muchas personas que se acuestan con hambre. Y aunque algunos podrán decir que esta es una propuesta descabellada y antidemocrática, de ninguna manera: lo antidemocrático es mantener estos inútiles organismos para aparentar que vivimos en un régimen democrático.

Los ciudadanos por falta de conocimiento o por apatía no hacen uso de los mecanismos de participación democrática, que no solo se expresan en la toma de decisiones sino en un patrón de comportamiento social y político, en el pluralismo, la tolerancia y la participación responsable de la comunidad en la búsqueda de solución de sus problemas y, lo que es más importante, en el control social a todos los actos de los funcionarios públicos.

Un ejercicio interesante para el constituyente primario sería preguntarle a cada uno de los que se hacen llamar concejales de Medellín si saben qué funciones tienen los concejos municipales y cuáles desempeña cada uno de los integrantes. Este interrogante resulta pertinente, pues hace pocos días estaban discutiendo si le daban facultades extraordinarias al alcalde Quintero para modificar el objeto social de EPM, pero al parecer no habían leído los estatutos que pensaban autorizar cambiar. Ahora bien, si los leyeron no los entendieron, porque estos, según el artículo 29 del Acuerdo Municipal N° 12 de 1998, solo los puede transformar el concejo y no el alcalde por decreto:

Artículo 29. Competencia. Las reformas de los presentes estatutos solo podrán llevarse a cabo mediante acuerdo expedido por el Concejo de Medellín, previa iniciativa del Alcalde Municipal”. Aclaro que no todos los artículos de esos estatutos pueden ser modificados por el Concejo de Medellín. 

Entre la función más importante de los concejos municipales está la del control político, para que se gobierne bien y para combatir la corrupción. En síntesis, los concejales son los representantes de la comunidad y esta no los elije para que le soben el saco al alcalde o para que estén a sus pies esperando a que les arroje unas migajas o un mendrugo de pan.

https://www.las2orillas.co/medellin-no-tiene-concejo-sino-una-junta-administradora-local-bien-remunerada/

20.31.-Covid 19, desigualdad y pobreza – MAURICIO CABRERA

Sobre la pobreza y la desigualdad basta decir que el gobierno ha tomado algunas medidas para contenerlas, pero han sido insuficientes.

Ante el coronavirus todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Cuando apareció el virus se pensó que era un gran nivelador pues todas las personas estaban expuestas al contagio y a la muerte, sin importar nivel de ingreso, raza o clase social. Pronto se hizo evidente que eso era una ilusión y que la pandemia es tremendamente inequitativa pues no solo ataca mucho más a los pobres, sino que agudiza las condiciones de pobreza desigualdad del país.

23 ago 2020.- Primero vino la cuarentena y la orden de quedarse en casa. Es para todos, se dijo. Pero dos realidades mostraron que la supuesta igualdad era una ficción. Primero, no es lo mismo estar confinado en una casa tipo VIS de 50 m2 con dos habitaciones para 6 personas, que en un amplio apartamento de 200 m2 o más con empleada doméstica en su propio cuarto.

En los casos extremos, no es lo mismo una habitación de inquilinato donde vive hacinada toda una familia, que una residencia campestre con piscina, jardines y senderos privados para caminar.

Segundo, las condiciones para trabajar o estudiar en casa. El teletrabajo resultó casi un privilegio para los que pudieron mantener sus empleos desde sus casas, mientras que la mayoría o no tenían el espacio y los instrumentos para hacerlo o, los trabajadores, tuvieron que seguir laborando en las fábricas o el campo. Ni que hablar del ejército de informales que sin poder salir a la calle se quedaron sin ingresos y con hambre. Con los colegios cerrados, tener computador o tableta y conexión a internet, marcó toda la diferencia.

Estas desigualdades no las creó la pandemia. Existían desde antes y el Covid lo único que hizo fue exponerlas y mostrar sus consecuencias. Pero el virus si ha demostrado que es clasista y racista de manera que ha empeorado la situación y aumentado la desigualdad. Es clasista porque ataca con mayor frecuencia a los más pobres. Un estudio de la Universidad de los Andes sobre el contagio por estratos en Bogotá encontró que en el estrato 1 hubo 93 contagios y 3,1 muertes por cada 10.000 hogares; en el estrato 2, fueron 56,4 contagios y 2 muertes, y en el estrato 6 solo 8 contagios y 0,6 muertes. Más de 10 veces es la diferencia de contagios entre los de arriba y los de abajo.

También es racista, pero no porque el virus sea más benigno con los blancos, sino porque “el abandono estatal en comunidades negras e indígenas los pone en especial riesgo durante la pandemia. Los mapas construidos revelan la enorme distancia que tienen a servicios de salud adecuados para casos graves y las cifras desnudan su vulnerabilidad social”, es la conclusión de otro estudio de la misma Universidad

No alcanzó el espacio para analizar el aumento de la pobreza y la desigualdad por la pandemia. Baste decir que el gobierno ha tomado algunas medidas para contenerlo, pero han sido insuficientes. Hay que arriesgarse a gastar más para evitar una catástrofe social.

Adenda: Primero fueron los líderes sociales y el país no reaccionó; luego fueron los exguerrilleros y algunos hasta aprobaron la venganza; ahora son niños y muchachos inocentes en masacres que nos devuelven a las peores épocas del conflicto antes del Acuerdo de Paz. ¡Hasta cuando la indiferencia nacional y la indolencia oficial!

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/covid-19-desigualdad-y-pobreza-543914

20.30.-La Ley de Regalías 2020 – SALOMÓN KALMANOVITZ

Las regalías son los pagos que hacen los explotadores de recursos no renovables a la nación por su desgaste. Por varias razones, no han podido ser puestas al servicio de la sociedad colombiana desde su creación. El tortuoso centralismo que caracteriza a nuestro sistema político impide que se puedan tomar decisiones basadas en la ciencia para su inversión y el clientelismo incentiva la corrupción tanto a escala central como en las regiones, llevando a su despilfarro.

17 ago 2020.- Las regalías en 2019 alcanzaron $9,5 billones, casi 1 % del PIB, pero en 2020 se verán muy reducidas. El colapso de los precios del petróleo y del carbón, sumado al hecho de que el volumen de producción de Ecopetrol se redujo de 950.000 barriles diarios a 750.000, conducen a que las regalías en 2020 puedan alcanzar solo $5 billones, en el mejor de los casos.

La nueva ley pretende superar algunos de los problemas que caracterizan las regalías, como su atomización y la ausencia de un órgano de representación que les diera voz a las comunidades. Se introducen unos comités regionales que administran recursos que, aplicados con buena asesoría científica, podrían obtener economías de escala y beneficiar a varios entes territoriales. Se establece un órgano rector del Sistema General de Regalías, que es la Comisión Rectora, en la que tendrán asiento pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales para decidir sobre proyectos de inversión.

Este loable propósito se ve negado por la rigidez que se introduce en asignar porcentajes fijos de las regalías para determinados propósitos: los municipios productores aumentan su participación de 11 % a 25 % de las regalías, los pueblos más pobres reciben el 15 %, inversión regional tiene 34 % y para la paz es 7 %. Se tiene además el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al que se superponen el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ciencia, muy opacado por cierto, además de alcaldes y gobernadores, restándole claridad a un esquema que impide tomar decisiones estratégicas, apoyadas en las asociaciones científicas. Tampoco se favorece el desarrollo de capacidades regionales.

La ley destina solo un 10 % de las regalías para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero no menciona la necesidad de garantizar la conectividad del grueso de la población del país y de cerrar la brecha digital que se registra entre regiones avanzadas, como Bogotá o Antioquia, y atrasadas, como Chocó, Magdalena y tantos otros entes territoriales del país.

La nueva ley disminuye drásticamente los montos de ahorro que se asignaban al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, que fueron decisorios como primeras líneas de defensa, asignando gasto para combatir la pandemia del COVID-19. El ahorro reduce su participación del 22,5 % a solo el 4,6 %.

El presupuesto para las actividades de ciencia, tecnología e innovación en 2021 será de $256.500 millones, un 35 % menos que en 2020. El presupuesto de funcionamiento de ministerios es de $24.000 millones, suma irrisoria que la comunidad científica consideró “catastrófica”, pero que le pareció satisfactoria a la ministra Mabel Torres. Según el destacado químico Fanor Mondragón, lo mejor sería que todos los recursos para ciencia, incluidas regalías, fueran trasladados a Minciencias para que los administre con protocolos rigurosos y no politiqueros.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ley-de-regalias-2020/

  • 20.29.-La ausencia del estadista – SALOMÓN KALMANOVITZ 
  • Proyecto de ley para regular la profesión de administrador. Una iniciativa nefasta- FRANCISCO AZUERO 
  • La Guajira: Electricaribe un funesto antecedente – AMYLKAR D. ACOSTA

Colombia está huérfana de estadistas. Un estadista se define como el político que se coloca por encima de las divisiones partidistas y de los sectores sociales, que se concentra en la búsqueda del bien común y asume sus responsabilidades frente al destino de la nación. El estadista oscila entre la búsqueda del consenso nacional y su adscripción partidista que se enfrenta a otras fuerzas políticas, inclinándose por la primera.

10 ago 2020.- Según Ortega y Gasset, el estadista debe contar con virtudes magnánimas y estar lejos de conductas pusilánimes, débiles frente a los poderosos y duras contra los demás. El estadista se ocupa de las cuestiones trascendentales de largo plazo y frecuentemente toma decisiones impopulares, mientras que los políticos ordinarios se preocupan más de los resultados inmediatos de sus acciones.

Duque no cuenta con las virtudes del estadista: representa solo a un partido minoritario, de orientación extrema, y no a todos los colombianos. Defiende de la justicia al político que lo puso en el solio presidencial, resultando ser un tema personal. En vez de proteger y respetar las instituciones, ataca y cuestiona la potestad de los jueces. El presidente debe garantizar el equilibrio de poderes y no presionar a las otras ramas del poder para que se sometan a sus intereses. No debe demandar que los jueces dejen de investigar o que exoneren a cualquier ciudadano, no importa lo que haya hecho o dejado de hacer a favor de la patria. Uribe tiene procesos pendientes con la justicia, de los cuales la manipulación de testigos y el fraude procesal son los de menor envergadura, pero son también los que más acumulan material probatorio en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El partido Centro Democrático clama por derruir el sistema judicial que tenemos para instaurar uno nuevo, cuyo objetivo principal parece ser la impunidad de su jefe supremo en todos los procesos que pesan en su contra. Otro de sus temas preferidos es la cadena perpetua para toda clase de crímenes, acudiendo al populismo punitivo. No piensan en la falta de poder ejecutorio que caracteriza al Estado colombiano y que se hace especialmente evidente en su sistema judicial; pero cuando actúa correctamente, ponen el grito en el cielo. Es muy necesario que el acusado cuente con todas las garantías procesales para defenderse de los cargos que sobre él recaen, pero ese no parece ser el curso de acción que han escogido sus devotos seguidores.

Los uribistas claman por una constituyente que les otorgue la conducción del país por todos los tiempos, sin contar con el apoyo de la ciudadanía. Tienen el respaldo de otros partidos si es que les reparten prebendas, pero no de los políticos serios ni de las fuerzas independientes. Tienen el apoyo del gremio de los ganaderos latifundistas, de una parte de los agricultores y de algunos empresarios beneficiados por regalos tributarios y contrataciones estatales, otorgadas durante los tres períodos presidenciales de que han disfrutado.

Cuando los uribistas decidieron volcarse a las calles para protestar por el arresto domiciliario de su líder, esperando que se activara la reserva y la insurrección, se evidenció que sus manifestantes conducían poderosos vehículos blindados, pero estaban huérfanos de pueblo. Las señoras de bien que se desgañitaban denunciando la injusticia de que era víctima su jefe pronto se cansaron, con sus gargantas lastimadas. No hay ningún estadista en sus filas.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ausencia-del-estadista/

20.29.-Proyecto de ley para regular la profesión de administrador. Una iniciativa nefasta –  FRANCISCO AZUERO 

 Ojo con el proyecto de ley que busca regular la profesión de administrador. Puede tener consecuencias nefastas sobre toda las empresas y demás organizaciones en el país.

15 ago 2020.- Dentro de la lista de proyectos de ley que se están tramitando en estos momentos en el Congreso, sobresale uno especialmente, el 147 de 2019 Senado, que “dicta normas para el ejercicio de la profesión de administración, se expide el Código de Ética, se deroga la Ley 60 de 1981 y su Decreto reglamentario 2718 de 1984, y se dictan otras disposiciones”.  Vamos por partes.

Regulación de las profesiones, ¿es necesaria?

La explicación de la regulación en el ejercicio de ciertas actividades económicas o profesiones se ha estudiado en el campo de la economía con una doble perspectiva:  En primer lugar se explican como una manera de proteger al consumidor o usuario de los servicios ofrecidos frente a “asimetrías de información”  a que pueda enfrentarse frente al proveedor del servicio.  Un caso claro es el campo de la medicina. ¿Cómo puede confiar un paciente en que el médico que lo atiende posee los conocimientos y calidades necesarias? ¿Cómo podemos estar seguros de que la actuación del profesional contratado va a actuar en los mejores intereses del usuario?  La manera de romper esta asimetría es la exigencia de licencias. El estado establece las condiciones para el ejercicio de la profesión. Uno de los requisitos puede ser la certificación de que la persona ha adelantado los estudios, y/o ha aprobado los exámenes que lo habilitan para ello. Aparte de la medicina, otras disciplinas están expuestas a esta “asimetría de información”, que justifican la regulación estatal. Valdría la pena mencionar el Derecho y la Contaduría Pública. Otra manera de romper la asimetría de información por parte del estado consiste en el control al ejercicio de la actividad.  Las regulaciones específicas determinan cuándo se está incumpliendo el deber de atender los intereses de los usuarios, y estará en poder del estado  sancionar las conductas indebidas, sanciones que pueden incluir la cancelación de ejercer un oficio o actividad.

Vale la pena señalar que no necesariamente el estado debe corregir todas las asimetría de información. En algunos casos,  el mercado se encarga de enfrentarlas, a través de mecanismos como la reputación. Otra posibilidad es el envío, por parte del proveedor de “señales” que le permitan indicar la calidad de sus conocimientos o servicios. Los estudios desarrollados,  o las certificaciones o premios obtenidos cumplen con ese papel.

En el campo de la economía política, existen otras explicaciones para la reglamentación de las profesiones y oficios: es el deseo de quienes hoy los ejercen por buscar cerrar la competencia a nuevos aspirantes.  En la medida en que logren éxito, el resultado serán mayores precios y por lo tanto pérdida de bienestar para la sociedad.  Un ejemplo de mercado restringido por estas consideraciones en Colombia es el caso de los notarios. Mientras en otros países es una profesión relativamente libre, en Colombia se ha cerrado este mercado a las notarías existentes, como consecuencia de lo cual los costos de transacción (derechos notariales, por ejemplo) son exageradamente altos. Otro ejemplo sería el del servicio público en automóvil, que legalmente es una actividad restringida a quienes tenga un cupo de taxi.

 La administración, ¿necesita regulación?

Es en este contexto en el cual es conveniente examinar el proyecto de ley No 147 Senado. La gran pregunta que es necesario hacerse es si existe justificación para que el estado regule  la “profesión de administrador”.

Es lógico que siempre existe asimetrías de información, o costos de agencia, entre un administrador y quien lo contrata: por ejemplo, una junta directiva. Pero la Junta tiene los instrumentos adecuados para estudiar las calidades y conocimientos de la persona a contratar: estudios adelantados, referencias, entrevistas, pruebas, etc. Ya en el ejercicio del cargo, la junta tiene los elementos de control para estar razonablemente segura del “adecuado ejercicio” de la actividad del administrador: análisis de la situación financiera y comercial de la empresa, informes de los revisores fiscales, precio de la acción en el mercado. El hecho de que el ejecutivo a contratar tenga un título de administrador o tarjeta profesional no es normalmente relevante en el proceso de contratación o de evaluación.  La demostración es que estos requisitos no son normalmente exigidos en el sector privado, ni en Colombia, ni en el resto del mundo.

En cuanto a las normas para regular la labor de los administradores, estás están hoy contempladas claramente en el Código de Comercio. Allí se establece claramente la definición de administrador, sus deberes, y la posibilidad de la acción social de responsabilidad contra los administradores, que puede establecer la compañía, previa decisión de la asamblea general o la junta de socios.  Otras disposiciones del mismo código establecen obligaciones adicionales de los administradores, en términos de provisión de información, rendición de cuentas, etc. Otras normas específicas a ciertos sectores establecen obligaciones adicionales para administradores, por ejemplo en el campo financiero (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), de salud  (Ley 100 de 1993 y 1751 de 2015), de servicios públicos (ley 142 de 1994).

En conclusión, no son necesarias regulaciones adicionales a la actividad de administrador.  Existen mecanismos suficientes en el mercado y en las leyes existentes para comprobar o vigilar la idoneidad de los administradores y para sancionar comportamientos indebidos.

Inconveniencia de algunos artículos del proyecto

Dice lo siguiente el artículo 5.

Requisitos para el ejercicio de la profesión. Para ejercer legalmente la profesión de administración en el territorio nacional, se requiere contar con el título profesional expedido por una institución de educación superior aprobada por el Gobierno nacional y tener la tarjeta profesional.

Como el proyecto de ley no define qué se entiende por administrador, debe entenderse su definición legal, que en Colombia es la que da el Código de Comercio:

Se consideran Administradores: el Representante Legal, el Liquidador y los miembros de las Juntas o Consejos Directivos, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas –sean estas personas principales o suplentes- (Artículo 22 de la Ley 222 de 1995).

No contribuye tampoco a la claridad la definición de “administración “ que trae el artículo 1 del Proyecto:

Entiéndase por administración, la ciencia social y económica cuyo objeto es el estudio e intervención de las organizaciones, entendidas como entes sociales y económicos, y su finalidad sea planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica.

Con esta definición, cualquier actividad de estudio o intervención de las organizaciones (sic), debe entenderso como administración, y su ejercicio, al tenor de este proyecto, estaría limitado a quienes tengan título y tarjera profesional de administradores. Se aplicaría esta ley al Presidente de la República, a los Ministros, a los Directores de Establecimientos Públicos, y a todas las organizaciones públicas y privadas.

Es sabido que, tanto en Colombia como en el resto del mundo, miembros de muy diversas profesiones se desempeñan como administradores: ingenieros (en sus diversas modalidades), contadores, médicos, arquitectos, físicos, politólogos, economistas, etc. Inclusive existe un amplio número de administradores sin título profesional. Los conocimientos de la disciplina (que no ciencia, como equivocadamente la define el proyecto) se pueden adquirir tanto en las aulas académicas, como con la experiencia.  De aprobarse el proyecto, sería necesario cambiar de inmediato los miembros de las juntas directivas, los representantes legales y los funcionarios que desempeñen labores administrativas de todas las organizaciones en Colombia.  Esto traería consecuencias gravísimas para la normal operación de ellas.   Los legisladores colombianos deben tener especial cuidado en estas consecuencias. Un emprendedor que decida montar su propia empresa para explotar una nueva idea de negocio no podría administrar su compañía. Tendría que nombrar a un egresado de una escuela de administración.

Tarjeta profesional.

La expedición de la tarjeta profesional es un trámite burocrátivo que no tiene ningún valor agregado. El requisito para su expedición es simplemente la obtención del diploma en la disciplina correspondiente.  El estado, en su función de facilitar la vida de los ciudadanos, debe eliminar trámites inútiles.

Durante muchos años, me negué a sacar la tarjeta profesional de economista. Cuando me nombraron en un cargo público, que podía ser ejercido por profesionales de muchas disciplinas, el área de recursos humanos de la entidad me exigió el papelito como requisito para la posesión.  Cuando le hice caer en cuenta que si yo fuera un profesional de otra profesión no “reglamentada” y por lo tanto sin exigencia de tarjeta, se me contestó que como mi carrera era reglamentada, se me debía exigir la tarjeta. Comprendí en ese momento que esta norma, lejos de “defender” a los economistas, los discriminaba.

Por lo anterior, se debe aprovechar la oportunidad de apoyar el proyecto de ley del senador Juan Luis Castro y del representante  Juan Fernando Reyes Kuri  que “Crea el Sistema Único de Registro de Profesiones u oficios y se elimina el requisito de tarjetas profesionales para ejercer diversas profesiones en el país”.

https://franciscoazuero.blogspot.com/search?q=Proyecto+de+ley+para+regular+la+profesi%C3%B3n+de+administrador.+Una+iniciativa+nefasta

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