20.44.-Vacunas sin transparencia RODRIGO UPRIMNY

Es alentadora la noticia de que varias posibles vacunas contra el COVID-19 estarían mostrando buenos resultados en términos de seguridad y eficacia. Sin embargo, hay también informaciones preocupantes sobre las formas de aprobación, producción y distribución de estas.

28 nov 2020.- Aporto elementos para una discusión pública más informada sobre el tema, que es necesaria y urgente, porque el Congreso tramita a toda velocidad un proyecto sobre vacunas para COVID-19 (PL 284 Cámara) que tiene aspectos problemáticos, y el Gobierno está tomando decisiones poco transparentes en este campo.

Esta noticia sobre posibles vacunas para el COVID-19 está basada en la información suministrada por las propias farmacéuticas, que obviamente son la parte interesada. Por eso es importante permitir que las autoridades sanitarias de los distintos países puedan evaluar, con independencia y sin presiones, esa información para garantizar la seguridad y eficacia de las vacunas antes de aprobarlas. Aquí hay un primer punto problemático del PL 284 Cámara, como fue aprobado en primer debate, y es que sin justificación clara crea una nueva instancia de evaluación de los efectos adversos de las vacunas, desplazando al Invima, que es la agencia sanitaria que tiene esa competencia. ¿Por qué esta desarticulación de la institucionalidad sanitaria? ¿En quién recaería la responsabilidad de protección de la salud pública por eventos adversos si las decisiones entre esa nueva instancia y el Invima son contradictorias?

De otro lado, la perspectiva de una vacuna ha llevado a una competencia entre los Estados para obtener acuerdos con las farmacéuticas y lograr prioridad en el suministro de vacunas. Este nacionalismo es políticamente comprensible, pero es un desastre humanitario y sanitario a escala global, por lo cual es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, como lo discutiré en otro escrito. En esta columna quiero centrarme en sus efectos en Colombia, pues el gobierno Duque ha entrado de lleno en esa competencia nacionalista por la vacuna y ha tomado dos decisiones poco transparentes.

Primera, ha dicho que ya negoció el acceso a 20 millones de vacunas para 10 millones de colombianos, pero no sabemos cuál vacuna, ni en qué condiciones, ni a qué costo. Esos temas no son menores, pues los precios varían mucho: por ejemplo, la de AstraZeneca/Oxford costaría US$4, mientras que la de Moderna valdría US$33, lo cual es significativo pues hablamos de millones de dosis. Además, hay vacunas que por sus condiciones extremas de refrigeración pueden ser de difícil distribución en muchas partes de Colombia.

Segunda, al parecer el Gobierno negoció con las farmacéuticas cláusulas para reducir drásticamente su responsabilidad. Por eso, el texto aprobado en primer debate del PL 284 Cámara señala que esos fabricantes solo responden por los efectos adversos de las vacunas si hubo de parte de la farmacéutica dolo, es decir, mala intención o culpa grave, que es cometer una imprudencia extrema. A diferencia de todos los demás comerciantes, no responderían entonces por las faltas de cuidado ordinarias. Uno no encuentra en las ponencias del Senado ni de la Cámara ninguna explicación sólida por esta drástica reducción de responsabilidad a las farmacéuticas, que no solo es injustificada sino que además envía un mensaje muy problemático a la ciudadanía: que esas vacunas no serían seguras, con lo cual la resistencia a recibirlas se incrementaría.

Es esperanzador que exista la perspectiva de múltiples vacunas contra el COVID-19, pero el gobierno Duque nos debe varias explicaciones. Y el Congreso no debería aprobar esa ley sin que esos interrogantes sean respondidos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/vacunas-sin-transparencia/

 

  • 20.43.-Carta a Alejandro Santo Domingo por su decisión de mantener El Espectador   – PATRICIA LARA
  • SOS a la prensa – GERMÁN VARGAS
Alejandro Santo Domingo. Foto Zona Cero

Aun cuando a usted no lo conozco, hoy le repito lo que le dije en mi correo del 9 de julio: gracias por su decisión de mantener El Espectador. Entonces usted me respondió: “Seguiremos invirtiendo en El Espectador para que siga siendo un medio de alcance nacional, independiente, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de Colombia”.

19 nov 2020.- Es admirable que un empresario como usted tenga ese talante liberal, que le permite rendirle culto a la libertad de expresión y respetar la independencia de sus columnistas, su director y sus periodistas, así en ocasiones esta vaya contra los intereses de su grupo económico, como fue el caso de una vieja columna de Salomón Kalmanovitz. Nada ha hecho tambalear su convicción de que la misión de El Espectador es defender la libertad de expresión y la buena marcha de las instituciones. Y mucho menos lo intimidan las llamadas que a cada rato le hacen para protestar por informes del periódico o por el tan cacareado “riesgo del castrochavismo” que, de manera ridícula, hasta Trump llegó a esgrimir.

Es justamente ese talante liberal, que usted demuestra al permitir que El Espectador denuncie cualquier abuso de poder, el que lo hace tan digno de respeto y admiración.

Desafortunadamente, y eso es grave para nuestra democracia, otro medio escrito que antes era un referente en América Latina ha caído en manos de un empresario inmaduro, desequilibrado e ignorante, al que solo le interesa ganar dinero y hacerle venias al poder de turno para que lo invite a almorzar el fiscal hoy o el presidente mañana.

De modo que, una vez asesinada la verdadera revista Semana, solo queda El Espectador como medio escrito independiente.

Afortunadamente usted, Alejandro Santo Domingo, un historiador graduado de la Universidad de Harvard, ha sabido honrar la amistad que tuvieron su padre y Gabriel García Márquez, a quien, según la leyenda, él le prometió que nunca cerraría El Espectador, diario que cumplió 133 años de existencia y cuyo legado, desde su fundador, don Fidel Cano, usted ha sabido mantener.

Por todo ello estoy convencida de que, a pesar de la crisis económica desatada por la pandemia, El Espectador se mantendrá vivo, pues cuenta no solo con el apoyo de sus fieles lectores y el enorme respaldo económico que le dan usted y su grupo, sino con esa decisión política que usted tomó de apostarle a que en Colombia exista un periódico independiente. Uno que, de la mano de su director, Fidel Cano, se la juegue por mostrar la verdad desde sus distintos ángulos, contribuir a la paz y a la reconciliación que tanta falta le hacen al país, y dejar que columnistas representantes de todo el espectro político opinen sin limitación alguna.

Ese es el pluralismo que Colombia necesita. Gracias por permitirlo y estimularlo, así le ocasione pérdidas. Esa actitud suya enseña qué es tener principios y qué es defender la libertad de expresión. Es obvio que un día el periódico tendrá que cambiar y adaptarse a la nueva realidad de los medios. ¡Pero El Espectador no puede desaparecer! Colombia no merecería quedarse en manos de unos medios manipulados por dueños que carecen de eso que a usted le sobra: el talante liberal que estimula la convivencia pacífica y la construcción de un país donde quepamos todos…

Gracias, señor…

https://www.elespectador.com/opinion/carta-a-alejandro-santo-domingo/

20.43.-SOS a la prensa – GERMÁN VARGAS

Ya es hora de que Gobierno y Congreso aprueben medidas que preserven la independencia informativa.

Muy grave para la democracia y para el pluralismo informativo la crisis, agravada por la pandemia, por la que atraviesan los medios de comunicación escritos. Preocupan en especial los diarios regionales que por décadas orientaron a la opinión y recogieron realidades que los medios con alcance nacional han ignorado o no han conseguido transmitir adecuadamente.

22 nov 2020.- Periódicos como El Heraldo, El Universal, La Patria, El Meridiano, La Opinión, Vanguardia o El País de Cali, para citar solo algunos, luchan día a día por sobrevivir. Mantenerlos a flote significa un esfuerzo descomunal para sus propietarios, directores y salas de redacción.

Estas casas editoriales han cultivado en las regiones la libertad de expresión, el pluralismo, la educación y la cultura y han sido semilleros de destacados escritores, poetas y periodistas, y también de líderes políticos y empresariales.

Para nadie es un secreto esta profunda crisis. Basta ver el tamaño de las ediciones, la pérdida de cobertura, la disminución en la pauta publicitaria. Entre 2014 y 2018 los periódicos redujeron sus ingresos en más de un 50 % en pesos constantes y este año la reducción ha sido de más del 40 % frente al mismo periodo de 2019. Con alguna excepción, todos los medios escritos regionales están operando a pérdida, quién sabe por cuánto tiempo más.

Esta realidad no es exclusiva de Colombia. Por eso, en muchos países se han adoptado de tiempo atrás medidas de todo tipo para preservar este patrimonio de las naciones.

Un recorrido por algunos de estos países puede ofrecernos ideas para implementar en el nuestro. En Austria, por ejemplo, desde 1975 existen subsidios directos a la distribución, con lo cual se busca apoyar “el mantenimiento de la verdad”. En Alemania se aprobó un apoyo de 220 millones de euros para los medios impresos, para acompañarlos en la transición digital. En Bélgica, las subvenciones corren por cuenta de las regiones y se subsidian los costos de operación, la formación de periodistas e, incluso, el lanzamiento de nuevos periódicos. Los subsidios se adjudican mediante licitaciones públicas y se financian en muchos países con un porcentaje de los ingresos por el uso y la explotación del espectro electromagnético. Una idea que bien podríamos evaluar en nuestro país.

En Dinamarca, Estonia y Finlandia se subsidian publicaciones culturales y científicas, aquellas dirigidas a las poblaciones infantiles y juveniles; también, la distribución y la entrega física en lugares apartados. Pero los campeones en Europa son los franceses. Allí los subsidios se asignan en un comité integrado por el Gobierno y representantes de la prensa que ha dispuesto más de 1.000 millones de euros al año para modernización y apoyo a medios locales, entre otros.

En Portugal, la protección se elevó a rango constitucional y el Estado tiene la obligación de apoyar a la prensa. Más de 150 periódicos se benefician anualmente de estos apoyos.

Las ayudas en otros países son indirectas y toman la forma de beneficios fiscales, tanto para los medios como para los periodistas, asignación de partidas para cubrir gastos de desplazamiento, gastos de arrendamiento de locales o fondos para garantizar préstamos de inversión y capital de trabajo de los periódicos.

Durante la pandemia se han irrigado millones de dólares en publicidad para campañas de salud y prevención y se han dado apoyos para cubrir las pérdidas operativas, como en el caso de Dinamarca. En Estados Unidos se discute en el Congreso una ley de sostenibilidad del periodismo local, que incluye créditos fiscales, apoyo a pequeñas empresas para compra de publicidad, incentivos fiscales para contratación de periodistas y un agresivo programa para “sembrar periódicos locales”.

Ya va siendo hora de que en Colombia, siguiendo el ejemplo de la gran mayoría de las democracias occidentales, el Gobierno y el Congreso aprueben un conjunto de medidas que, preservando la independencia informativa, consigan garantizar la supervivencia de los medios escritos antes de que sea tarde y nos quedemos en manos de las redes, con sus virtudes, pero también con sus grandes falencias, sus noticias falsas y su anonimato en materia de responsabilidad informativa.

GERMÁN VARGAS LLERAS

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/sos-a-la-prensa-columna-de-german-vargas-lleras-550349 

20.42.-La disolución de una república – SALOMÓN KALMANOVITZ

Nada más corrosivo para las instituciones de un país que su comandante en jefe las degrade. Eso fue lo que hizo Donald Trump al desconocer el triunfo de su oponente —que le sacó más de 4,1 millones de sufragios de ventaja en el voto popular—, mentir sobre supuestos fraudes en los comicios, denunciar como corruptas a las ciudades donde predomina la población negra y anunciar demandas sin fin que pretenden empantanar el proceso electoral.

8 nov 2020.- ¿Cuáles son los alegatos de fraude denunciados por Trump? Que los votos por correo, modalidad aprobada por más de 33 legislaturas estatales y el Distrito de Columbia, son ilegales. En las elecciones de 2016 hubo 33 millones de votos por correo y esta cifra aumentó considerablemente en las de 2020 como respuesta a la pandemia de COVID-19. Los demócratas lo recomendaron a sus seguidores mientras que Trump lo desestimó, poniendo en riesgo la salud de sus fieles no solo a la hora de votar sino también en su maratón de concentraciones sin requerir el uso de mascarillas ni distanciamiento.

El conteo de los votos presenciales se hace primero, por lo cual parecía que Trump ganaba la elección la misma noche de la contienda. El hombre quiso capitalizarlo demandando infructuosamente que se detuviera el conteo. El voto por correo fue muy abundante y es más demorado de contabilizar porque se debe autenticar la identidad y firma del votante, pero fue el que demolió la ventaja del presidente y entregó la victoria a Joe Biden. Parece que el Partido Republicano mantendrá el control del Senado, a pesar de ser minoría.

Entre tanto, la pandemia se apodera de Estados Unidos. Para el 5 de noviembre se estaban contabilizando 126.000 nuevos casos, poniendo a prueba el sistema de salud que cuenta con poco respaldo del gobierno federal. El pésimo manejo de la peste pudo haberle costado a Trump la derrota que sufrió en la elección del 3 de noviembre.

El presidente Trump no es un estadista. Es un plutócrata disfrazado de político sectario en la tradición de extrema derecha de Joseph McCarthy. Representa a un abanico de tendencias reaccionarias: sectores empresariales y mineros, trabajadores empobrecidos por la globalización, aunque Biden recuperó los estados que más se desindustrializaron: Wisconsin, Michigan e Illinois. Poblaciones resentidas que incluyen a blancos supremacistas, racistas y antisemitas, y hombres machistas encandilados por el aparente éxito de Trump con mujeres bellas. En últimas, se trata de la fuerte resistencia de una población blanca minoritaria, amenazada por el cambio demográfico que anuncia una mayoría de población latina, negra y asiática hacia el futuro.

Papa Francisco felicitó a Joe Biden por su triunfo en las urnas en una llamada telefónica este jueves.

Papa Francisco felicita a Joe Biden, segundo católico en ganar la presidencia de EE. UU.

Los atletas estadounidenses utilizaron su influencia en redes para mostrar su descontento con el gobierno del anterior presidente de los Estados Unidos.

El partido que perdió Donald Trump con los deportistas

Un astronauta, una mujer trans, una seguidora de las teorías de conspiración, un joven seguidor de Trump y un candidato que ya falleció ganaron escaños.

Los nuevos rostros de la política en Estados Unidos

Es increíble ver a un mandatario que se la pasa insultando, poniéndoles sobrenombres a sus enemigos o demandándole a su fiscal de bolsillo, William Barr, que los encarcele. El candidato que prometió limpiar el pantano de Washington terminó corrompiendo la política estadounidense hasta el tuétano, recibiendo coimas de empresarios y gobiernos extranjeros, favoreciendo sus negocios, señalando con el dedo a las empresas ganadoras e intentando arruinar a las que no lo apoyaban.

Lo más grave de todo es que Estados Unidos se volvió ingobernable, gracias a un líder desquiciado de la oposición que cuenta con el apoyo de 47,7 % de los votantes. Trump ha socavado los pilares de la democracia estadounidense, después de 250 años de brillante tradición.

https://www.elespectador.com/opinion/la-disolucion-de-una-republica/

  • 20.41.-Gustavo Petro: una candidatura que se enreda –  MIGUEL ANTONIO GALVIS 

Tres hechos recientes y una cadena de errores anteriores hacen difícil que Petro vuelva a ser el candidato de la izquierda en las presidenciales del 2022. ¿Cuál es la alternativa?

Candidato en problemas

2 nov 2020.- En los últimos días han ocurrido tres hechos que dejan entrever un futuro político difícil para el senador Gustavo Petro:

  1. El retiro anunciadode su compañera de fórmula en la presidenciales de 2018, Ángela María Robledo, del movimiento Colombia Humana;
  1. La escisión del Polo Democrático Alternativodel nuevo movimiento político, “Dignidad”, que encabeza Jorge Enrique Robledo;
  1. La afirmación del senador Gustavo Bolívaren el sentido de que si Petro es elegido a la Presidencia “sin mayorías en el Congreso, no duraría un año”.

¿Qué significan estos sucesos para las elecciones de 2022? ¿Qué tan sólida es hoy por hoy la candidatura de Gustavo Petro? ¿Cuál sería la ruta para que la izquierda llegue unida a las elecciones?

El candidato de la división

Aunque en las elecciones de 2018 Gustavo Petro obtuvo la votación más alta que ha tenido la izquierda en Colombia, su figura es un motivo constante de divisiones.

Después de su derrota en la segunda vuelta frente a Duque, el hoy senador fue tomando posiciones que cayeron mal entre algunos sectores de la izquierda y entre muchos ciudadanos. Por ejemplo:

  1. Les achacó su derrota a otros candidatos. Petro afirmó que Sergio Fajardo “le entregó la presidencia al uribismo” por su invitación a votar en blanco. Aún hoy, en las redes sociales y en los foros políticos se sigue discutiendo el efecto de los votos en blanco sobre el resultado de las presidenciales.
  2. En sus entrevistas y en sus redes sociales, Petro se ha referido a sí mismocomo “el dirigente de la oposición”. Esto no ha caído bien a muchos congresistas, puesto que la oposición al gobierno de Duque no está unificaday tiene varios voceros.

De hecho, partidos como el Polo Democrático Alternativo y la Alianza Verde –también de oposición– tienen una representación mayor en el Congreso que la Colombia Humana.

  1. En Bogotá, dividió a los sectores alternativos. Aunque comparte varias tesis o causas con Claudia López y con los movimientos que la apoyaron, Petro decidió oponerse a su candidatura para llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Hoy, él y su movimiento critican severamente la gestión de la alcaldesa. Pero, a pesar de esas críticas, Petro quiere una alianza con el Polo y la Alianza Verde para 2022.

La salida de Ángela María Robledo

En ese contexto, la salida de Ángela María Robledo de la Colombia Humana hace ruido y afectará a las próximas elecciones.

Nadie sabe con certeza cuántos votos le aporta un candidato vicepresidencial a su fórmula. Sin embargo, muchos coinciden en que Ángela María Robledo fue fundamental para el triunfo de Petro en primera vuelta, al menos por dos razones:

  • Atrajo votantes de la Alianza Verde que de otra manera hubieran votado por Fajardo, y
  • Consolidó un movimiento de mujeres en torno a su campaña y le restó importancia a la candidatura vicepresidencial de Claudia López.

Con toda seguridad, Ángela María Robledo fortaleció la campaña de Petro y pudo haberle dado el triunfo sobre Fajardo en la primera vuelta pues, cómo se recordará, la diferencia de votos entre uno y otro fue menos del 5 %.

Después, gracias a su fórmula vicepresidencial, Petro logró el apoyo activo de Antanas Mockus y de Claudia López en la segunda vuelta. Sin esas alianzas, probablemente más personas hubieran votado en blanco.

Ángela María Robledo es una dirigente social, política y académica con carácter propio, que se ha hecho a pulso. Cuando la invitaron a ser fórmula de Petro, Robledo era representante a la Cámara por Bogotá, en representación del partido Alianza Verde. Por eso tuvo que enfrentar una demanda de pérdida de investidura que le quitó temporalmente su curul.

Pero si Robledo le sumaba tanto a Petro, ¿por qué se dañaron sus relaciones? El primer golpe ocurrió cuando Robledo rechazó ser la candidata del petrismo a la Alcaldía de Bogotá, por considerar que no era adecuado competir con Claudia López, a quien finalmente apoyó.

Entonces, Petro escogió a Hollman Morris como su candidato a la Alcaldía, lo que agravó la desunión. Morris había sido denunciado por violencia de género y Robledo representaba a un amplio movimiento feminista, por lo que se negó a apoyarlo.

Desde entonces, muchos seguidores de Petro se volcaron a atacarla. Según Robledo, los mensajes eran tan duros que rayaban con “violencia política”.

Hoy, algunos líderes de la Alianza Verde han invitado a Ángela María Robledo a participar en una consulta con otros miembros del partido. Si Robledo decide tomar ese camino, no incurriría en doble militancia porque la Colombia Humana no es un partido con personería jurídica, sino un movimiento significativo de ciudadanos.

Foto: Facebook Ángela María Robledo – Ángela María Robledo decidió salir de la Colombia Humana, después de haber renunciado a la Alianza Verde para ser la candidata a vicepresidente de Gustavo Petro.

Puede leer: Gustavo Petro o la instrumentalización del feminismo

La división del Polo

La salida de Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo también tiene relación con Gustavo Petro.

Durante años, Robledo fue uno de los senadores más votados del país y el que más electores le sumó a su partido. También fue escogido como el mejor senador de Colombia en varias ocasiones. Por eso, aunque el Polo había perdido antes a Luis Eduardo Garzón, Clara López, Antonio Navarro y al mismo Petro, la salida de Robledo no es un tropiezo más.

En todo caso, la escisión del movimiento que representa Robledo se produjo con altura: se trató de una ruptura amistosa, por “contradicciones internas” que se hicieron insolubles.

En realidad, esas contradicciones tienen un estrecho vínculo con la campaña a la presidencia de 2022. A diferencia de Robledo, la mayoría del Polo está dispuesta a hacer una consulta con Petro antes de la primera vuelta. Robledo, en cambio, ha dicho públicamente que “tiene grandes desacuerdos” con Petro que le impiden respaldarlo y que en el pasado Petro ha quebrantado la confianza de sus compañeros.

Por eso, Robledo optó por salirse del partido, y crear el movimiento Dignidad, a riesgo de perder su curul de senador, pues no está claro qué implica la figura de la escisión para estos efectos.

Para 2022, la apuesta de Robledo es impulsar una “coalición de centro” con la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y posiblemente Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Roy Barreras, y otros líderes que han apoyado el acuerdo de paz.

Bolívar, el profeta

Estos hechos se suman a la ya citada entrevista del 28 de octubre cuando el senador Gustavo Bolívar dijo: “si Gustavo Petro es presidente y no tiene las mayorías en el Congreso, podría ser el peor gobierno de la historia, eso hay que tenerlo claro y él lo tiene claro (…) sin mayorías en el Congreso no dura un año”.

Además, Bolívar admitió que está considerando no volver a aspirar al Congreso en 2022, salvo que se conforme una lista de personas “muy pulcras” que lo convenzan.

Estas reflexiones –que personalmente comparto– pueden tener varios significados. Por un lado, pueden interpretarse como un llamado a la unidad: Petro solo tendrá un gobierno viable si tiene mayorías en el Congreso; por lo tanto, necesita llegar a la Presidencia con una coalición amplia que lo respalde.

Foto: Facebook Jorge Enrique Robledo – El senador Jorge Enrique Robledo anunció que se iba del Polo y que creará una nueva organización política: Dignidad.

Le recomendamos: ¿Qué propone la oposición para la legislatura 2020-2021?

Por otro lado, sus declaraciones muestran también lo difícil que será la candidatura presidencial de Petro en 2022. En las condiciones actuales, en medio de una gran división política, más valdría que Petro encabezara una lista al Senado que logre aumentar la participación de los sectores alternativos. Así, el senador le daría la oportunidad al país de impulsar un conjunto de reformas sociales, económicas y políticas que abonen su camino a la Presidencia en 2026.

Además, ese acto de generosidad y coherencia sería premiado en las listas del Congreso y facilitaría la unidad de la izquierda, que todos quieren.

MIGUEL ANTONIO GALVIS

*Consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), director ejecutivo de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos.

https://razonpublica.com/gustavo-petro-una-candidatura-se-enreda/

  • 20.40.-Regalías: repartir y volver a repartir – BEETHOVEN HERRERA
  • DE LAS PREEXISTENCIAS – AMYLKAR D. ACOSTA

Ojalá las regiones y el país se preparen para el cambio de patrón energético cuando el carbón y el petróleo no tengan la actual relevancia.

La reforma del Sistema de Regalías adoptada en 2012 buscaba responder a los diagnósticos de Meisel y Galvis sobre la severa brecha entre las regiones periféricas respecto del centro del país; y se inspiraba en la estrategia europea de fondos de compensación de mejorar la cohesión social y el balance regional.

25 oct 2020.- Esa reforma respondía a la demanda de las regiones no generadoras de regalías, pues mientras con el sistema anterior los recursos llegaban al 17% de la población, el esquema de 2012 asignó el 80% a más de 1.000 poblaciones y el 20% a los municipios y departamentos productores. La reforma partió de un diagnóstico de baja ejecución, corrupción y obras faraónicas e inconclusas. Además destinaba el 10% a ciencia y tecnología, asignaba recursos a la ejecución del acuerdo de paz y reservaba el 20% en el Fondo de Ahorro. (Cárdenas Mauricio. El Tiempo, 05/07/ 18.

Pero había quienes opinaban que ese sistema era un fracaso: “Hay bajísimos niveles de ejecución, falta absoluta de priorización y dispersión deprimente de recursos en mini proyectos de muy bajo impacto. (Perry Guillermo, El Tiempo, Mayo 7/18).

Desde las regiones productoras se generó oposición, pues consideraban que las despojaba de los recursos para enfrentar los impactos ambientales y sociales que deja la explotación de recursos no renovables. Esos reclamos inspiraron el Acto Legislativo 05 de 2019 que aumentó de 11,2% a 25% los recursos para regiones productoras además de entregar 5% a proyectos de infraestructura educativa e inversión para ampliación de cobertura y calidad de la educación superior.

Además se devuelve la gobernanza de los recursos a municipios y departamentos con la eliminación de muchos OCADs, dejando menos actores en la aprobación y ejecución de los proyectos. También se introduce un sistema de seguimiento, evaluación y control con un enfoque preventivo y se duplican los recursos para las minorías étnicas, y ahora tendrán autonomía en la toma de decisiones.

Por primera vez se asignan recursos para la conservación de las áreas estratégicas, destinando el 1% de la bolsa total y un 20% del mayor recaudo para este propósito y para la lucha contra la deforestación. Y el 2% del rubro destinado a los municipios más pobres debe ir a protección del Medio Ambiente y 2% de los recursos de Ciencia, Tecnología irán a Innovación Ambiental para fomentar las energías renovables orientadas a la transición energética y reducción de emisiones CO2. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentaron y se cambia el sistema de asignación departamentalizada a una bolsa concursable en convocatorias públicas.

Esta distribución repone recursos a las zonas productoras sin disminuir la participación de las zonas no productoras y cabe esperar que la eliminación de trámites permita ejecutar esos recursos, tan necesarios en el proceso de reactivación tras la pandemia.

Esperamos tener proyectos más eficientes, reducción de tiempos y actualización de procedimientos. Y ojalá las regiones y el país se preparen para el cambio de patrón energético cuando el carbón y el petróleo no tengan la actual relevancia: Hay que “sembrar” las regalías si queremos potenciar un desarrollo sostenible en un futuro tan incierto.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/regalias-volver-a-repartir-columnista-546012

20.40.-DE LAS PREEXISTENCIAS – AMYLKAR D. ACOSTA

El exministro Amylkar Acosta describe la desigualdad en tiempos de Covid.

“Se profundizará la división entre los que se preocupan por el fin del mundo y los que se preocupan por llegar a fin de mes”  Jean Pisani – Ferry

COLOMBIA, EN EL EPICENTRO DE LA CRISIS PANDÉMICA 

Según el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo Eric Parrado, “Latinoamérica se ha vuelto el epicentro de la pandemia y al mismo tiempo registra el impacto más profundo en términos de actividad económica. Las proyecciones de pérdida de ingresos y empleo en 2020 superan a las de los países desarrollados, Asia emergente y África Subsahariana. En ambos frentes hemos tenido los mayores problemas”. 

Como lo afirmó recientemente el Presidente de la ANDI Bruce Mac Master, “los efectos que tuvo la cuarentena sobre Colombia fueron significativamente mayores que en otros países en términos económicos” y añadiría yo que en términos sociales también.

Como lo advierte el profesor de Estudios Avanzados de la Universidad de Chile Pablo Lacoste, este mayor impacto no es sólo en el desempeño de la economía. “Ésta será la región más afectada debido a su vulnerabilidad social. Después de la pandemia, se va a descubrir que los niveles de pobreza habrán trepado del 30% al 50% en muchos paísesEsto se da por razones estructurales y sistémicas, la baja calidad institucional, su alto nivel de economía informal y la corrupción. En dos o tres meses veremos las cifras que confirmen esta tendencia”.

Así como las preexistencias en las personas las predisponen y las hace más propensas a contraer el nuevo coronavirus de la COVID- 19 y, si se contagian, tienen una mayor probabilidad de un desenlace fatal, las economías con preexistencias de falencias en sus fundamentales también corren la misma suerte. Desde luego, al entrar la economía a la unidad de cuidados intensivos (UCI), los estragos sociales que arrastraba consigo, también preexistentes, se agudizan y se acentúan, que es cuánto ha venido dándose desde que se declaró oficialmente la pandemia y se empezaron a tomar las medidas para prevenirla primero, contenerla después y por último para mitigarla.

En efecto, según informe reciente del Director del DANE Juan Daniel Oviedo, el año anterior el índice de la pobreza monetaria y el de la pobreza extrema que se había reducido a los niveles 34.7% y 8.2%, respectivamente, en 2018, se elevaron hasta el 35.7% y 9.6% en 2019. Ello significó un punto porcentual en el índice de la pobreza monetaria y 661.899 de personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria, para completar los 17.4 millones, al tiempo que 728.955 personas pasaron de la pobreza monetaria a la pobreza extrema, totalizando los 4.6 millones. Cabe destacar que no sólo se retrocedió en el terreno ganado en el mejoramiento de los índices de pobreza, sino que también se volvió a deteriorar el coeficiente Gini que mide el grado de desigualdad de ingresos, al pasar del 0.508 en 2018 a 0.526 en 2019. Ello no es de extrañar, habida cuenta que en el año 2019 mientras el 20% más rico de la población experimentó un incremento en sus ingresos en el 1.6%, el 20% más pobre los vio reducidos en 6.2%.

En concepto del Director del DANE, “el aumento en la incidencia de la pobreza puede estar asociado al incremento de la tasa de desempleo que se registró entre 2018 y 2019”, al pasar del 9.7% al 10.5%, para un aumento de 0.8 punto porcentual. El caso más patético es el de la franja de los ninis, que es como se conocen los jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son quienes han llevado la peor parte en esta crisis. Según datos del DANE (con corte a 2019), ellos representaron el 18.3% de la población entre los 14 y los 28 años en Bogotá.

También en su caso, como en el de las mujeres, es notorio el sesgo en su contra de la afectación en sus oportunidades de empleo y/o trabajo. Según el DANE, “se estima que si un joven habita en un lugar con estratificación social 1 o 2, la probabilidad de que ni estudie ni trabaje es del 46.5%, cifra que contrasta con quienes viven en estratos 5 o 6, donde la posibilidad es apenas del 14.3%. El panorama para las mujeres de escasos recursos es más complejo, pues la falta de oportunidades llega al 62.8%”.

En los años 90s, el médico y antropólogo estadounidense Merrill Singer acuñó el término sindemia, para caracterizar la complicación que se deriva de la combinación de la sinergia y la pandemia, dado que “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades”. Uno más uno es más que dos, concluyó Singer.

Al referirse al COVID – 19, en concepto de Singer, “vemos cómo interactúa con una variedad de condiciones preexistentes (diabetes, cáncer, problemas cardíacos y muchos otros factores) y vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas“. De ello se sigue que, para contener el avance de la pandemia sea menester atender a las poblaciones más vulnerables y para ello, como lo sostiene Tiff-Annie Kenny, investigadora de la Universidad Laval, en Canadá, “tenemos que abordar los factores estructurales que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada“.

Un estudio reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que analizó el caso de Bogotá es muy revelador: “un ciudadano que vive en un barrio de estrato 1 tiene 10 veces más probabilidad de ser hospitalizado o fallecer por el nuevo coronavirus y seis veces más posibilidades de ingresar a una UCI comparado con una persona que resida en estrato 6”. Y concluye que “la mayor tasa de contagios y muertes en estos grupos apunta a la desigualdad socioeconómica”. De hecho, según las devastadoras cifras del DANE, “los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 concentran el 90.3% de las defunciones causadas por COVID – 19 total en todo el país” y lo que es peor “los estratos 1 y 2, a su vez, focalizan el 69% del total nacional de estos fallecimientos”. ¡Esto es escandaloso!

Un estudio similar de la Universidad de los Andes pone de manifiesto que el COVID – 19 ataca con mayor rudeza a los más pobres, así como a las comunidades negras e indígenas, por tener menos acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico, amén de su mayor afectación por la desnutrición, el hacinamiento y la informalidad laboral. Definitivamente, es la población vulnerable y vulnerada la que está más expuesta a contraer el nuevo coronavirus, en lugar de la inmunidad de rebaño con la que tanto se especula al considerarla la mejor estrategia para combatir el COVID – 19. Lo que está diezmando a dicha población es el contagio de rebaño. Esta tragedia de los más pobres y desvalidos sólo sale a flota cuando, como lo hizo el DANE, se desagregan las frías cifras de los promedios, que suelen encubrir la procesión que va por dentro de ellas.

Fuente: DANE

De mal en peor

Según Fedesarrollo, a consecuencia de la pandemia del COVID – 19 y de las medidas restrictivas que ha dispuesto el Gobierno para contrarrestarla las preexistencias de la economía y de los indicadores sociales, se han visto exacerbadas hasta alcanzar niveles históricos. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo en el mes de abril, en momentos en los que la contracción de la economía tocó fondo, se situó en el 19.8% y en agosto, después de tres meses de iniciada la reapertura de las actividades económicas, registró el 16.8%, seis puntos porcentuales por encima del mismo mes del año anterior, que registró el 10.8%. El Banco de la República prevé que la tasa de desempleo en Colombia se mantendrá por encima del 14% tanto para este año como para el entrante.

Ello, obviamente, se ha traducido en una pérdida de ingresos de los hogares que se calcula en $24 billones, lo cual está incidiendo el agravamiento de la lacra de la pobreza en el país. Jairo Nuñez, investigador de Fedesarrollo calcula que la pobreza subirá del 37.5% en 2019 al 49%, es decir casi la mitad de la población, retornando a los niveles de 2002; entre tanto, la pobreza extrema (léase la indigencia) pasaría del 9.6% en 2019 al 14%.

Como lo previó un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, “la actual parálisis de actividades y la posible destrucción futura de empleos y de actividades productivas de cuentapropistas no sólo retrasarán el mejoramiento de los indicadores, sino que, además, devolverán al país el menos una década atrás”. Y ello es lo que se ha venido dando, pese a la reactivación de muchas de las actividades económicas. Ello explica, según el BID, que la clase media consolidada haya pasado del 30% al 12.7% y la clase media vulnerable del 37.7% a 28.6%.

La situación de los ninis, según el DANE, ha empeorado a consecuencia de la actual crisis pandémica y la tasa de desempleo de este grupo poblacional se elevó hasta el 33.3%, 15 puntos porcentuales por encima del nivel ya preocupante de 2019. Ello es terrible, es el colmo. Y, lo más preocupante es que, como lo sostiene la Secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena “esta crisis no va a durar poco, por lo que muchas medidas que se piensan como coyunturales deben verse como estructurales. Es el caso de programas como Ingreso solidario, que llegó para quedarse, el cual junto con otros que conllevan transferencia monetaria, condicionada y no condicionada, como jóvenes en acción, deberían conducirnos al establecimiento de una Renta básica focalizada en los vulnerables.

De allí que, como lo plantea la Gerente del FMI Kristalina Georgieva, “el apoyo fiscal debe mantenerse, al menos en 2021, con la salud y la educación como prioridad”. Y enfatiza que lo que más le preocupa “es que se retiren los apoyos de manera prematura: podría provocar una ola de quiebras y un gran aumento del desempleo. Volvemos a decirles a los Gobiernos que no deben recortar esos salvavidas prematuramente”, antes de tiempo.

Consciente de los estragos sociales que está trayendo consigo la actual crisis y la prolongación de esta por tiempo indefinido, el Director de Finanzas Públicas del FMI Victor Gaspar está invitando a los Estados a multiplicar la inversión social y para la financiación de esta plantea la necesidad de que los gobiernos tomen “medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. Por su parte, la economista jefa del FMI Gita Gopinath advierte que “los impuestos tienen que ser más progresivos, las grandes empresas tienen que pagar lo ´justo´ en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos”. Y éste es el caso de Colombia, en donde, desafortunadamente, el Gobierno no da muestras de tener la voluntad y la decisión política de tocar los privilegios de unos cuantos para salvar a los más.

Entre tanto, como lo aconseja, con mucha sindéresis, el Papa Francisco, la capacidad empresarial del país se debe orientar a conjurar la pobreza y a crear empleo, que en últimas es la única vía para reducir la pobreza y la exclusión social. En ello deben converger los esfuerzos de los sectores público y privado, los cuales deben comprometerse seriamente con el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a los cuales hay que sumar uno más, cuya imperiosa necesidad se puso de manifiesto en esta crisis, que es el cierre de la brecha digital. Desde luego, el énfasis debe ponerse en los primeros cuatro objetivos, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y por último, pero no menos importante, la educación de calidad.

No se puede perder de vista, a la hora de definir las estrategias y el plan de acción para salvar vidas, generar empleo e ingresos, reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y de oportunidades que, como lo afirma el Profesor Peter Drucker, “el mayor riesgo en las épocas de turbulencia es actuar con la lógica de ayer”. ¡Sigamos su consejo!

https://lalineadelmedio.com/delaspreexistencias/

20.39.-Planes de empleo – SALOMÓN KALMANOVITZ

La situación de empleo en el país es desastrosa. La pandemia le pegó muy fuerte a un mercado laboral estructuralmente debilitado con tasas de desempleo mayores al 10 % en los últimos años, pues duplicó la tasa en 20 ciudades y la elevó al 17 % en el país.

18 oct 2020.- Se perdieron cinco millones de empleos, y en algunas ciudades el 30 % de la población está sin trabajo.

A pesar de la gravedad de la contracción económica, que el Fondo Monetario Internacional calcula en un 8 % del PIB, el ministro de Hacienda inventa un panorama optimista con una contracción menor y una increíble recuperación del 6,2 % en 2021. Así justifica la débil respuesta del Gobierno que, fuera de reabrir la economía y adoptar medidas muy tibias para asistir a la población vulnerable, no ha recurrido a un gasto público suficiente que contrarreste la profundidad de la crisis y el consiguiente sufrimiento humano.

Para revertir la crisis, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y los economistas José Antonio Ocampo (Universidad de Columbia), Mauricio Olivera (experto en seguridad social) y Gonzalo Hernández (Universidad Javeriana) presentaron un plan de empleo bastante agresivo para los estándares colombianos. Se trata de gastar $50 billones (5 % del PIB) en dos fases, lo que deberá generar 3,4 millones de empleos, bien sean nuevos o perdidos durante la pandemia. La cifra aparece alta, pero no lo es. Compárese con la respuesta de Estados Unidos, que aprobó un gasto público de choque de más del 10 % del PIB, el cual redujo la tasa de desempleo al 7,9 %, frente al 14,7 % que había alcanzado en abril. Los senadores republicanos temen reforzar el estímulo antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, a pesar de que Trump propone gastar US$1,8 billones (8 % del PIB) adicionales, y los demócratas, US$2,2 billones.

El financiamiento de la propuesta de Compromiso Ciudadano se haría con emisión de títulos del Tesoro (TES), que serían adquiridos por el Banco de la República. Sin importar mucho la tasa de interés que se pacte, las utilidades del Banco por este concepto se trasladarían al Gobierno, por lo cual su costo sería muy bajo. Esa propuesta es complementada por una reforma tributaria estructural y progresiva, algo que eriza la dura piel del Centro Democrático. En todo caso, no se lograrían recuperar 1,6 millones de los empleos que se perdieron por la COVID-19.

Una de las razones por las que el desempleo estructural es tan alto en Colombia tiene que ver con pesadas cargas a la nómina, no solo por pensiones (el 12 %) y salud (el 8 %), sino también por las parasitarias cajas de compensación (el 4 %), que son injustificadas. En países como Chile, el costo de la seguridad social es cubierto en mayor medida por los impuestos generales y no por los patronos; por ello el desempleo durante la pandemia (un 12 %) ha sido bastante menor que el colombiano (un 17 %). Se requieren entonces reformas que profundicen el mercado laboral y reduzcan el costo de contratación.

Desde julio pasado, Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y otros 53 senadores propusieron que el Gobierno adoptara una “renta básica de emergencia” para más de 30 millones de colombianos afectados por la crisis económica. Esta renta “implicaría un salario mínimo a más de nueve millones de hogares por tres meses, para así traer un alivio económico”; también habría aumentado la demanda y, por tanto, el empleo. Obviamente, el gobierno Uribe-Duque ha ignorado ambas propuestas.

https://www.elespectador.com/opinion/planes-de-empleo/

20.38.-Trabajo y esfuerzo en la crisis del covid-19 – MICHAEL ROBERTS

La pandemia ha abierto una caja de Pandora en relación con el futuro del trabajo. La crisis ha provocado una gran pérdida de puestos de trabajo, horas y ganancias, especialmente para aquellos que se encuentran en todo tipo de sectores de servicios, como comercio minorista, entretenimiento, ocio, eventos, preparación de alimentos, etc. y está obligando a miles de pequeñas empresas a sobrevivir con pequeños márgenes y con grandes cargas de deuda a sus espaldas.

Pero es más que eso. La recesión brindará y está brindando una oportunidad para que las empresas, particularmente las grandes, eliminen partes sustanciales de su fuerza laboral y las reemplacen con máquinas, robots, tele-trabajo en el hogar y algoritmos. El resultado es que habrá una mayor concentración de empresas por sectores, ya que las empresas más grandes devoran los mercados de las más pequeñas. Por supuesto, este no es un fenómeno nuevo, pero es parte integrante de las recesiones del capitalismo. Friedrich Engels detectó este proceso ya en la década de 1840 en la Inglaterra industrial: « Los antiguos estratos bajos de la clase media – los pequeños comerciantes, tenderos, jubilados, artesanos y campesinos – todos ellos se hunden gradualmente en el proletariado, en parte porque su capital diminuto no es suficiente para la escala en que se desarrolla la industria moderna, y se hunden en la competencia con los grandes capitalistas, en parte porque su especializada capacidad pierde valor con los nuevos métodos de producción”.

Es probable que despegue la tan comentada revolución de la automatización, al menos en algunos sectores de crecimiento importantes. Bajo el capitalismo, el sistema de producción con fines de lucro, esto no significará menos horas de trabajo para los asalariados; un trabajo más interesante en vez de un trabajo rutinario; o ingresos crecientes. Por el contrario, la revolución de la automatización bajo el capitalismo tendrá como objetivo reducir la fuerza de trabajo, aumentar las horas de los que aún sigan empleados y evitar que aumenten los salarios, todo para incrementar la rentabilidad de los más eficientes a expensas de los menos eficientes.

Hay muchos pronósticos sobre la pérdida de puestos de trabajo a medida que los robots reemplacen a los trabajadores. Los consultores de gestión, McKinsey, pronosticaron que la automatización podría desplazar 53 millones de puestos solo en el continente europeo hasta 2030, el equivalente a aproximadamente el 20% de la fuerza laboral actual. Las mayores reducciones de puestos de trabajo se producirán en la venta al por menor, la manufactura y los servicios de alimentación y alojamiento. Y los más afectados serán los que tengan menos «capacitación» y se les pague menos.

Una vez más, no hay nada nuevo en la historia de la sustitución del trabajo por máquinas. Es la esencia del capitalismo industrial. La llamada «revolución industrial» de principios del siglo XIX sustituyó a millones de gestes de oficios y artesanos expertos por máquinas. Los salarios reales se estancaron o incluso cayeron cuando los ingresos de los artesanos desaparecieron y las ganancias de las nuevas industrias fueron a parar a sus propietarios. Engels señaló este proceso en su brillante libro, La condición de la clase obrera en Inglaterra (1844). Los industriales propietarios de máquinas se hicieron “ricos con la miseria de la masa de asalariados”. La recesión pandémica está creando en la actualidad las condiciones para la eliminación de puestos de trabajo en todos los ámbitos, como sucedió después de la recesión de la tercera década del siglo XIX. En la tercera década de este siglo podría ocurrir lo mismo.

En su libro, Engels señaló que la mecanización condujo a una caída de la participación del trabajo en el ingreso nacional, incluso si algunos trabajadores obtuvieron empleo en las nuevas industrias a medida que morían las antiguas. Este proceso se repetirá también esta década tras la pandemia. En los EEUU, los salarios de los hombres en su edad más productiva con un diploma de escuela secundaria han disminuido desde 1980 y las tasas de participación en la fuerza laboral de los hombres de 25 a 55 años también han disminuido. En parte, fue debido a su sustitución por mano de obra femenina más barata y el desplazamiento de la industria manufacturera de las economías capitalistas avanzadas al «sur global» para utilizar mano de obra incluso más barata con plantas industriales modernas. Una vez más, Engels señaló que la tendencia en la década de 1840 a industrializar Inglaterra: “cuanto más se desarrolla la industria moderna, más se reemplaza el trabajo de los hombres por el de las mujeres y los niños… Las diferencias de edad y sexo ya no tienen ningún valor social distintivo para la clase trabajadora. Todos son instrumentos de trabajo, más o menos costosos de usar, según su edad y sexo”.

Pero el cambio tecnológico que reemplazó a la mano de obra también fue una razón importante. Las estimaciones muestran que cada robot multipropósito ha reemplazado alrededor de 3.3 puestos de trabajo en la economía estadounidense y ha reducido los salarios reales. Y las previsiones de expansión de los robots en la década de 2020 predicen un crecimiento exponencial. El número de robots industriales ya se ha multiplicado por tres en el transcurso de la última década, pasando de poco más de un millón de unidades operativas en 2010 a unas 3.15 millones de unidades previstas en 2020. Mientras tanto, los robots supuestamente se han vuelto capaces de sustituir, o incluso superar, a los humanos en muchas tareas, como producir piezas personalizadas e implantes médicos utilizando tecnologías de impresión 3D, diagnosticar enfermedades y ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, por parte de ‘robots con capacidad de juicio’.

El auge de los robots: robots millones de unidades

Las tareas rutinarias y más simples siguen siendo más fáciles de realizar para los robots que las tareas no rutinarias y muy complejas. Esto implica que el aumento del número de robots o las mejoras en su productividad tienden a afectar a los trabajadores poco calificados de manera mucho más adversa que a los trabajadores altamente calificados. Además, los trabajadores altamente cualificados tienden a especializarse en tareas para las que la automatización es complementaria, como el diseño y mantenimiento de robots, la supervisión y la gestión. El impacto diferencial de la automatización implica que los salarios de los trabajadores poco calificados podrían estancarse e incluso disminuir a causa de la automatización; tal y como describió Engels en la década de 1840.

Cuando los robots constituyen un sustituto perfecto del trabajo, los trabajadores y los robots compiten directamente en el mercado laboral, manteniendo bajos los salarios. Como consecuencia, la automatización conduce a una disminución de la participación de los ingresos laborales. En los EEUU, la participación del trabajo en el ingreso dentro de los sectores productivos cayó durante la década de 1970 cuando las empresas intentaron compensar la caída de la rentabilidad mediante la reducción de su fuerza laboral, gracias a dos grandes recesiones en 1974-5 y 1908-2. La participación del trabajo se estabilizó durante los años ochenta y noventa a un nivel más bajo, ya que la rentabilidad empresarial mejoró algo en el período neoliberal. Claramente, hubo otros factores además de la mecanización que provocaron una caída en la participación del trabajo (destrucción de los sindicatos, congelación de salarios, etc.), pero se estima que de la caída del 3% de la participación del trabajo desde la década de 1990 hasta 2010, aproximadamente el 1% se puede atribuir a la automatización.

Participación laboral en el PIB de EEUU (%)

Pero como también señaló Engels, la mecanización funciona en ambos sentidos. Por un lado, la introducción de nueva maquinaria o tecnología conllevará la pérdida de puestos de trabajo para aquellos trabajadores que utilizan tecnología obsoleta. Por otro lado, las nuevas industrias y técnicas pueden crear nuevos puestos de trabajo. Pero sólo en los sectores de la industria que requieren alta cualificación y / o están bajo protección sindical se mantiene la tendencia a crecer de salarios y empleos: “Los obreros conocidos por «hilanderos finos» (los que hacen el hilado fino en la Mule) perciben, desde luego, un salario elevado, de 30 a 40 chelines por semana, porque poseen una asociación poderosa que lucha por mantener su salario, y su oficio exige un penoso aprendizaje, pero los hilanderos de hilo grueso, que tienen que competir con las máquinas automáticas (self-actors), —inutilizables  para el  hilo fino—  y cuyo  sindicato  ha  sido debilitado por la introducción de esas máquinas, reciben en cambio un salario muy bajo.” (Engels). En general, sin embargo, “la afirmación unánime de los obreros es que los perfeccionamientos mecánicos han hecho generalmente bajar los salarios; y en todas las reuniones de obreros de los distritos industriales, se puede oír decir claramente que la afirmación de la burguesía industrial, según la cual la situación de la clase trabajadora ha mejorado gracias a la fabricación mecánica es considerada por esa propia clase como pura mentira.».

La mecanización, los robots y la automatización reducirán el tiempo de trabajo. Eso debería significar menos horas de trabajo, ya que la mano de obra crea más valores de uso en menos tiempo. Pero bajo el capitalismo, los valores de uso adicionales solo realizan más valor a través de la venta de esos valores de uso y ese valor solo se paga a los trabajadores, ya sea en menos horas, salarios más altos o ambos a través de una lucha de clases entre los propietarios del capital y la fuerza de trabajo. Por lo tanto, bajo el capitalismo, la mecanización no conduce «automáticamente» a menos horas y menos esfuerzo.

En un nuevo libro, El trabajo: una historia de cómo pasamos nuestro tiempo, James Suzman explica que, contrariamente a las esperanzas y predicciones de Adam Smith o John Maynard Keynes, la tecnología no ofrece una «vida feliz» (Smith) o «abundante ocio” (Keynes). Como demostró el recientemente fallecido (y añorado) David Graeber, la mecanización bajo el capitalismo en realidad ha llevado a más ‘trabajos de mierda’ que destruyen la creatividad y el trabajo con sentido, al tiempo que aumentan el esfuerzo.

Como mostró la consultora Gallup en una encuesta reciente sobre la vida laboral en 155 países, publicada en 2017, solo uno de cada 10 europeos occidentales se describió a sí mismo como ‘comprometido’ con su trabajo. En otra encuesta realizada por YouGov en 2015, el 37 por ciento de los adultos británicos que trabajan dijeron que sus trabajos no hacían ninguna contribución significativa al mundo.

Es cierto que la jornada laboral media en la mayoría de las economías capitalistas avanzadas se ha reducido desde la época de Engels, pero no ha sido por la mecanización, sino por las luchas sindicales por mejorar las condiciones de trabajo y por las luchas políticas por la legislación laboral y por la reducción de la jornada de trabajo, etc. De hecho, dado que los sindicatos fueron diezmados a finales del siglo XX en la mayoría de los países, ha habido poca reducción en la semana laboral media (que todavía ronda las 40 horas) a pesar de la aceleración de la introducción de los robots y la automatización.

Cuando los sindicatos de Finlandia propusieron recientemente una jornada de 6 horas, respaldada verbalmente por el primer ministro finlandés, la idea se trasladó a un comité debido a la “ resistencia de los empleadores, que tienen interés en pagar (lo menos posible) por las horas trabajadas, no según la productividad. Una jornada de seis horas con salarios equivalentes a ocho horas significa un salario por hora más alto. También significa una pérdida de control sobre los trabajadores, no solo en términos de una parte más pequeña de cada día en la que los empleadores controlan las actividades de los empleados, sino también a través del reconocimiento implícito de que los trabajadores deberían tener más voz en la organización de la vida laboral». El sueño de Keynes hace casi 100 años de una semana de 15 horas sigue siendo solo eso: un sueño.

La recesión pandémica parece ser un nuevo catalizador para un cambio en las condiciones laborales. ‘Trabajar desde casa’ es la nueva moda. Pero eso solo se aplicará a una minoría, principalmente a aquellos con trabajos de oficina mejor remunerados.

Y no hay garantía de que «trabajar desde casa» mejore la satisfacción laboral o haga que la gente sea «más feliz”, como esperaba Adam Smith. Los empleadores ya están desarrollando nuevos métodos para controlar al personal en sus hogares y, de hecho, se aseguran de que trabajen aún más horas ya que no tienen que trasladarse. Y para la gran mayoría, salir a trabajar en trabajos que no ofrecen creatividad, pagan mal y son cada vez más inseguros seguirá siendo la norma. Más esfuerzo, no menos trabajo.

https://www.sinpermiso.info/textos/trabajo-y-esfuerzo-en-la-crisis-del-covid-19

  • 20.37.-La economía estancada – EDUARDO SARMIENTO
  • Nuevo ciclo con recuperación – CAMILO DÍAZ

La información reciente señala que la recuperación de los países desarrollados ha sido mucho mayor que la de los países de mediano y bajo desarrollo. Se confirma que Europa y Estados Unidos disponían de mejores condiciones para absorber la pandemia y en particular las cuarentenas y protocolos.

11 oct 2020.- En razón que operan con excesos de ahorro y superávits de balanza de pagos, están más acondicionados para asumir la contracción del ahorro del confinamiento con menos impacto sobre la producción y el empleo. La recuperación ha sido especialmente crítica en Colombia por el fracaso de la apertura de la globalización y la caída de los precios del petróleo que venían de atrás.

El país es víctima de las concepciones teóricas que claman que el ahorro, la inversión y el déficit en cuenta corriente no afectan el crecimiento económico. En efecto, las autoridades económicas han buscado el crecimiento y la recuperación en déficits en cuenta corriente financiados con crédito externo. Pero el expediente no evita la caída libre de la producción y el empleo y no impulsa la inversión y la producción. La fuerte caída de la producción y el empleo y el lento rebote solo se pueden superar con reformas estructurales del sector externo y la coordinación de la política fiscal y monetaria.

El país enfrenta una seria falla estructural ocasionada por el confinamiento del coronavirus y las deficiencias del modelo económico que vienen de atrás. La economía opera con un desbalance interno entre el producto nacional y el gasto ocasionado por el bajo ahorro y el monumental déficit en cuenta corriente, que no pueden contrarrestarse con las políticas convencionales de déficit fiscal financiado con crédito externo y baja de la tasa de interés. Por lo demás, enfrenta un grave desequilibrio externo. El aumento del endeudamiento externo aumenta el déficit en cuenta corriente que tiene como contraparte el desempleo.

Los efectos iniciales del experimento están a la vista y el primer desencantado es el Gobierno que en marzo pronosticaba que la caída del producto sería de menor orden y hasta hace poco la estimaba en 5 % para el año completo. Pues bien, la información estadística disponible hasta septiembre muestra que el producto nacional caerá en el año cerca de 10 % y el empleo algo más. La política fiscal no detuvo la caída del producto ni propició el rebote. En 2021 la recuperación de la economía será muy endeble. En síntesis, la política fiscal no evitó el desplome de la cuarentena, no indujo el rápido rebote y no logrará la reactivación de la producción en varios años.

No hay nada nuevo. Todo esto se dijo en su momento. La economía está abocada a una seria deficiencia en el ahorro y la balanza de pagos que no puede corregirse con paños de agua tibia de mercado y endeudamiento externo. A menos que el Gobierno preceda a corregir la crisis del modelo económico que viene de atrás, entrará en un estado de estancamiento, elevado desempleo y rápido deterioro de los índices de pobreza

En fin, el gasto público financiado con endeudamiento no está en capacidad de restaurar el balance interno entre el producto nacional y el gasto. El balance externo tampoco se realiza; el aumento del endeudamiento amplía el déficit en cuenta corriente y desborda el desempleo. Como se anticipó en esta columna repetidamente, la economía está expuesta a una monumental deficiencia estructural que no puede corregirse con medidas convencionales. La solución no es otra que recuperar el balance interno y el externo con un cambio de la estructura de la economía que reduzca el déficit en cuenta corriente y aplique una estricta coordinación monetaria y fiscal que permita prescindir del endeudamiento externo.

https://www.elespectador.com/opinion/la-economia-estancada/

20.37.-Nuevo ciclo con recuperación – CAMILO DÍAZ

Los indicadores de actividad económica empiezan a mostrar indicios de recuperación aunque permanecen los riesgos.

El dato de desempleo reportado por el Dane la semana pasada ha sido una excelente noticia para la economía, porque la tasa de desempleo disminuyó desde el 20,8% en el peor punto del año al 16,8% en agosto. Eso significa que de los más de cinco millones de empleos que se perdieron por el cierre de la economía ya se han recuperado cerca de dos millones.

10 oct 2020.- Habrá quien diga que todavía el daño es inmenso porque tres millones de puestos no han sido recuperados, pero esa posición es la de ver el vaso medio vacío, más si se considera que el choque sufrido por la economía fue grandísimo y que las principales fuentes de riesgos no han desaparecido.

De mantenerse el ritmo que se está consolidando, habrá un nuevo ciclo de recuperación de la economía. Sin embargo, que ese ritmo permanezca estará determinado por las acciones que se tomen por parte de las autoridades monetarias y el Gobierno.

Lea también: Ideas para la recuperación

Seguir abriendo la economía es una tarea que debe continuar: poner a funcionar el sector de entretenimiento, los bares y los eventos masivos es una labor que debe hacerse, por supuesto con protocolos y medidas de bioseguridad. Esos sectores de la economía son importantes generadores de empleo y tienen a su vez encadenamientos con otros sectores productivos. Sin que ellos también entren a operar, difícilmente se consolidará del todo la recuperación.

Aunque con agosto ganando dinamismo en el mercado laboral tampoco se puede anunciar una victoria completa en términos del ritmo de la recuperación, es sabido que en los meses de julio a septiembre la industria trabaja a toda marcha para suplir los inventarios que se comercializan en la temporada de compras de fin de año, entonces una parte de los empleos que se crearon están explicados por esa demanda estacional del empleo en la industria. Igualmente varios de los que se crearan en noviembre y diciembre van a estar vinculados al comercio para atender la temporada de ventas navideñas.

En el frente externo, Colombia debe buscar la forma de incrementar las exportaciones no tradicionales, puesto que en la medida que la economía global se recupere es necesario exportar bienes y servicios diferentes a los tradicionales café y petróleo para poder generar suficientes puestos de trabajo que logren reincorporar a toda la fuerza laborar que quedo desempleada y buscar que el desempleo baje del 10,5% que promedió todo 2019, una cifra que ya era elevada, inclusive sin que existieran los efectos negativos del coronavirus en el empleo y la economía.

En materia de exportaciones, persiste el reto enorme de mitigar la dependencia a las cotizaciones del petróleo, del carbón y del café. Basta ver que las exportaciones colombianas se contrajeron 21,3% en agosto de este año frente al mismo mes de 2019, fundamentalmente por la diferencia entre los precios del petróleo del año pasado y de este. Esto es necesario porque las cotizaciones del crudo, principal bien de exportación colombiano, van a continuar cercanas a los niveles actuales, puesto que el crudo es el commodity que tiene mayor relación con la actividad industrial mundial y porque la oferta, así como la disponibilidad de suministros de petróleo, se mantienen en un nivel mayor al crecimiento de la demanda.

No se pierda: Una segunda ronda del coronavirus

Un último punto que no se puede obviar es la necesidad de que el Estado apuntale a la recuperación, ya no solo desde el gasto para conservar el empleo o proteger de la pobreza a los hogares más vulnerables, debe hacerlo desde la inversión en dotación de bienes públicos como carreteras, puertos, infraestructura social y de gobierno, hospitales y acueductos.

Ejecutar inversiones de gran envergadura tiene la cualidad de dinamizar la economía en el corto plazo y dotarla de elementos de competitividad para el futuro. Dicho de otra manera, la coyuntura es una oportunidad para invertir en los pendientes que se tienen con relación a la infraestructura de todo tipo y ganar competitividad. La pregunta que sigue sin resolverse es cómo financiar esas inversiones: ¿Con deuda? ¿Con impuestos? ¿Vendiendo los activos de la Nación? ¿Con crédito desde el banco central? o ¿Cómo? De la manera como se resuelvan los anteriores interrogantes depende en buena medida la recuperación.

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/nuevo-ciclo-con-recuperacion-por-camilo-diaz/303057

20.36.-El gobierno Duque y el campesinado  – RODRIGO UPRIMNY

El gobierno Duque tiene dos posibilidades jurídicas concretas y efectivas para avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos del campesinado.

3 oct 2020.- Primero, el presidente podría apoyar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2018. Esta declaración, aunque no es obligatoria, es muy importante, pues sistematiza los derechos especiales del campesinado como sujeto social, el cual enfrenta vulnerabilidades en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida.

El gobierno Duque se abstuvo de votar favorablemente esa declaración, sin explicar nunca satisfactoriamente esa decisión. Cuando las organizaciones campesinas le han pedido que exprese ahora su apoyo, el Gobierno ha respondido que no puede hacerlo, pues la declaración no es un tratado, por lo cual no podría ratificarla.

Esa respuesta es una leguleyada inaceptable. Es cierto que una declaración de la Asamblea General de la ONU no es un tratado y no prevé formas rituales de ratificación. Sin embargo, eso no impide que un Estado que se abstuvo de apoyar una determinada declaración pueda expresar ulteriormente que cambió su visión y ahora la apoya. Un ejemplo: Canadá no solo se abstuvo, sino que se opuso en 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la aprobó y apoyó formalmente en Naciones Unidas en mayo de 2016. No hay, pues, obstáculos jurídicos para que el Gobierno apoye la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Si no lo hace es porque no quiere.

Segundo, el Gobierno debería abstenerse de aprobar el proyecto de acuerdo de la Agencia Nacional de Tierras que reglamenta las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) previsto por la Ley 60.

Nada hay de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo o en reglamentar las ZDE, pero eso no debe hacerse en detrimento de la economía campesina y del acceso a la tierra del campesinado, como infortunadamente lo hace este proyecto, que prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente en uso por 15 años, pero adjudicables ulteriormente a esas empresas.

El problema es que en Colombia no hemos tenido una verdadera reforma agraria, por lo cual el acceso a la tierra de los campesinos que la requieren se ha hecho esencialmente por adjudicación de baldíos, que son las tierras que aún son propiedad del Estado. Pero ahora quedan relativamente pocos baldíos, por lo cual estos han sido reservados para sujetos de reforma agraria, esto es, campesinos sin tierra suficiente. La entrega de baldíos a otras personas debe entonces ser excepcional, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencias como la C-077 de 2017. Por el contrario, este proyecto convierte la excepción en regla, pues prevé la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en las ZDE, con lo cual, además, reduce gravemente las tierras baldías disponibles para entregar al campesinado y cumplir con la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz.

El Gobierno debería entonces abstenerse de aprobar ese acuerdo, que es inconstitucional y lo seguirá siendo mientras que la reglamentación de las ZDE no se ajuste de manera tal que su existencia no reduzca la oferta de baldíos para el acceso a la tierra del campesinado y el cumplimento del Acuerdo de Paz.

La posición del presidente Duque en estos dos temas expresará si realmente tiene un interés genuino en mejorar la situación del campesinado o si sus elogios del campesinado son puramente retóricos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/el-gobierno-duque-y-el-campesinado/ 

  • 20.35.-La huelga, a salvo – BEETHOVEN HERRERA
  • Van por el Banco de la República también – SALOMÓN KALMANOVITZ

La Corte definió la huelga como derecho humano fundamental y reconoce la posibilidad de huelgas en servicios públicos.

La Corte Suprema de Justicia ha publicado la sentencia SL-1680 después de una votación muy cerrada, lo cual demuestra la trascendencia política y jurídica de la decisión sobre un asunto tan neurálgico como la huelga.

20 sep 2020.- El fallo arroja luz frente a situaciones dudosas creadas por fallos precedentes, con un enfoque limitante del derecho de huelga. Dicho fallo define la huelga como derecho humano fundamental, reconoce la posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales y elimina los requisitos en las huelgas diferentes a la contractual, además de ampliar la tipología de huelgas permitidas en Colombia.

La Corte establece que “El ejercicio del derecho a la huelga, por ser un derecho humano de contenido social, no supone el cumplimiento de un debido proceso establecido en favor del sujeto pasivo de la protesta, dado que la huelga no es una sanción”. (…) La huelga en sus distintas modalidades y objetivos es un derecho fundamental, cuya restricción solo puede ser impuesta por el legislador. (…) y “es un medio de presión legítimo del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos, sin el cual la libertad sindical sería un simple recurso retórico”.

El fallo distingue entre actividad y servicio y concluye que si bien la salud es considerada como un servicio público esencial, no toda huelga en ese sector está proscrita y precisa que: (…) el derecho de huelga no es que esté prohibido a todo el personal de las EPS o IPS, o a todos los profesionales de salud, pues su restricción recae estrictamente sobre aquellos servicios cuya interrupción ponga en peligro la salud y vida de las personas…”

La Corte concluye que las huelgas diferentes a la de negociación colectiva no demandan los mismos requisitos pues “…no es válido, a través de un ejercicio hermenéutico, extender los procedimientos de la huelga contractual a otras modalidades de conflicto colectivo”; en referencia al Artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo que establece la votación mayoritaria para decretar la huelga y al artículo 445 (la huelga no puede realizarse antes de 2 días ni después de 10 días hábiles). Esos requisitos solo aplican a conflictos colectivos surgidos de una negociación colectiva al interior de una empresa, pero no a huelgas de solidaridad o imputables al patrono.

La Corte recoge las recomendaciones de la OCDE acerca de “reflexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas en los servicios esenciales (por ejemplo, huelgas condicionadas a un requisito de servicio mínimo)” y revisar los procedimientos dado que “las condiciones del derecho de huelga a veces son demasiado estrictas”.

Y concluye la Corte que “Vale agregar que respecto al sector salud es un hecho notorio que en Colombia los derechos laborales de estos servidores atraviesan por una crisis derivada de problemas estructurales en el sistema de salud y de corrupción, que se caracterizan por una cartera morosa en los pagos de sus sueldos, precarización de las fuentes de empleo, sobrecarga de trabajo, insuficiencia de insumos de trabajo y altos índices de estrés laboral”.

https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/la-huelga-a-salvo-tb-544821

20.35.-Van por el Banco de la República también – SALOMÓN KALMANOVITZ

Nunca antes un ministro de Hacienda había codiciado hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es precisamente lo que busca Alberto Carrasquilla con todo el Gobierno respaldándolo. Para el ministro, la oportunidad es ahora o nunca.

21 sep 2020.- Son muy graves las implicaciones de que el banco central quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión para financiarse y, aun si no lo hace, pierde su reputación frente a la comunidad internacional. Las calificadoras de riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los intereses que debemos abonar por una deuda cada vez más gravosa. Las agencias habían percibido de manera crítica que Carrasquilla manipulara la regla fiscal para saltársela y por eso redujeron la calificación de la deuda colombiana a BBB-.

El banco central colombiano solía ser una caja menor de los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para financiarse. La Constitución de 1991 limitó esta práctica, que provocó inflaciones de más del 20 % anual durante varias décadas, erosionando los ingresos de la población. A partir de entonces a los gobiernos les correspondió financiarse con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcionales a los riesgos que percibían sus compradores. La inflación se fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido tan beneficiosos para la estabilidad de precios y para permitir un aumento gradual de los ingresos reales de la población.

La independencia del Banco de la República se cimentó sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una junta directiva de cinco miembros de talante académico, de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los codirectores contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal modo que había una mayoría que no le debía su nombramiento al Gobierno. Se aseguraba así la independencia del gerente, quien es el funcionario más poderoso del banco.

Con la reelección presidencial se comenzó a deteriorar la independencia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramientos de codirectores. Hoy, la independencia está en riesgo por las maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquilla al trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceministerio de Hacienda y reemplazarlo con un allegado suyo, con lo cual se ganó un voto favorable al Gobierno, considerando que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero de 2021. Con Zárate de viceministro y Carrasquilla en la gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de intereses personales sobre la política económica del país. Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros dos codirectores, con lo cual Carrasquilla concentraría aún más poder dentro del banco.

La elección del gerente es en diciembre y el actual, Juan José Echavarría, puede ser reelegido, si se exceptúa a los altos funcionarios del emisor de la regla de servir solo hasta los 70 años de edad. La Corte Constitucional debe decidir esta semana si el gerente puede continuar en su cargo pasado el límite de edad. La Corte está bajo la intensa presión de la Casa de Nariño para inhabilitar a Echavarría. Duque pretende concentrar todos los poderes del Estado en sus manos y abusar libremente de ellos.

https://www.elespectador.com/opinion/van-por-el-banco-de-la-republica-tambien/ 

  • 20.34.-Hidroituango y Avianca: el manejo de lo público – RICARO CHICA
  • Dos años de desgobierno – SALOMÓN KALMANOVITZ

La situación de Avianca era desastrosa tanto financieramente como en materia de gobierno corporativo antes del puntillazo de la pandemia.

Estos casos plantean un problema de gran importancia en política económica: la relación entre los sectores público y privado, y ¿cuándo esta es afectada por problemas de falta de transparencia y equidad (condiciones cuestionables de gobernabilidad corporativa y de priorización en el gasto FOME)?: uso de lo público para el beneficio privado. 

Hidroituango: qué y quien? 

Por la complejidad técnica de un proyecto de la envergadura HI y las complicaciones de gobernancia corporativa y de política que lo vienen rodeando, es difícil establecer que grado de responsabilidad tienen sus directivos y ejecutores en el impacto que tuvieron las contingencias geológica e hídrica que lo afectaron. Haciendo caso omiso de los costos ambientales y humanos/sociales:

1 ¿La causa del GAD fue que técnicamente era demasiado complejo instalar las compuertas de los 2 túneles o la necesidad ganar tiempo frente a la amenaza de la sanción de la GREC (o por una mezcla de ambas: perdido el tiempo con el contratista inicial ya no había tiempo para poner compuertas)? lo que motivó su uso sin revestimiento que expuso el proyecto al impacto de la contingencia (Portafolio: Hidroycuando).

  1. ¿Si eran tan absolutamente imprevisibles los problemas geológicos e hidrológicos en términos de los estudios previos respectivos?: ¿los estudios geológicos (tan criticados por UNal) no advirtieron de los problemas para las compuertas? ¿Los análisis de probabilidad de ocurrencia no advirtieron sobre las crecidas en abril? ¿La falla estuvo en estos o en no atenderse rigurosamente a sus resultados por el mismo problema de tiempo y costos? ¿o son los riesgos irreductibles?
  2. Son los atrasos y sobrecostos monumentales tan comunes que los de Conconcreto en Porce III no cuestionan el darle el contrato nuevamente en HI?En el intento de aclarar algo cuanto de los problemas son atribuibles a la naturaleza y cuanto a problemas de manejo se consideran aspectos relacionados con 2 y 3. Sobre 2 los problemas ¿surgieron exclusivamente por las contingencias geológica (dificultad para instalar las compuertas de los dos túneles de desviación) e hidrológica (daño al GAD, no por no haberlo preparado adecuadamente sino por el mero volumen de caudal), siendo esta un evento extraordinario, tan imprevisible en esa cuenca en abril en términos de la probabilidad de ocurrencia?

El 3 está relacionado con problemas de organización y gobernancia del proyecto. Visto que lo que desencadenó la cadena de problemas fue el atraso en la construcción de los túneles (determinando la respuesta a las contingencias geológicas e hidrológica en forma de evitar los costos monumentales de un atraso frente a la CREG), ¿por qué se escogió para este consorcio CTFS (liderado por una firma emproblemada) que no daba garantías y la demora en reemplazarlo? Similarmente, con la escogencia de Conconcreto (la cual enfrentaron sobrecostos y retrasos monumentales en PorceIII) e Integral (problemas similares). ¿Fue el caso que dirigentes (gerentes y miembros de junta) no cumplieron con su responsabilidad de monitorear el desarrollo manejándolo entre amigos, y no hubo una puerta rotatoria entre ejecutivos vinculados al GEA y la junta de epm, (ej. JF Gaviria ex-miembro de junta de Conconcreto e Integral y F Restrepo exgerente de esta)?. El tipo de problemas de gobernancia corporativa que abunda en alianzas entre los sectores públicos de tipo corporativista (Portafolio: Hiidroycuando).

Avianca: pros y contras

Como es obvio el anuncio de un crédito de U$370’ para apoyar a Avianca ha desatado una encendida polémica. En una situación de tan urgentes necesidades sociales se gasta esa enorme suma en salvamentar unos propietarios extranjeros que estaban ya en una muy difícil situación desde antes de la presente crisis.

La justificación del crédito es clara: el papel de Avianca en la economía colombiana como responsable de la mitad del tráfico aéreo, con lo cual juega un papel muy importante en su funcionamiento/conectividad. Sin embargo surge el problema económico y de política de los criterios de asignación de recursos escasos: cuáles de ellos justifican priorizar a Avianca (dueños enormes holdings salvadoreños y brasileros y acreedores como United) sobre asignaciones alternativas, también servicios públicos con altísima rentabilidad social como la salud (hospitales y rastreo incluyendo pruebas) en condiciones de pandemia: si se trata del empleo no es más rentable rescatar algunas de las decenas de miles de famipymes y la variedad de negocios en todos los sectores, que quebraron al costo de millones de desempleados? por qué no gastar los U$370’ de Avianca protegiéndolo al apoyar empresas que no van a sobrevivir sin este apoyo ($1.36B permitirían salvar decenas de miles de empresas con sus capacidades y un múltiplo de empleos). ¿Y si se trata de impacto social no es más rentable un ingreso básico mínimo durante la crisis? Dentro del FOME estos recursos cuestan destrucción de capacidades y empresas, desempleo y hambre.

¿Por qué hay recursos para salvamentar esos holdings y no para estas destinaciones? ¿O incluso si de características sectoriales (y no limitarse al too big to fall) se trata, porque no se coparte ese crédito con Viva air en proporción pej al movimiento de pasajeros? ¿Por qué invertir en una empresa que tiene activos billonarios para garantizar créditos privados interfiriendo en el proceso de restructuración? (¿por qué al mercado hay que dejarlo trabajar cuando se trata de los trabajadores y no cuando se trata de capitalistas?)

Pero el problema se pone más turbio al considerar que los beneficiarios holdings extranjeros (Synergia group, BRW, Avianca Holdings de Efromovich y Kingsland de Krieke) habían llevado a la empresa a esta situación, particularmente los manejos del primero. Para que U$370 no resulte un premio a los dos propietarios, quienes están sumidos en una batalla por el control corporativo, no bastan as condicione anunciadas por el viceministro (operación en Colombia y uso para funcionamiento no para repagos). No podría ese 40% de contribución al DIP (Debtor In Possession) por U$900’ que están estructurando mediante acuerdos con prestamistas, condicionarse a contribuciones de los holdings propietarios y de estos acreedores? Y de cualquier manera, por razones de eficiencia y equidad, debe ser en términos estrictamente comerciales en tasas de interés y garantías, como parte de dicho crédito sindicado La situación de Avianca era desastrosa tanto financieramente como en materia de gobierno corporativo antes del puntillazo de la pandemia. De nuevo, ¿por qué financiar a Efremovitz (en conflicto por control corporativo con Krieke), un personaje siniestro (detenido en Brasil por corrupción, acusado incluso de beneficiarse de desplazamiento forzado para desarrollar sus plantaciones de palma), quien provocó la reacción del segundo por haber dado como garantía para el crédito de United sus acciones en Avianca Holding?

Ricardo Chica
Investigador Desarrollo Económico
Economic Development consultant
 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/hidroituango-y-avianca-el-manejo-de-lo-publico-544314

20.34.-Dos años de desgobierno – SALOMÓN KALMANOVITZ

Iván Duque pretende ser un político de centro. El centrismo se entiende como una posición identificada con la búsqueda de un orden político social basado en el consenso y el diálogo racional.

14 sep 2020.- No parece entonces que Duque sea centrista: ha sido un instrumento dócil de la extrema derecha, ha atropellado a sus opositores, ha concentrado el poder, ha desplegado políticas de seguridad que conducen a la violencia, se ha hecho a los órganos de control, destruyó el equilibro de poderes, ha atropellado a las cortes y ha perdido todo indicio de imparcialidad frente a los delitos de su jefe y mentor. No sobra agregar que ha traicionado la Constitución de un Estado supuestamente laico al declararse seguidor de un credo religioso particular.

El primer año de su gobierno fue desperdiciado por una ingenua política anticorrupción de no ofrecer mermelada a las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Nombró un gabinete con las posiciones estratégicas en manos del ultraderechista Centro Democrático y el resto con tecnócratas que no contaron con apoyo político suficiente para llevar a cabo sus loables iniciativas.

El segundo año fue un poco más productivo para sus fines perversos pues estableció intercambios con Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y los partidos cristianos, lo que le permitió contar con amplias mayorías en el Congreso que lo acompañaron en su captura de los organismos de control y de aprobar la cadena perpetua. Sin embargo, no pudo desarrollar una agenda legislativa importante, por ejemplo, reforma a la justicia, electoral, etc. Lo que sí pudo hacer fue aprobar un Código de Policía que la empodera y le permite los excesos de violencia que han provocado las manifestaciones populares desatadas en los últimos días.

Hay que abonarle a Duque que reaccionó rápidamente frente a la pandemia del COVID-19, pero las debilidades estructurales del sistema de salud, que no han sido abordadas, permitieron que Colombia tuviera unas de las más altas tasas de contagio en el mundo. Los subsidios ofrecidos a empresas y desempleados frente a los enormes impactos que causó la pandemia fueron pequeños y tardíos, de tal modo que también presentamos uno de las más altas tasas de desempleo del continente con más de un 20 % de la población activa total y de un 25 % en las ciudades, solo superados por Haití.

Según lo reveló el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, del Fondo de Mitigación de emergencia (FOME) se han desembolsado $14 billones (pero no todo se ha ejecutado) y quedan $11,5 billones por destinar. Para dar una idea del esfuerzo del gobierno, se ha acopiado sólo 1,3 % del PIB para atender la crisis y de estos fondos se desvió un préstamo para salvar a Avianca por US$370 millones, empresa que difícilmente podrá salvarse. Según Luis Carlos Reyes, es muy improbable que el resto de los fondos se puedan gastar este año, sin importar las enormes necesidades que tiene la población azotada por el desempleo y el hambre.

El ministro Carrasquilla ha conseguido financiarse interna e internacionalmente para enfrentar los gastos de la emergencia, pero no ha recurrido a medidas que acopien más recursos como sería un préstamo del Banco de la República. No ha mostrado sus intenciones en torno a una reforma tributaria que compense los más de $10 billones que otorga cada año a las empresas y ricos del país, gracias a su iniciativa legislativa de 2019.

https://www.elespectador.com/opinion/dos-anos-de-desgobierno/

  • 20.33.-La jornada por horas – SALOMÓN KALMANOVITZ
  • Policía y democracia – RODRIGO UPRIMNY

Se está tramitando en el Congreso una ley de iniciativa liberal que permitiría establecer una jornada flexible en que se pague por tiempo laborado y se cotice a la seguridad social proporcionalmente. La jornada laboral en Colombia es de 48 horas a la semana, 8,5 horas diarias y sábados por medio día, superando lo logrado por los trabajadores de todo el mundo desde hace un siglo, que es la jornada de 40 horas a la semana y de cinco días laborables.

7 sep 2020.- La ley en discusión busca regular el trabajo remoto, supuestamente para proteger los derechos de los trabajadores sin que se exceda la jornada de 48 horas ni se pague por menos de 24 horas. Según las organizaciones sindicales, el proyecto permitiría una precarización de las condiciones laborales y una reducción de los ingresos de los trabajadores ocupados en teletrabajo y en plataformas digitales.

Hay otra propuesta del Partido Alianza Verde que reduciría la jornada a 36 horas a la semana, lo cual redundaría en que la fuerza laboral se tendría que aumentar proporcionalmente, teóricamente en un 25 % sobre el número actual de ocupados. Ello conduciría a un pleno empleo de los trabajadores formales y a una presión alcista de los salarios. Se tendría que recurrir a parte del ejército de los trabajadores informales, que constituyen el 54 % de la fuerza de trabajo ocupada y no están calificados. El total de ocupados en el país alcanzó casi 18 millones de personas en julio de 2020, con una destrucción de dos millones de empleos por la pandemia.

Hoy tenemos una situación del altísimo desempleo, 21,4 % de la población económicamente activa en julio de 2020 contra 10,7 % hace un año, y un derrumbe en la tasa de participación, efectos de la pandemia. Otra de sus consecuencias ha sido el ahorro de los costos de transporte y de los servicios públicos, a cargo ahora de los trabajadores, el traslado del trabajo a los hogares y los excesos de tiempo efectivamente laborado demandados por los patronos remotos, incrementando su rentabilidad.

La propuesta del Partido Liberal es bastante confusa. Se establece en ella el pago por horas, pero no puede pagarse menos de medio tiempo, lo cual mantiene la inexactitud en cómo se calcula el salario por la jornada. El salario en Colombia es rígido, pues solo hay dos modalidades legales: de tiempo completo y medio tiempo, lo cual no contabiliza el tiempo efectivamente desplegado por el trabajador. Cuando un empresario requiere menos de una jornada puede contratar por servicios prestados. En otros países, el salario se especifica por hora, lo cual permite una contabilidad más estricta que favorece al empresario. La propuesta legislativa que ahora pasa al Senado hace surgir, según Alejandro Chacón, “la preocupación [de] que los trabajos permanentes terminen disimulándose en trabajos por horas”, disminuyendo así el ingreso de los obreros.

https://www.elespectador.com/opinion/la-jornada-por-horas/

20.33.-Policía y democracia – RODRIGO UPRIMNY

La democracia constitucional está fundada en un pacto político básico, que fue formulado hace siglos por autores como Locke: los ciudadanos renunciamos a la justicia por mano propia y delegamos en el Estado el monopolio de la fuerza; a cambio exigimos que las autoridades actúen conforme a la ley, no sean arbitrarias y respeten nuestros derechos. Por eso, si se quiere saber qué tanta democracia genuina existe en un país, a veces es mejor no mirar tanto la Constitución y las leyes, sino analizar cómo se comporta la Policía frente a sus ciudadanos.

13 sep 2020.- Los trágicos eventos de los últimos días muestran que la democracia colombiana está profundamente deteriorada, pues el comportamiento de la Policía con los ciudadanos, y especialmente con los jóvenes, ha sido violento e inaceptable. La muerte de Javier Ordóñez, como consecuencia de golpes y choques eléctricos propinados por policías cuando estaba inmovilizado, provocó una indignación ciudadana explicable y que comparto. El crimen es en sí mismo atroz, rompió todo nexo con el servicio y por ello debe ser investigado por la justicia ordinaria, conforme lo señalan la jurisprudencia constitucional y el artículo 3 de la Ley 1407. Además, este abuso policial infortunadamente no es excepcional. El portal 070 documentó que solo este año al menos otras nueve personas, la mayoría jóvenes, murieron por abusos policiales: Janner García (23 años), Jaider Brochero (17), Ánderson Arboleda (19), Estela Valencia (50), Duván Álvarez y Hárold Payares (niños de 15 y 17 años), Ángel Revelo (23), Kevin Ávila (23) y otro joven de 21 años, cuyo nombre no fue registrado.

El asesinato de Ordóñez por la Policía ha provocado, a pesar de la pandemia, protestas recurrentes, algunas de ellas violentas. Entiendo y comparto la rabia y la indignación ciudadanas detrás de esas violencias, pues la Policía está matando a nuestros jóvenes; pero no comparto esas violencias, porque considero que complejizan aún más la situación. Pero lo que es particularmente grave es que la Policía haya respondido a esas protestas con una violencia mayor y desmesurada, como lo muestran múltiples videos en que aparecen policías haciendo uso totalmente desproporcionado de la fuerza: disparos injustificados que no buscaban, como última instancia, proteger derechos como la vida e integridad personal, sino herir o matar a los jóvenes que protestaban. Igualmente vemos golpizas a ciudadanos que simplemente reclamaban. El resultado: al terminar esta columna, 11 muertes más por abusos policiales en las noches del miércoles y jueves.

Esta gravísima situación requiere medidas de corto y largo plazo. Para evitar nuevas muertes, el presidente y el ministro de Defensa deben dar un mensaje contundente de condena a esos abusos y deben recordar y ordenar a la Policía que solo puede usar la fuerza conforme a derecho y en forma proporcionada. Es en sí mismo jurídicamente inaceptable que para controlar protestas la Policía recurra a armas letales. Además, estudios comparados, como los del profesor Edward Maguire, de la Universidad de Arizona, confirman algo de sentido común: que el escalamiento de la fuerza policial frente a las protestas lo que hace es incrementar las tensiones sociales y deslegitimar aún más a las autoridades, lo cual genera nuevas violencias.

Además, desde la ciudadanía debemos exigir no solo justicia, sino también asunción de las necesarias responsabilidades políticas por estas muertes. Y debemos impulsar una reforma profunda de la Policía, que es urgente y necesaria, para lograr un cuerpo armado pero desmilitarizado, realmente civil y que tenga una relación democrática con sus ciudadanos.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

https://www.elespectador.com/opinion/policia-y-democracia/ 

20.32.-Medellín no tiene concejo sino una junta administradora local bien remunerada» – GONZALO ALVAREZ

«Los concejales son los representantes de la comunidad y esta no los elije para que le soben el saco al alcalde o para que estén a sus pies esperando migajas»

Por estos días, con ocasión de la crisis artificial que el Grupo Económico Antioqueño (GEA) ha creado alrededor de EPM, se ha hecho más evidente la falta de una respuesta clara, precisa y contundente en cuanto al futuro de la entidad por parte de quienes sin sonrojarse dicen que son concejales.

2 sep 2020.- Esta falta de liderazgo y de claridad frente al manejo que se le tiene que dar a la empresa parece confirmar la tesis que de tiempo atrás venimos defendiendo y que apunta a señalar que Medellín no tiene concejo sino una junta administradora local bien remunerada; cuando decimos onerosamente pagada es porque a los contribuyentes les cuesta más de 28.000 millones de pesos (cifra para este 2020) sostener este inútil organismo.

En mi opinión, estos, en su mayoría ineptos concejales de Medellín, eligen contralor hecho a su medida; es decir, también incapaz y complaciente con los corruptos, cuando no cómplices de ellos. El funcionamiento de la inútil Contraloría General de Medellín les cuesta a los contribuyentes más de 38.000 millones de pesos (cifra para este 2020).

Además, los mismos concejales de Medellín también eligen personero de la ciudad. Y da la impresión de que los candidatos preferidos son los que padecen del mal de la ceguera: esto es para que no vean u oculten lo que está pasando en la ciudad. A Medellín se la han estado robando en sus narices y solo se limitan a producir declaraciones insulsas. El funcionamiento de la Personería de Medellín les cuesta a los contribuyentes más 25.000 millones de pesos (cifra para este 2020).

Así pues, para sostener los tres supuestos órganos de control hay que destinar más de 90.000 millones de pesos. Si los suprimieran, se podría destinar ese dinero para darles comida a muchas personas que se acuestan con hambre. Y aunque algunos podrán decir que esta es una propuesta descabellada y antidemocrática, de ninguna manera: lo antidemocrático es mantener estos inútiles organismos para aparentar que vivimos en un régimen democrático.

Los ciudadanos por falta de conocimiento o por apatía no hacen uso de los mecanismos de participación democrática, que no solo se expresan en la toma de decisiones sino en un patrón de comportamiento social y político, en el pluralismo, la tolerancia y la participación responsable de la comunidad en la búsqueda de solución de sus problemas y, lo que es más importante, en el control social a todos los actos de los funcionarios públicos.

Un ejercicio interesante para el constituyente primario sería preguntarle a cada uno de los que se hacen llamar concejales de Medellín si saben qué funciones tienen los concejos municipales y cuáles desempeña cada uno de los integrantes. Este interrogante resulta pertinente, pues hace pocos días estaban discutiendo si le daban facultades extraordinarias al alcalde Quintero para modificar el objeto social de EPM, pero al parecer no habían leído los estatutos que pensaban autorizar cambiar. Ahora bien, si los leyeron no los entendieron, porque estos, según el artículo 29 del Acuerdo Municipal N° 12 de 1998, solo los puede transformar el concejo y no el alcalde por decreto:

Artículo 29. Competencia. Las reformas de los presentes estatutos solo podrán llevarse a cabo mediante acuerdo expedido por el Concejo de Medellín, previa iniciativa del Alcalde Municipal”. Aclaro que no todos los artículos de esos estatutos pueden ser modificados por el Concejo de Medellín. 

Entre la función más importante de los concejos municipales está la del control político, para que se gobierne bien y para combatir la corrupción. En síntesis, los concejales son los representantes de la comunidad y esta no los elije para que le soben el saco al alcalde o para que estén a sus pies esperando a que les arroje unas migajas o un mendrugo de pan.

https://www.las2orillas.co/medellin-no-tiene-concejo-sino-una-junta-administradora-local-bien-remunerada/

20.31.-Covid 19, desigualdad y pobreza – MAURICIO CABRERA

Sobre la pobreza y la desigualdad basta decir que el gobierno ha tomado algunas medidas para contenerlas, pero han sido insuficientes.

Ante el coronavirus todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Cuando apareció el virus se pensó que era un gran nivelador pues todas las personas estaban expuestas al contagio y a la muerte, sin importar nivel de ingreso, raza o clase social. Pronto se hizo evidente que eso era una ilusión y que la pandemia es tremendamente inequitativa pues no solo ataca mucho más a los pobres, sino que agudiza las condiciones de pobreza desigualdad del país.

23 ago 2020.- Primero vino la cuarentena y la orden de quedarse en casa. Es para todos, se dijo. Pero dos realidades mostraron que la supuesta igualdad era una ficción. Primero, no es lo mismo estar confinado en una casa tipo VIS de 50 m2 con dos habitaciones para 6 personas, que en un amplio apartamento de 200 m2 o más con empleada doméstica en su propio cuarto.

En los casos extremos, no es lo mismo una habitación de inquilinato donde vive hacinada toda una familia, que una residencia campestre con piscina, jardines y senderos privados para caminar.

Segundo, las condiciones para trabajar o estudiar en casa. El teletrabajo resultó casi un privilegio para los que pudieron mantener sus empleos desde sus casas, mientras que la mayoría o no tenían el espacio y los instrumentos para hacerlo o, los trabajadores, tuvieron que seguir laborando en las fábricas o el campo. Ni que hablar del ejército de informales que sin poder salir a la calle se quedaron sin ingresos y con hambre. Con los colegios cerrados, tener computador o tableta y conexión a internet, marcó toda la diferencia.

Estas desigualdades no las creó la pandemia. Existían desde antes y el Covid lo único que hizo fue exponerlas y mostrar sus consecuencias. Pero el virus si ha demostrado que es clasista y racista de manera que ha empeorado la situación y aumentado la desigualdad. Es clasista porque ataca con mayor frecuencia a los más pobres. Un estudio de la Universidad de los Andes sobre el contagio por estratos en Bogotá encontró que en el estrato 1 hubo 93 contagios y 3,1 muertes por cada 10.000 hogares; en el estrato 2, fueron 56,4 contagios y 2 muertes, y en el estrato 6 solo 8 contagios y 0,6 muertes. Más de 10 veces es la diferencia de contagios entre los de arriba y los de abajo.

También es racista, pero no porque el virus sea más benigno con los blancos, sino porque “el abandono estatal en comunidades negras e indígenas los pone en especial riesgo durante la pandemia. Los mapas construidos revelan la enorme distancia que tienen a servicios de salud adecuados para casos graves y las cifras desnudan su vulnerabilidad social”, es la conclusión de otro estudio de la misma Universidad

No alcanzó el espacio para analizar el aumento de la pobreza y la desigualdad por la pandemia. Baste decir que el gobierno ha tomado algunas medidas para contenerlo, pero han sido insuficientes. Hay que arriesgarse a gastar más para evitar una catástrofe social.

Adenda: Primero fueron los líderes sociales y el país no reaccionó; luego fueron los exguerrilleros y algunos hasta aprobaron la venganza; ahora son niños y muchachos inocentes en masacres que nos devuelven a las peores épocas del conflicto antes del Acuerdo de Paz. ¡Hasta cuando la indiferencia nacional y la indolencia oficial!

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/covid-19-desigualdad-y-pobreza-543914

20.30.-La Ley de Regalías 2020 – SALOMÓN KALMANOVITZ

Las regalías son los pagos que hacen los explotadores de recursos no renovables a la nación por su desgaste. Por varias razones, no han podido ser puestas al servicio de la sociedad colombiana desde su creación. El tortuoso centralismo que caracteriza a nuestro sistema político impide que se puedan tomar decisiones basadas en la ciencia para su inversión y el clientelismo incentiva la corrupción tanto a escala central como en las regiones, llevando a su despilfarro.

17 ago 2020.- Las regalías en 2019 alcanzaron $9,5 billones, casi 1 % del PIB, pero en 2020 se verán muy reducidas. El colapso de los precios del petróleo y del carbón, sumado al hecho de que el volumen de producción de Ecopetrol se redujo de 950.000 barriles diarios a 750.000, conducen a que las regalías en 2020 puedan alcanzar solo $5 billones, en el mejor de los casos.

La nueva ley pretende superar algunos de los problemas que caracterizan las regalías, como su atomización y la ausencia de un órgano de representación que les diera voz a las comunidades. Se introducen unos comités regionales que administran recursos que, aplicados con buena asesoría científica, podrían obtener economías de escala y beneficiar a varios entes territoriales. Se establece un órgano rector del Sistema General de Regalías, que es la Comisión Rectora, en la que tendrán asiento pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales para decidir sobre proyectos de inversión.

Este loable propósito se ve negado por la rigidez que se introduce en asignar porcentajes fijos de las regalías para determinados propósitos: los municipios productores aumentan su participación de 11 % a 25 % de las regalías, los pueblos más pobres reciben el 15 %, inversión regional tiene 34 % y para la paz es 7 %. Se tiene además el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al que se superponen el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ciencia, muy opacado por cierto, además de alcaldes y gobernadores, restándole claridad a un esquema que impide tomar decisiones estratégicas, apoyadas en las asociaciones científicas. Tampoco se favorece el desarrollo de capacidades regionales.

La ley destina solo un 10 % de las regalías para la inversión en ciencia, tecnología e innovación, pero no menciona la necesidad de garantizar la conectividad del grueso de la población del país y de cerrar la brecha digital que se registra entre regiones avanzadas, como Bogotá o Antioquia, y atrasadas, como Chocó, Magdalena y tantos otros entes territoriales del país.

La nueva ley disminuye drásticamente los montos de ahorro que se asignaban al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), al Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, que fueron decisorios como primeras líneas de defensa, asignando gasto para combatir la pandemia del COVID-19. El ahorro reduce su participación del 22,5 % a solo el 4,6 %.

El presupuesto para las actividades de ciencia, tecnología e innovación en 2021 será de $256.500 millones, un 35 % menos que en 2020. El presupuesto de funcionamiento de ministerios es de $24.000 millones, suma irrisoria que la comunidad científica consideró “catastrófica”, pero que le pareció satisfactoria a la ministra Mabel Torres. Según el destacado químico Fanor Mondragón, lo mejor sería que todos los recursos para ciencia, incluidas regalías, fueran trasladados a Minciencias para que los administre con protocolos rigurosos y no politiqueros.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ley-de-regalias-2020/

  • 20.29.-La ausencia del estadista – SALOMÓN KALMANOVITZ 
  • Proyecto de ley para regular la profesión de administrador. Una iniciativa nefasta- FRANCISCO AZUERO 
  • La Guajira: Electricaribe un funesto antecedente – AMYLKAR D. ACOSTA

Colombia está huérfana de estadistas. Un estadista se define como el político que se coloca por encima de las divisiones partidistas y de los sectores sociales, que se concentra en la búsqueda del bien común y asume sus responsabilidades frente al destino de la nación. El estadista oscila entre la búsqueda del consenso nacional y su adscripción partidista que se enfrenta a otras fuerzas políticas, inclinándose por la primera.

10 ago 2020.- Según Ortega y Gasset, el estadista debe contar con virtudes magnánimas y estar lejos de conductas pusilánimes, débiles frente a los poderosos y duras contra los demás. El estadista se ocupa de las cuestiones trascendentales de largo plazo y frecuentemente toma decisiones impopulares, mientras que los políticos ordinarios se preocupan más de los resultados inmediatos de sus acciones.

Duque no cuenta con las virtudes del estadista: representa solo a un partido minoritario, de orientación extrema, y no a todos los colombianos. Defiende de la justicia al político que lo puso en el solio presidencial, resultando ser un tema personal. En vez de proteger y respetar las instituciones, ataca y cuestiona la potestad de los jueces. El presidente debe garantizar el equilibrio de poderes y no presionar a las otras ramas del poder para que se sometan a sus intereses. No debe demandar que los jueces dejen de investigar o que exoneren a cualquier ciudadano, no importa lo que haya hecho o dejado de hacer a favor de la patria. Uribe tiene procesos pendientes con la justicia, de los cuales la manipulación de testigos y el fraude procesal son los de menor envergadura, pero son también los que más acumulan material probatorio en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El partido Centro Democrático clama por derruir el sistema judicial que tenemos para instaurar uno nuevo, cuyo objetivo principal parece ser la impunidad de su jefe supremo en todos los procesos que pesan en su contra. Otro de sus temas preferidos es la cadena perpetua para toda clase de crímenes, acudiendo al populismo punitivo. No piensan en la falta de poder ejecutorio que caracteriza al Estado colombiano y que se hace especialmente evidente en su sistema judicial; pero cuando actúa correctamente, ponen el grito en el cielo. Es muy necesario que el acusado cuente con todas las garantías procesales para defenderse de los cargos que sobre él recaen, pero ese no parece ser el curso de acción que han escogido sus devotos seguidores.

Los uribistas claman por una constituyente que les otorgue la conducción del país por todos los tiempos, sin contar con el apoyo de la ciudadanía. Tienen el respaldo de otros partidos si es que les reparten prebendas, pero no de los políticos serios ni de las fuerzas independientes. Tienen el apoyo del gremio de los ganaderos latifundistas, de una parte de los agricultores y de algunos empresarios beneficiados por regalos tributarios y contrataciones estatales, otorgadas durante los tres períodos presidenciales de que han disfrutado.

Cuando los uribistas decidieron volcarse a las calles para protestar por el arresto domiciliario de su líder, esperando que se activara la reserva y la insurrección, se evidenció que sus manifestantes conducían poderosos vehículos blindados, pero estaban huérfanos de pueblo. Las señoras de bien que se desgañitaban denunciando la injusticia de que era víctima su jefe pronto se cansaron, con sus gargantas lastimadas. No hay ningún estadista en sus filas.

https://www.elespectador.com/opinion/la-ausencia-del-estadista/

20.29.-Proyecto de ley para regular la profesión de administrador. Una iniciativa nefasta –  FRANCISCO AZUERO 

 Ojo con el proyecto de ley que busca regular la profesión de administrador. Puede tener consecuencias nefastas sobre toda las empresas y demás organizaciones en el país.

15 ago 2020.- Dentro de la lista de proyectos de ley que se están tramitando en estos momentos en el Congreso, sobresale uno especialmente, el 147 de 2019 Senado, que “dicta normas para el ejercicio de la profesión de administración, se expide el Código de Ética, se deroga la Ley 60 de 1981 y su Decreto reglamentario 2718 de 1984, y se dictan otras disposiciones”.  Vamos por partes.

Regulación de las profesiones, ¿es necesaria?

La explicación de la regulación en el ejercicio de ciertas actividades económicas o profesiones se ha estudiado en el campo de la economía con una doble perspectiva:  En primer lugar se explican como una manera de proteger al consumidor o usuario de los servicios ofrecidos frente a “asimetrías de información”  a que pueda enfrentarse frente al proveedor del servicio.  Un caso claro es el campo de la medicina. ¿Cómo puede confiar un paciente en que el médico que lo atiende posee los conocimientos y calidades necesarias? ¿Cómo podemos estar seguros de que la actuación del profesional contratado va a actuar en los mejores intereses del usuario?  La manera de romper esta asimetría es la exigencia de licencias. El estado establece las condiciones para el ejercicio de la profesión. Uno de los requisitos puede ser la certificación de que la persona ha adelantado los estudios, y/o ha aprobado los exámenes que lo habilitan para ello. Aparte de la medicina, otras disciplinas están expuestas a esta “asimetría de información”, que justifican la regulación estatal. Valdría la pena mencionar el Derecho y la Contaduría Pública. Otra manera de romper la asimetría de información por parte del estado consiste en el control al ejercicio de la actividad.  Las regulaciones específicas determinan cuándo se está incumpliendo el deber de atender los intereses de los usuarios, y estará en poder del estado  sancionar las conductas indebidas, sanciones que pueden incluir la cancelación de ejercer un oficio o actividad.

Vale la pena señalar que no necesariamente el estado debe corregir todas las asimetría de información. En algunos casos,  el mercado se encarga de enfrentarlas, a través de mecanismos como la reputación. Otra posibilidad es el envío, por parte del proveedor de “señales” que le permitan indicar la calidad de sus conocimientos o servicios. Los estudios desarrollados,  o las certificaciones o premios obtenidos cumplen con ese papel.

En el campo de la economía política, existen otras explicaciones para la reglamentación de las profesiones y oficios: es el deseo de quienes hoy los ejercen por buscar cerrar la competencia a nuevos aspirantes.  En la medida en que logren éxito, el resultado serán mayores precios y por lo tanto pérdida de bienestar para la sociedad.  Un ejemplo de mercado restringido por estas consideraciones en Colombia es el caso de los notarios. Mientras en otros países es una profesión relativamente libre, en Colombia se ha cerrado este mercado a las notarías existentes, como consecuencia de lo cual los costos de transacción (derechos notariales, por ejemplo) son exageradamente altos. Otro ejemplo sería el del servicio público en automóvil, que legalmente es una actividad restringida a quienes tenga un cupo de taxi.

 La administración, ¿necesita regulación?

Es en este contexto en el cual es conveniente examinar el proyecto de ley No 147 Senado. La gran pregunta que es necesario hacerse es si existe justificación para que el estado regule  la “profesión de administrador”.

Es lógico que siempre existe asimetrías de información, o costos de agencia, entre un administrador y quien lo contrata: por ejemplo, una junta directiva. Pero la Junta tiene los instrumentos adecuados para estudiar las calidades y conocimientos de la persona a contratar: estudios adelantados, referencias, entrevistas, pruebas, etc. Ya en el ejercicio del cargo, la junta tiene los elementos de control para estar razonablemente segura del “adecuado ejercicio” de la actividad del administrador: análisis de la situación financiera y comercial de la empresa, informes de los revisores fiscales, precio de la acción en el mercado. El hecho de que el ejecutivo a contratar tenga un título de administrador o tarjeta profesional no es normalmente relevante en el proceso de contratación o de evaluación.  La demostración es que estos requisitos no son normalmente exigidos en el sector privado, ni en Colombia, ni en el resto del mundo.

En cuanto a las normas para regular la labor de los administradores, estás están hoy contempladas claramente en el Código de Comercio. Allí se establece claramente la definición de administrador, sus deberes, y la posibilidad de la acción social de responsabilidad contra los administradores, que puede establecer la compañía, previa decisión de la asamblea general o la junta de socios.  Otras disposiciones del mismo código establecen obligaciones adicionales de los administradores, en términos de provisión de información, rendición de cuentas, etc. Otras normas específicas a ciertos sectores establecen obligaciones adicionales para administradores, por ejemplo en el campo financiero (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), de salud  (Ley 100 de 1993 y 1751 de 2015), de servicios públicos (ley 142 de 1994).

En conclusión, no son necesarias regulaciones adicionales a la actividad de administrador.  Existen mecanismos suficientes en el mercado y en las leyes existentes para comprobar o vigilar la idoneidad de los administradores y para sancionar comportamientos indebidos.

Inconveniencia de algunos artículos del proyecto

Dice lo siguiente el artículo 5.

Requisitos para el ejercicio de la profesión. Para ejercer legalmente la profesión de administración en el territorio nacional, se requiere contar con el título profesional expedido por una institución de educación superior aprobada por el Gobierno nacional y tener la tarjeta profesional.

Como el proyecto de ley no define qué se entiende por administrador, debe entenderse su definición legal, que en Colombia es la que da el Código de Comercio:

Se consideran Administradores: el Representante Legal, el Liquidador y los miembros de las Juntas o Consejos Directivos, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas –sean estas personas principales o suplentes- (Artículo 22 de la Ley 222 de 1995).

No contribuye tampoco a la claridad la definición de “administración “ que trae el artículo 1 del Proyecto:

Entiéndase por administración, la ciencia social y económica cuyo objeto es el estudio e intervención de las organizaciones, entendidas como entes sociales y económicos, y su finalidad sea planear, organizar, dirigir y controlar toda actividad económica.

Con esta definición, cualquier actividad de estudio o intervención de las organizaciones (sic), debe entenderso como administración, y su ejercicio, al tenor de este proyecto, estaría limitado a quienes tengan título y tarjera profesional de administradores. Se aplicaría esta ley al Presidente de la República, a los Ministros, a los Directores de Establecimientos Públicos, y a todas las organizaciones públicas y privadas.

Es sabido que, tanto en Colombia como en el resto del mundo, miembros de muy diversas profesiones se desempeñan como administradores: ingenieros (en sus diversas modalidades), contadores, médicos, arquitectos, físicos, politólogos, economistas, etc. Inclusive existe un amplio número de administradores sin título profesional. Los conocimientos de la disciplina (que no ciencia, como equivocadamente la define el proyecto) se pueden adquirir tanto en las aulas académicas, como con la experiencia.  De aprobarse el proyecto, sería necesario cambiar de inmediato los miembros de las juntas directivas, los representantes legales y los funcionarios que desempeñen labores administrativas de todas las organizaciones en Colombia.  Esto traería consecuencias gravísimas para la normal operación de ellas.   Los legisladores colombianos deben tener especial cuidado en estas consecuencias. Un emprendedor que decida montar su propia empresa para explotar una nueva idea de negocio no podría administrar su compañía. Tendría que nombrar a un egresado de una escuela de administración.

Tarjeta profesional.

La expedición de la tarjeta profesional es un trámite burocrátivo que no tiene ningún valor agregado. El requisito para su expedición es simplemente la obtención del diploma en la disciplina correspondiente.  El estado, en su función de facilitar la vida de los ciudadanos, debe eliminar trámites inútiles.

Durante muchos años, me negué a sacar la tarjeta profesional de economista. Cuando me nombraron en un cargo público, que podía ser ejercido por profesionales de muchas disciplinas, el área de recursos humanos de la entidad me exigió el papelito como requisito para la posesión.  Cuando le hice caer en cuenta que si yo fuera un profesional de otra profesión no “reglamentada” y por lo tanto sin exigencia de tarjeta, se me contestó que como mi carrera era reglamentada, se me debía exigir la tarjeta. Comprendí en ese momento que esta norma, lejos de “defender” a los economistas, los discriminaba.

Por lo anterior, se debe aprovechar la oportunidad de apoyar el proyecto de ley del senador Juan Luis Castro y del representante  Juan Fernando Reyes Kuri  que “Crea el Sistema Único de Registro de Profesiones u oficios y se elimina el requisito de tarjetas profesionales para ejercer diversas profesiones en el país”.

https://franciscoazuero.blogspot.com/search?q=Proyecto+de+ley+para+regular+la+profesi%C3%B3n+de+administrador.+Una+iniciativa+nefasta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.